Editorial

El plan de ruta del Gobierno

El Pacto por Colombia quiere convocar a los ciudadanos a alcanzar unos propósitos comunes, buscando aliviar la perniciosa polarización.
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ilustración esteban parís Publicado el 10 de febrero de 2019

El miércoles pasado el Gobierno radicó ante el Congreso de la República el texto de su plan de desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Una vez surtida la etapa de la participación ciudadana, los 187 artículos de la propuesta deben ahora ser estudiados por el Congreso para finalmente promulgar, antes de que termine el mes de mayo, la ley del Plan. Así las cosas, el gobierno del presidente Duque podrá contar con una ley que define su plan de ruta hasta 2022.

Todo el Plan está construido sobre la palabra pacto, que aparece dos veces en su título. El Pacto por Colombia quiere convocar a los ciudadanos a alcanzar unos propósitos comunes, buscando aliviar la perniciosa polarización. El diagnóstico del plan es que el crecimiento económico y la equidad están amenazados por la baja productividad, la alta expansión de las actividades ilegales, la dependencia de los hidrocarburos, la vulnerabilidad ambiental, la alta informalidad y la ineficiencia del gasto público.

Se parte de una idea básica que define los pactos que se quieren alcanzar para superar los obstáculos mencionados. Si se actúa sobre la seguridad y la justicia se mejora la legalidad y se crea un buen entorno para el emprendimiento y, por ende, la productividad. Legalidad junto con emprendimiento ayudan a la equidad. Esos tres elementos son los grandes pactos que debe alcanzar Colombia. No son los únicos, porque en el Plan se proponen pactos transversales que también se requieren para alcanzar los objetivos y que son del orden de mejorar en transporte y logística, en servicios públicos, en construcción de paz, en sostenibilidad, en la producción de ciencia, tecnología e innovación, entre otros. Cada pacto tiene sus líneas de acción y se fijan metas concretas para cada una.

No será un camino fácil. Algunas voces han controvertido algunas partes del Plan y es previsible que se produzcan ajustes en el texto final que no toquen de fondo la propuesta. Lo esencial es que el Plan define un gasto de $1.100 billones para cumplir varios objetivos en términos de aumento del producto potencial, creación de empleo, reducción de la pobreza, aumento en la inversión en ciencia y tecnología, disminución de la tasa de homicidio, entre otros. No todos los recursos que requiere el Plan son dineros públicos. Alrededor de 33 % son aportados por el sector privado.

Todo el gasto que tiene previsto hacer el gobierno Duque en su cuatrienio tiene ahora una justificación en esa urdimbre cuidadosa con la cual fue construido el Plan. Hay aspectos novedosos en su concepción que deben resaltarse como la presencia de un pacto de descentralización, sin duda un clamor de la sociedad colombiana.

Hay un tema de fondo muy controversial y que dará mucho que hablar. Se trata de la incorporación en el Plan de la idea de unificar en una sola entidad el presupuesto de inversión y funcionamiento, una sugerencia que, entre otras, en el pasado había hecho la Comisión del Gasto con el argumento de mejorar la eficiencia del gasto público. En ese orden de ideas el presupuesto de inversión que hasta ahora define el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pasaría al Ministerio de Hacienda. El DNP, aunque conserva funciones importantes como el manejo de las regalías, perdería una herramienta fundamental para tener injerencia en la ejecución de su propio Plan, una paradoja indiscutible.

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