Editorial

El Eln ocupa nichos criminales

El Estado está en la obligación de copar los territorios que desocuparon las Farc tras las negociaciones. Lo otro es abrirles la puerta a otros delincuentes. La matanza del Cauca lo refleja.
El Eln ocupa nichos criminales
ilustración esteban parís Publicado el 06 de julio de 2018

El escalamiento del conflicto por el control del narcotráfico en las costas y selvas del Cauca, escenario esta semana de una masacre de siete personas, dos de ellas disidentes de las Farc, y Chocó y Nariño, es síntoma de la guerra que allí se vive y un indicador de lo que puede pasar en otras regiones de la “Colombia profunda”, si el Estado no asume su responsabilidad de copar los territorios que las Farc “liberaron” en la mesa de negociación.

El acuerdo de paz reafirmó para el Estado la obligación, el deber ético, institucional, moral, jurídico y social de llenar todos esos espacios con fuerza pública, jueces, fiscales, pero también con escuelas, hospitales, agua potable, carreteras, proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y otras obras de impacto, claves para la recomposición del tejido social.

De no hacerlo, serán los grupos criminales, caso Eln, las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico, conformadas en su mayoría por disidentes de las Farc, con vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa, y otros grupos asociados al narcotráfico, los que terminarán imponiendo su régimen.

Consideramos que la amenaza contra la seguridad nacional es grave. No es una simple escaramuza entre grupos que luchan por el control del narcotráfico, como lo han expresado desde el gobierno central.

Si frente a tal desafío no se responde con una política integral, seguramente aquello que se vive en la bota caucana y sus vecinos del Pacífico se replicará en otras zonas del país, como el gran Urabá (Antioquia, Córdoba y Chocó), Putumayo y Catatumbo, donde crecen los narcocultivos, laboratorios, corredores del narcotráfico y astilleros ilegales en los que se fabrican los semisumergibles, con alta tecnología y capacidad de mover hasta seis toneladas de cocaína por aguas y mercados externos.

Es cierto que el Ejército Nacional fue forzado a salir del territorio caucano donde se ejecutó la matanza cuando el conflicto involucró a la población civil. Pero se suponía que el retiro se hizo fue para protegerla y no para entregarle la región a la delincuencia. Con el desalojo del Ejército aparecieron los neoparamilitares, grupos en los que nadie sabe quién manda, y el Eln que, con la desmovilización de las Farc, parece con patente de corso para hacer de las suyas en amplias zonas del país.

Las autoridades atribuyen la matanza al Eln, aunque no se descarta participación de otra de las organizaciones mafiosas dedicadas al negocio del narcotráfico. Aunque el Estado no tenía presencia real y efectiva, como lo aseguró, prometió y anunció al firmar el acuerdo con las Farc, eso no libera de responsabilidad penal a los ejecutores del crimen.

Como respuesta a la falta de Estado, y así lo han denunciado distintas autoridades, se ha vuelto habitual en la región la privatización de la justicia, dejando su seguridad en manos de bandoleros que supuestamente los protegen de otros bandoleros.

No es solo con planes de choque, ni con más brigadas móviles u otras medidas reactivas, como se normalizará la situación. Se exige también la acción integral del Estado, con apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, de EE. UU., principal mercado de la cocaína en el mundo.

Valioso saber dónde están los cultivos, laboratorios y lugares de tránsito y rutas, pero es igual de importante atacar el negocio en el país del norte porque es allí donde se consume y, por ende, donde se recepcionan y lavan grandes capitales mafiosos.

Lo otro es continuar con una estrategia que no logra desmontar el aparato militar de la delincuencia y su red financiera. Hace veinte años se firmó el Plan Colombia para acabar, entre otros fenómenos, con los cultivos, pero hay otra vez sobreoferta de droga.

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