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La influencia corporativa es un problema antiguo en la democracia americana. Pero en la última década, el gasto corporativo para influenciar al Congreso y las agencias federales ha llegado a un nuevo, y tal vez insostenible, nivel.
Las corporaciones y sus asociaciones gremiales ahora gastan unos $2,6 billones al año en grupos de cabildeo reportados y probablemente la misma suma en grupos no reportados. Eso es más que la financiación total para el Senado ($860 millones) y la Cámara de Representantes ($1.18 billones) combinada, y la brecha se hace más amplia cada año.
Además, esos $2,6 billones son 34 veces más que el gasto total en grupos de cabildeo para todos los grupos y sindicatos laborales que representan los intereses públicos y del consumidor, aquellas organizaciones que más probablemente servirían como una fuerza compensatoria ante las empresas por fuera del gobierno.
Esto no significa que las corporaciones siempre consiguen lo que quieren. La política no es una máquina expendedora. Y en el atasco actual, es difícil hacer cualquier cosa. Pero sí significa que, con raras excepciones, cualquier cambio significativo en políticas, especialmente en cuanto a asuntos económicos o regulatorios, requerirá del apoyo de grandes corporaciones.
Y sin embargo sería poco útil hacer un llamado para restringir el cabildeo corporativo. En primer lugar, cualquier tope al cabildeo le pisaría los talones a los ideales básicos americanos de democracia participatoria. Más directamente, el compromiso de los intereses corporativos con Washington es tal que rápidamente encontrarían la forma de evadir cualquier intento por limitar su actividad.
Una mejor estrategia sería reequilibrar a la democracia americana.
Podemos empezar con el Congreso. Observadores sarcásticos frecuentemente dicen que tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar. En realidad, es lo contrario. El Congreso ha sido el lado barato por décadas.
Dado que los sueldos congresionales son considerablemente más bajos que los de puestos comparables en el sector privado, los empleados normalmente se quedan apenas el tiempo suficiente para acumular experiencia y establecer conexiones, y luego se van, frecuentemente para convertirse en cabilderos.
“Es difícil ganarse la vida con el pago del gobierno”, me dijo un cabildero. No tiene que ser así. Le podríamos dar a la Cámara y al Senado (que representan un minúsculo 0.06 por ciento del presupuesto federal) los recursos para contratar y retener a las mejores personas, especialmente en posiciones esenciales en los comités.
Aunque los salarios congresionales no podrán igualar a los de los cabilderos, no tienen que hacerlo. La emoción de estar adentro es encanto suficiente para permitir que las oficinas congresionales llenen los puestos fácilmente.
Incluso muchos conservadores fiscales, como el representante Paul D. Ryan, de Wisconsin, presidente de la comisión de Presupuestos de la Cámara, están pidiendo más recursos para cumplir con sus responsabilidades.
Esto no quiere decir que los cabilderos no le brindan puntos de vista valiosos al gobierno, sí lo hacen. Es por eso que equilibrarlos, en lugar de limitarlos, tiene sentido.
Los pequeños granjeros nunca gastarán más que la industria agraria, pero a nivel de políticas queremos que sus diferentes puntos de vista tengan igual peso. Por eso es que reequilibrar también significa apoyar a los puntos de vista en cuanto a políticas que no se sostienen tan fácilmente.
Esto obviamente es complicado, el gobierno no debería jugar a los favoritos. Pero vale la pena explorar la manera de combinar mecanismos de bajo costo, como peticiones y encuestas, para descubrir cuáles puntos de vista existen ampliamente entre el electorado pero carecen de representación adecuada en Washington.
Es fácil deprimirse por el estado de la democracia americana. Pero no tenemos que hacerlo. Las soluciones no son tan complicadas. Demos al gobierno los recursos que necesita para pensar por sí solo y desarrollar políticas sin tener que depender casi completamente de cabilderos de afuera. Asegurémonos de que todas las partes tengan los recursos para mejor presentar su caso. La política de equilibrio de poderes puede hacer lo demás.
