The New York Times
Columnista

The New York Times

Publicado el 13 de enero de 2018

UN MANEJO CONTRAPRODUCENTE DE UN SISTEMA DE INMIGRACIÓN ROTO

Por MICHAEL SHIFTER Y BEN RADERSTORF
redaccion@elcolombiano.com.co

La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de no renovar el Estatus de Protección Temporal para casi 200.000 inmigrantes de El Salvador es el intento más reciente del presidente Trump por restringir la inmigración tanto legal como ilegal. Esto le sigue a decisiones iguales del año pasado en cuanto a haitianos y nicaragüenses. Sin embargo, los salvadoreños claramente son el grupo más grande de receptores del EPT.

Así como la decisión de ponerle fin al programa DACA para casi 800.000 llegadas de niños indocumentados, el anuncio del EPT está motivado políticamente y es probablemente un intento por satisfacer la base antiinmigrante del presidente Trump. Aunque la opción de ponerle fin a un programa supuestamente temporal que sin embargo ha durado 17 años puede sonar racional, las consecuencias del mundo real de una movida de tan amplio alcance serán inmediatas y severas.

Es poco probable que muchos, si no la mayoría, regresen voluntariamente a un país que ya no consideran su hogar y que en cambio opten por quedarse ilegalmente. El temor extendido que inspira esta decisión, y las posibles deportaciones por venir, destrozará familias y comunidades. En efecto, desde septiembre del 2019 habrá un nuevo grupo de inmigrantes equivalente en tamaño a la población de Salt Lake City no autorizados viviendo en los Estados Unidos. Después de casi dos décadas en Estados Unidos, los beneficiarios salvadoreños del EPT han reconstruido sus vidas, comunidades y negocios.

Irónicamente, si los beneficiarios del EPT son deportados, un beneficiario principal será uno de los enemigos más declarados del presidente Trump: la pandilla MS-13, a la cual ha acusado de convertir a las comunidades estadounidenses “en campos de matanza manchados de sangre”.

La organización criminal, activa en los Estados Unidos y El Salvador, traza sus raíces hacia la inestabilidad después de una ola de deportaciones desde los Estados Unidos en los años 90, a quienes El Salvador no estaba bien equipado para recibir. No tomó mucho tiempo para que la inestabilidad resultante rebotara hacia los Estados Unidos como actividad criminal.

Un patrón similar podría repetirse, dado que las condiciones son mejores hoy sólo marginalmente. El gobierno salvadoreño ya está fatigado en su lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia - incluyendo una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Es casi seguro que el MS-13 se aprovechará de la inminente interrupción a medida que los deportados llegan a El Salvador. Peor aún, los jóvenes ciudadanos estadounidenses de origen salvadoreño se quedarán atrás si sus padres son expulsados, lo que los hace más vulnerables al reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Esta decisión también tiene implicaciones distintivamente negativas para la economía ya esclerótica de El Salvador. Según investigación del Diálogo InterAmericano, las remesas representan el 17 por ciento del producto interno bruto del país y un asombroso 80 por ciento de crecimiento económico. El año pasado, sólo los beneficiarios del EPT enviaron US$ 500 millones a El Salvador. Aunque la administración Trump estará tentada a ver esto como un beneficio, una aguda reducción en remesas podría paralizar los esfuerzos a largo plazo de Estados Unidos para construir seguridad y prosperidad en El Salvador, invirtiendo más de US$ 4.4 mil millones en los últimos 50 años. Una desaceleración económica solo alentará un nuevo éxodo, alimentando el ciclo de inestabilidad e inmigración ilegal.

Sin duda, como ha señalado el presidente Trump, la responsabilidad de los problemas con la situación actual recae sobre el programa EPT en sí. La administración tiene razón en que la designación fue un alivio temporal después de un par de terremotos en 2001. En la práctica, sin embargo, los presidentes anteriores extendieron el programa de forma rutinaria en parte debido a las antiguas condiciones políticas, económicas y de seguridad en el país, que solo empeorarían al terminar la protección. Extender el EPT fue una forma de echar la lata por el camino y evitar enfrentar decisiones políticas reales. En consecuencia, los beneficiarios del programa se integraron cada vez más en la sociedad de los Estados Unidos cada año, aumentando progresivamente los costos humanos de la terminación.

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