Editorial

El final de Ser Pilo Paga

El problema de fondo está en que el programa, que al final de cuentas resulta costoso, tiene un alcance limitado. Falta conocer la reforma integral, mas lo que se anuncia es prometedor.
El final de Ser Pilo Paga
ilustración esteban parís Publicado el 09 de septiembre de 2018

Fue una sorpresa para buena parte de la opinión pública el anuncio hecho la semana pasada, por parte de la ministra de Educación, acerca de una reforma a fondo del programa Ser Pilo Paga (SPP). Aunque el Gobierno no habló explícitamente de terminar el programa, todo parece indicar que está herido de muerte porque está desfinanciado. El hecho es que la realidad fiscal del país, con la necesidad de buscar 25 billones de pesos para financiar programas sociales, y la resistencia que tiene el programa dentro del sector de educación, hace difícil su continuación, por lo menos con las características que tiene hoy en día. El Gobierno en todo caso, aseguró la ministra María Victoria Angulo, hará un esfuerzo por aportar los 2 billones de pesos que se requieren urgentemente para cumplirles a los 40 mil estudiantes que están actualmente en el programa.

El programa SPP, que comenzó en el segundo semestre de 2014, en su forma actual otorga créditos condonables a los estudiantes de bajos recursos que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11 desde ese año y fueron admitidos a estudiar en Instituciones de Educación Superior (IES) con acreditación de alta calidad. Además de cubrir la matrícula de los estudiantes, el SPP otorga a sus beneficiarios un subsidio de sostenimiento que depende del lugar escogido por el estudiante para realizar sus estudios y si este es o no el lugar en donde reside su núcleo familiar.

En un comienzo el Pilo Paga fue recibido con entusiasmo por los colombianos, la posibilidad de tener a bachilleres destacados de ingresos bajos estudiando en las mejores universidades era vista como una iniciativa positiva para una sociedad que quiere reducir la desigualdad. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer las dificultades. Para muchas universidades, la acogida de estudiantes que venían de estudiar en condiciones difíciles representó un costoso esfuerzo adicional de nivelación para garantizar su inclusión exitosa en el sistema. Para las universidades públicas la existencia del programa significó un drenaje de los recursos estatales para educación que se desviaron en esa dirección, sobre todo porque los estudiantes prefirieron las instituciones privadas. Pero el problema de fondo está en que el programa, que al final de cuentas resulta costoso, tiene un alcance limitado, una característica que no es precisamente deseable para una política pública en educación.

El pronunciamiento de la ministra hecho en presencia de los rectores de las universidades públicas, que demandan más recursos, y durante las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, da una señal muy positiva en el sentido de buscar el equilibrio de la política pública para la educación superior, que había sido puesto en riesgo por el programa SPP. La nueva política mantendría los programas de mérito, pero también persigue la equidad y fortalecer la educación pública.

Es claro entonces que para los estudiantes que presentaron las últimas pruebas saber 11 ya no existirá el programa SPP. A esos estudiantes se les abrirán seguramente otras posibilidades, pues los pilares de la nueva política serán diferentes. Falta conocer la reforma integral, pero lo que se anuncia es prometedor. El enfoque ayuda, sin duda, a resolver la ecuación que anunció el presidente Duque en campaña, acerca de hacer gratuita la educación superior de los estratos 1 y 2 y además ampliar la cobertura.

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