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Con motivo de la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a España esta semana, se realizó en Madrid el “Foro por la Paz de Colombia”, en el cual intervinieron importantes personalidades políticas, empresariales y académicas.
Allí, tres empresarios representantes de grandes conglomerados económicos con inversiones en Colombia, se refirieron al país en términos elogiosos y abiertamente optimistas. Se ponderó “la calidad y solidez de las instituciones colombianas”.
Es evidente que el foro contó con el decidido concurso del Gobierno colombiano. Era previsible, por tanto, que no fuera un espacio de denuncia ni de presentación de panoramas poco alentadores.
Coincidencialmente a pocos metros de allí, en el Círculo de Bellas Artes de la capital española, el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro organizó una exposición denominada “La verdadera Venezuela”, en la cual, según la propia prensa española, brilló por su ausencia cualquier sentido de las proporciones.
Es legítimo que los gobiernos quieran promocionar a sus países. En el caso venezolano optaron directamente por la negación de la realidad y reemplazarla por una falacia con datos inverosímiles. En el foro colombiano, pudo haber exceso de autocomplacencia y un ánimo de sobreponer los buenos deseos a las previsiones realistas sobre una paz que nos vienen vendiendo en la fórmula de las conversaciones con las Farc en La Habana.
Por fortuna en el caso colombiano hay pluralidad de medios a los que acudir para lograr una visión imparcial y no mediada por eslóganes propagandísticos. Ayer mismo publicábamos el más reciente Gallup Poll en el que varias de las instituciones más importantes para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho siguen en los últimos lugares de opinión favorable.
El sistema judicial (en particular la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia), el Congreso de la República y los partidos políticos tienen el mayor desprestigio entre los ciudadanos. La favorabilidad se manifiesta, en cambio, en instituciones que los colombianos valoran como aquellas que cumplen un papel activo en la vigencia de sus derechos fundamentales: las Fuerzas Militares y la Policía, los medios de comunicación, la clase empresarial o la Procuraduría.
La encuesta se realizó antes de conocerse el grave episodio de denuncias contra el hasta ayer presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Cabe decir, sin embargo, que el pleno de magistrados de la Corte ha reaccionado con plausible eficacia, y al anunciar ayer medidas que propugnan por la transparencia, amortiguan en parte el desprestigio coyuntural que esa institución ha sufrido, con razón, por las sospechas de corrupción en su seno.
Nuestro país está lejos, por ahora, de asemejarse a la nación vecina en cuanto a grado de desinstitucionalización y de debacle del Estado de Derecho. Sin embargo, tampoco estamos como para presentarnos como ejemplo mundial. El Gallup Poll arroja que el 79 por ciento de los encuestados percibe un empeoramiento en el clima de corrupción general, y que el 78 por ciento cree que la inseguridad es cada vez peor.
Además, en momentos en que las Farc desafían todos los días con su mensaje de “ni un solo día de cárcel”, el índice de ciudadanos que no admiten sacrificar la justicia en aras de la paz sube hasta el 57 %. Suficientemente claro como para que ambas partes de la mesa de La Habana piensen muy bien sus inamovibles.