Editorial

La violencia en la Comuna 13

“Es llorar sobre mojado”, dicen algunos habitantes. Otros, en tono más optimista, exigen que el Estado termine con los males de esa zona clave del conflicto urbano, y del desarrollo de Medellín.
La violencia en la Comuna 13
ilustración esteban parís Publicado el 21 de julio de 2018

Hubo momentos de una calma tan anormal y bien recibida que referirse a los tiempos del conflicto urbano, cuando se requirió una intervención a gran escala de las Fuerzas Armadas y el aparato judicial del Estado, parecía más la insistencia en un lugar común, en un estigma que se había desvanecido. Pero el último año puso de nuevo cámaras y micrófonos sobre la violencia que retornó a las calles de la Comuna 13.

Este 2018 ha sido de duros padecimientos: las muertes violentas se duplicaron. El transporte público transita por un callejón sin salida: un día incendian un bus, al otro asesinan a un conductor inerme y ajeno a la guerra entre bandas. A la semana siguiente hacen correr la voz de que si los vehículos salen de las terminales no responden por nadie. Y así se descuelga la cotidianidad allí, pasada por amenazas y por agresiones.

Se trata de una zona geográfica amplia del Occidente de Medellín, de barrios del estrato 1 al 4. Algunos pobladores que habitan invasiones forzadas por la migración campo-ciudad, debido a condiciones de pobreza o al azote del conflicto armado en los años ochenta y noventa.

Pero hay también vecindarios antiguos, bien trazados, con vías, servicios públicos y cobertura estatal completa. Se trata de una zona de Medellín en la que contrastan los esfuerzos por la redención social de capas de habitantes en condiciones de vida precarias y otras a las que no pareciera faltarles nada, solo la seguridad y la convivencia.

Las autoridades señalan que se trata de un corredor estratégico para el crimen organizado, en la parte más alta, esa que forma un cinturón que da salida al Occidente de Antioquia y a Urabá. Que hay robo de gasolina del oleoducto, que sirve como ruta de trasiego de armas ilegales y cargamentos de droga.

En otros años fue un bastión clave de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Pero además allí había milicias del Eln y los Comandos Armados del Pueblo. También se denunció la presencia de paramilitares del Bloque Magdalena Medio y del Cacique Nutibara. Y se le señaló de ser nicho de bandas y combos que durante los últimos 15 años se impusieron a sangre y fuego.

Ahora, el conflicto se recrudece. Están en juego las rentas ilegales del microtráfico, las “vacunas” al comercio y al transporte público. La 13 volvió a sangrar.

También desde la Cárcel, por las razones expuestas, o por el interés de crear un ambiente de caos que afecte la gobernabilidad de Medellín, algunos jefes criminales ordenaron agudizar las hostilidades que dejan en medio a los civiles y sus actividades cotidianas: la libre movilización en los espacios públicos, el desplazamiento a los lugares de trabajo y estudio y el comercio menor, están en la mira de armados ilegales que disparan sin contemplación.

Después de la Operación Orión que, aunque propició excesos de fuerza e irregularidades, fue necesaria debido a que las milicias urbanas ya se atrevían a un copamiento militar que incluía sostener posiciones y controlar la entrada y salida de civiles de esa comuna y repeler a la Policía, hoy se vive de nuevo un ambiente de presión y de arbitrariedades de bandas y combos contra una comunidad hastiada.

La 13 revive en el imaginario urbano como una zona conflictiva, donde pareciera que la violencia y la inseguridad se reengendran en un ciclo que se debe detener, por el bien suyo y el de Medellín. La 13 se merece el futuro, salir del estigma y recibir el abrazo del resto de ANTIOQUIA.

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