Aldo Civico
Columnista

Aldo Civico

Publicado el 12 de agosto de 2017

una renuncia necesaria

Las desafortunadas palabras del general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, han desatado una ola de indignación que se ha extendido hasta los rincones más lejanos de la ciudad.

Queriendo explicar el alto índice de homicidios de este agosto negro, el general Gómez Heredia dijo que la causa son los enfrentamientos entre unas estructuras criminales que se están reacomodando. Es en medio de este análisis que el comandante de la Policía Metropolitana afirmó que: “Aquí a la gente de bien no la asesinan, a los que están matando son a aquellos que tienen problemas judiciales”.

La declaración es grave y no puede pasar desapercibida, ni ser considerada simplemente como una metida de pata. Ciertamente no cuando hay una administración que ha hecho de la seguridad y de la cultura de la legalidad su plato principal. Porque las palabras del general Gómez Heredia revelan una cultura y una formación que no son adecuadas para el liderazgo que tiene que ejercer el comandante de la Policía Metropolitana en una realidad compleja como la de Medellín, y donde, además, la policía no goza de la confianza de las comunidades más afectadas por la violencia.

De hecho, la declaración sugiere que entre los ciudadanos hay vidas que valen menos que otras, y que hay ciudadanos que, por su condición social, tienen menos derechos que otros. Además, asume que se justifica la muerte violenta de quienes tienen líos con la justicia, avalando así a quienes justifican la necesidad de la limpieza social y del linchamiento, prácticas culturales que no han sido todavía erradicadas en Medellín. Finalmente, asume que la violencia y sus causas son limitadas solo a las áreas marginales de la ciudad, como si lo que pasa en cualquier rincón no afectara la calidad de vida de la comunidad entera.

Asimismo, las declaraciones del general insinúan que no es un verdadero problema si los miembros de combos se matan entre ellos, como si los jóvenes que pierden la vida por la violencia fueran sujetos aislados, y no parte de redes familiares, de amistad y territoriales que terminan siendo profundamente afectadas. La declaración del general desconoce que la violencia no solamente es un fenómeno criminal, sino también un asunto de salud pública, siendo la violencia como un virus que se propaga rápido en todo el cuerpo social, dañando su integridad.

En un estado de derecho maduro, un ministro de Defensa o el director de la Policía Nacional exigirían la renuncia del general para dar la señal de que sus palabras no son toleradas en la cultura de una institución que es responsable del orden público. Porque la cultura de la legalidad radica necesariamente en una cultura que valora la sacralidad de todas las vidas y por eso no puede tolerar que altos mandos de la policía no tengan una mentalidad y una formación correspondiente.

Para una transformación cultural como lo requiere la lucha contra el poder mafioso, los liderazgos tienen que dar buen ejemplo. Por eso, el general Óscar Gómez Heredia debería mostrar sensibilidad y presentar su renuncia.

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