Editorial

¿Habrá juicio a la corrupción?

Se abre la posibilidad de que se determinen responsabilidades penales por esa corrupción continuada y estimulada desde el Ejecutivo, asumida como normal por tantos parlamentarios.
¿Habrá juicio a la corrupción?
Publicado el 15 de febrero de 2018

Se conoció que un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habría decidido abrir diligencias preliminares para investigar si un numeroso grupo de congresistas (230) solicitaron o recibieron dádivas del Gobierno para apoyar sus proyectos de ley en el Congreso, en especial los que tenían que ver con la implementación del acuerdo de paz suscrito con la guerrilla de las Farc.

No se conoce el alcance de las diligencias determinadas por el magistrado investigador, pero sí se sabe que se abren por denuncias presentadas ante esa Corte en 2013. Han pasado, pues, casi cinco años desde que una ONG llamada Corporación Fuero Ciudadano pidió a esa instancia judicial que procediera a averiguar si los parlamentarios habrían incurrido en la comisión de delitos contra la moralidad administrativa y la administración pública. La Corte Suprema es la competente para llevar estos expedientes, ya que los congresistas tienen fuero constitucional.

Este proceso está apenas en una etapa preliminar, que no necesariamente tendría que terminar en ese juicio general, ese procesamiento judicial a casi toda la clase parlamentaria, como parecieron entenderlo algunos analistas. De hecho, lo que se sabe es lo que han informado los denunciantes, que no necesariamente lleva a que el magistrado abra diligencias para examinar todos los hechos cuestionados incluidos en la denuncia original.

No obstante, sí que es una oportunidad para que la justicia, y en particular la Corte Suprema, demuestre si entre sus prioridades está determinar responsabilidades por conductas que aunque los políticos -casi todos- asumen como normales, están definidas como delitos en el Código Penal. No por habituales y toleradas por los distintos gobiernos, dejan de ser ilícitas esas prácticas de corrupción estimuladas desde el poder Ejecutivo. Y allí, obviamente, incurren en responsabilidad los unos y los otros: los parlamentarios que exigen y reciben, y los funcionarios del Ejecutivo que ofrecen y entregan, a sabiendas de que son dádivas y beneficios contrarios a la ley.

Según la Constitución Política vigente, “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común (...) El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y ante sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

La responsabilidad política y ante los electores se pondrá a prueba en menos de un mes, el próximo 11 de marzo. El elector tiene capacidad decisoria, de si convalida comportamientos clientelistas, corruptos, o si busca alternativas para edificar otro sistema político no secuestrado por los mañosos. En tanto, la responsabilidad penal será examinada, ojalá de forma seria y concienzuda, por la Corte Suprema.

Esa misma Corte condenó a funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe, por haber ofrecido y entregado dádivas a dos parlamentarios, por votos en el trámite de la reelección presidencial. Ese sistema de cambio de favores ha seguido vigente, y sin embargo las responsabilidades penales han brillado por su ausencia. Ese criterio selectivo, favorable a unos y de puntual rigor para otros, evidencia, además de nula imparcialidad, una inadmisible omisión de deberes por parte de la justicia.

Hay que hacer votos, entonces, no por una cacería judicial, sino por la prevalencia de la verdad, la transparencia política y el restablecimiento de un orden justo, que comprende entre sus valores el de proteger el patrimonio público -moral y económico- de su entrega a los intereses particulares de los políticos que no entienden su misión como vocación de servicio público. .

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