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Desde la economía, las ciudades se consolidan porque las distancias entre las materias primas, las máquinas, los técnicos y los consumidores se acortan, y eso las hace más eficientes. En esa medida, una ciudad es una suerte de fuente de beneficios económicos para todos los sectores, que a su vez depende de sus habitantes para producir mayores beneficios. Las ciudades, por su carácter atractivo y dinámico, crecen más allá de sus fronteras administrativas, aglomeran cada vez más actividades económicas y demandan mayores provisiones de bienes y servicios públicos.
La sostenibilidad urbana involucra entonces la identificación de horizontes de corto, mediano y largo plazo, con base en las capacidades de soporte del territorio, y en sus características ecológicas, económicas y sociales. Estos horizontes deben traducirse en instrumentos de planificación del ordenamiento territorial, municipales, metropolitanos y departamentales. Sin embargo, algunos problemas surgen cuando los planes no se ajustan a las características de la ciudad como conglomerado económico, cuando no están de acuerdo con los sistemas estructurantes naturales o cuando, simplemente, no se formalizan en una normativa eficiente para todos los actores urbanos.
Medellín enfrentó ya los primeros dos problemas: tiene un Plan de Ordenamiento Territorial-POT con mecanismos para respetar y proteger a los moradores del territorio urbano y rural, sean familias, instituciones o empresas, y además la protección de la estructura ecológica. Sin embargo, como se reseñó en el editorial de EL COLOMBIANO del pasado 8 de enero, aunque el POT se reglamentó en 2014, cuatro años después no se han formalizado cabalmente todos los instrumentos de planificación complementaria, con lo cual algunos sectores estratégicos de la ciudad no tienen claridad suficiente sobre su desarrollo urbanístico. Es urgente avanzar al respecto para no quedarnos a medio camino.
En el Valle de Aburrá como conjunto, la situación es más compleja. Los instrumentos metropolitanos vigentes son claros en materia de densidades habitacionales y usos. Sin embargo, los instrumentos de planificación territorial de los municipios no siempre cumplen con los principios de pertinencia económica y ambiental, y claridad normativa. Alarmante lo que sucedió al respecto en Sabaneta.
Un ejemplo de hacer las cosas diferentes es lo que podría ser el tramo vegas-sur en el municipio de Envigado. En la actualidad, la presencia de un asentamiento industrial de la mayor importancia regional es determinante para la consolidación de su estructura urbana, pero esto no está claro en el POT vigente. La falta de claridad, sumada a la coyuntura actual de la transformación de las actividades económicas desarrolladas en el corredor, necesita no arriesgar el futuro de la industria consolidada en el sur urbano del Valle de Aburrá. A la concertación con el sector productivo generador de importantes empleos. Pensando no solamente más viviendas, sino en el derecho de permanencia de las empresas que cumplan estándares ambientales. Es necesaria una visión integral del desarrollo de una ciudad y no simplemente una perspectiva de crecimiento habitacional y densificación urbana. La planeación del territorio debe promover el desarrollo de las ciudades de manera armónica y coherente con sus características sociales, ecológicas y productivas. Los usos mixtos son necesarios para habitar y al mismo tiempo poder estar cerca de trabajos dignos, el pilar fundamental de la calidad de vida.
