Editorial

La elección de contralor

Ya no son las altas cortes las que ternan candidatos a contralor General, pero el nuevo proceso tampoco parece haber liberado de vicios la elección. No se perciben cambios de cualificación.
La elección de contralor
Publicado el 14 de agosto de 2018

Esta semana deberá quedar definida la elección del nuevo contralor General de la República. Se hará según el nuevo procedimiento establecido en una reforma constitucional de 2015. Desde 1991, la elección de contralor se encomendaba al Congreso en pleno (Senado de la República y Cámara de Representantes, en sesión conjunta), y la escogencia recaía en uno de tres candidatos enviados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que designaban un candidato cada una.

Ahora la elección también la hará el Congreso, pero de una lista previamente depurada por una universidad, a partir de un abanico de aspirantes inscritos en un proceso público de postulaciones.

En 1991 los constituyentes que redactaron la nueva Carta Política consideraron, de buena fe, que las altas cortes escogerían candidatos de las máximas calidades profesionales, técnicas y éticas. Lo que la realidad arrojó fue que ese poder electoral de las cortes las contaminó de politiquería y muchos magistrados pasaron de ser jueces a ser jefes de debate y postuladores de candidaturas a cambio de cuotas burocráticas. La Contraloría General de la República, concebida como ente de control fiscal, siguió siendo -porque con anterioridad a 1991 también lo era- uno de los más apetecidos fortines burocráticos del país.

La función constitucional que tiene la Contraloría, y específicamente un contralor General, es de la mayor importancia, por lo menos cuando su titular se concentra en ser fiel a su misión en vez de convertirse en un jefe político, que es lo que usualmente ha pasado.

La función de control fiscal implica vigilar la gestión de todos aquellos servidores públicos y personas particulares que manejen y/o administren bienes y recursos de la Nación. Una vigilancia que se dirige no solo al control financiero, de gestión y de resultados, sino también al cumplimiento de los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales. Si algún funcionario no administra bien, dilapida o, peor, se roba recursos estatales, se supone que la Contraloría estará allí no solo para sancionar, mediante procesos de responsabilidad fiscal, sino para recuperar el dinero. ¿Cuánto habrá recuperado en los últimos años? ¿Hay un balance medianamente aceptable entre lo que recupera y lo que cuesta su inmenso aparataje burocrático?

Para la elección de esta semana, la lista ha sido conformada por la Universidad Industrial de Santander. Hay nombres en ella que generan muchas dudas, y que hacen forzosa la pregunta de si no hay en el país profesionales de suficiente categoría para superar todas las pruebas. Porque los nombres que más suenan ya eran aspirantes al cargo desde hacía tiempo y, curiosamente, son los primeros en figurar en la lista final. Listado que habrá de ser reducido a 10 aspirantes, por parte de una comisión accidental de senadores y representantes a la Cámara.

En los últimos cuatro años, el protagonismo del contralor saliente, Edgardo Maya Villazón, ha sido más por sus declaraciones en foros públicos que por grandes procesos o determinación de responsabilidades por desfalcos en uno de los países más corruptos del continente. La corrupción no solo no decae, sino que sigue imbatible. ¿Podrán esperar los colombianos que haya por fin un ente de control actuante, no a través de declaraciones, sino de procesos sólidos y sanciones eficaces? Desgraciadamente, parece que en esta oportunidad tampoco será.

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