Editorial

Desbordamiento de referendos

Si bien hay asuntos profundos que ameritan validación popular, otros, por su complejidad y la madurez que demandan, deben ser definidos en el Congreso, sin delegar tal responsabilidad.
Desbordamiento de referendos
ilustración esteban parís Publicado el 22 de julio de 2018

Cuando el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con la ciudadanía a que sería el pueblo, a través del voto, el que decidiría la suerte final de lo acordado con las Farc en La Habana, muchas voces, incluso de aliados del Gobierno, manifestaron que era un error. Desde este espacio, en más de una ocasión, se apoyó esa decisión política, por cuanto, en nuestro criterio, dotaba de legitimidad democrática un acuerdo que tendría efectos y consecuencias para todos los colombianos.

Luego vino lo que ya se sabe. La experiencia de ese plebiscito es citada con frecuencia en foros y espacios académicos en el exterior, equiparándola al resultado del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) y hasta con la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Bien saben los conocedores del derecho público que los plebiscitos y los referendos tienen el elemento común de participación popular en las urnas, pero sus efectos jurídidicos y políticos difieren. Los plebiscitos se convocan para aprobar o improbar una política determinada. Los referendos, en cambio, tienen capacidad de reformar leyes o la misma Constitución, es decir, es un mandato ciudadano con poder de reforma legal.

Eso es importante tenerlo en cuenta ahora que con la instalación del nuevo Congreso de la República, serán presentadas iniciativas de convocatoria para referendos de diversa naturaleza. Y con la idea, tantas veces equivocada, de que cualquier iniciativa puede ser sometida a decisión en las urnas y que es conveniente hacerlo así.

En la legislatura pasada se quiso tramitar una iniciativa de referendo para que se prohibieran las uniones maritales de personas del mismo sexo y la posibilidad de que ellas adoptaran hijos. La iniciativa no prosperó. Aunque es un asunto que deberá tener definición legislativa, pues hasta ahora lo que hay son decisiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

Ahora el presidente electo Iván Duque manifestó su acuerdo para que se tramite un referendo con el fin de establecer la cadena perpetua para violadores de niños. Lo primero que hay que considerar es que someter a votación popular medidas de carácter punitivo ha sido siempre problemático, pues hay delitos igualmente graves que, con la misma lógica, podrían irse añadiendo a la lista para esa pena perpetua. Tendría, también, serios escollos en la Corte Constitucional.

Los referendos requieren un umbral de votación muy alto. ¿Qué pasa si tal iniciativa no alcanza ese umbral? ¿quedaría impedido el Congreso para definirla según sus propias competencias?

Paralelo al anterior, congresistas del Centro Democrático promueven la convocatoria de otro referendo para reformar o revertir puntos del acuerdo de paz con las Farc. Más tardaron en anunciar el proyecto que diversos sectores bautizarlo como “referendo contra la paz”, mostrando desde el principio el ambiente en que se movería el debate y anticipando otro factor de división en momentos en que el presidente electo repite la necesidad de buscar consensos y lograr acuerdos. Este referendo agudizaría fracturas y generaría nuevas divisiones.

Además, tales modificaciones -en cuanto, de nuevo aquí, la Corte Constitucional levante sus vetos al poder constitucional del Congreso- pueden y deben ser debatidas y aprobadas en el Legislativo, cuyos parlamentarios tienen la representación de sus votantes para decidir estos y otros asuntos con juicio ponderado, ilustración de argumentos y madurez de criterio.

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