Editorial

Circunscripciones de paz

Las circunscripciones de paz pasaron a ser, en las últimas semanas, solo para las víctimas. Pero el Acuerdo Final incluye otros destinatarios. Las auténticas víctimas sí deben tener representación.
Circunscripciones de paz
ilustración esteban parís Publicado el 08 de diciembre de 2017

En el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, del 24 de noviembre de 2016, se incluyó un capítulo relativo a la “Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono” (punto 2.3.6). Dentro de él, se incluyó el compromiso del Gobierno de crear en esas zonas vulnerables un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para la elección de igual número de representantes a la Cámara, por dos períodos (ocho años).

Quien asumió el compromiso de crear esas circunscripciones fue el Gobierno, que para tales efectos presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional para que fuera tramitado por la vía rápida (fast track) del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Al final, las mayorías aliadas del Gobierno se atomizaron y la aprobación de estas circunscripciones especiales no está clara. El presidente del Senado dice que no se aprobaron al no alcanzar la mayoría necesaria, y el Gobierno sostiene que sí fueron aprobadas y que buscará hacer valer sus argumentos por vía judicial.

El Gobierno puede, con toda legitimidad, defender sus argumentos, máxime cuando la interpretación jurídica sobre el actual número de senadores (si son 102 o son 99, por el encarcelamiento de tres de ellos) hacen que su posición no sea descabellada. En ese sentido, podría acudir a la vía contencioso administrativa para buscar revertir la decisión del presidente del Senado de declarar no aprobada esa reforma constitucional. En cambio, lo que sí parece inadecuado es presentar una acción de cumplimiento para que la justicia obligue al Congreso a aprobar lo que el Gobierno considera que se debe aprobar.

La acción de cumplimiento está contemplada para obligar a una autoridad a que cumpla una ley. En este caso, el Gobierno parecería retomar la tesis de que el Acuerdo Final tiene carácter de tratado suscrito entre altas partes contratantes como instrumento de derecho internacional humanitario. Ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Acuerdo Final es un “pacto de Estado”. En segundo lugar, sería una forma de horadar la tridivisión de poderes: el Ejecutivo solicita al poder Judicial que obligue al Legislativo a aprobar determinada ley, con lo cual las competencias y atribuciones del Congreso se limitan a ejecutar la voluntad del Gobierno. Y en tercer lugar, marcaría precedente para que cualquiera pueda incoar acciones de cumplimiento para que todo asunto tratado en el Acuerdo Final tenga que ser ejecutado con prioridad sobre otro.

Cabe, también, recomendar una relectura del párrafo que dice quiénes habrían podido ser elegidos en esas circunscripciones (página 54 del Acuerdo Final): personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos, inscritas por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones de la circunscripción, “tales como organizaciones campesinas, de víctimas, mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz”. Se ha oído decir que el Congreso privó a las víctimas de sus posibilidades de representación. Las víctimas deben estar representadas en el Congreso, pero esas circunscripciones están concebidas de forma que no es del todo cierto que sólo las víctimas fueran a ser las representantes de esas zonas.

En todo caso, mientras se dilucida si el proyecto de 16 representantes fue o no aprobado, los partidos y movimientos políticos deben abrir espacio en sus listas para verdaderas víctimas e incorporar la atención a estas en sus programas legislativos y de gobierno.

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