Editorial

Ley de Financiamiento, primeras reacciones

El proyecto es sólido técnicamente, está bien estructurado y cumple con las necesidades fiscales.

Es esencial que se socialice de forma adecuada.

Ley de Financiamiento, primeras reacciones
ilustración elena ospina Publicado el 07 de noviembre de 2018

Pasada casi una semana desde que el gobierno radicó en el Congreso su proyecto de Ley de Financiamiento, el debate sobre su contenido tributario no ha parado de crecer. Es natural, los tributos por sus efectos son un tema sensible en cualquier sociedad y, en democracia, sus consecuencias deben sopesarse.

En el proyecto existen muchas ideas bien soportadas para modificar la estructura tributaria dentro del empaque de una Ley de Financiamiento, que le garantiza al gobierno mayor agilidad en el trámite para poder llenar el faltante en el presupuesto y cumplir la regla fiscal. En ese sentido el proyecto es esencial y, además, en su concepción general quiere corregir los incentivos perversos de la actual estructura tributaria y, según aclara el ministro de Hacienda, gravar a los ingresos altos.

Lo anterior se cumple en el impuesto de renta a las personas, pues no hay ampliación de la base y no se cambia el ingreso exento, pero si a los ingresos altos se les sube la tasa de tributación, lo que parece razonable, esta franja también puede ser afectada por el impuesto al patrimonio. Las empresas tienen menos impuestos y reducción de trámites porque el propósito es obtener un efecto positivo sobre la inversión y el crecimiento de largo plazo, una idea esencial.

La reforma del IVA tiene varios elementos. El primero de ellos es la tarifa única que, además, elimina exenciones injustificadas y sobre cuyas bondades se había pronunciado ya una comisión de expertos. También contempla la reducción gradual de la tarifa única y la ampliación del gravamen al 80% de la canasta familiar. Estos dos últimos controversiales, pero por razones distintas.

En el primer caso, se cuestiona precisamente la reducción de la tarifa, de 19% a 18% y después a 17%, cuando se requiere aumentar el recaudo. Sobre la ampliación de la base del IVA el gobierno reconoce que afecta a los hogares y dentro de ellos a los rangos medios de la distribución del ingreso. Las clases más desfavorecidas recibirían una compensación. El argumento acá es que la clase media puede contribuir, en la medida de sus posibilidades, a superar los desafíos que tiene el país. En este caso, precisamente por el número de los hogares involucrados, el tema es muy sensible políticamente y es difícil que se oigan los argumentos técnicos.

El hecho es que el debate apenas comienza. El proyecto es sólido técnicamente, está bien estructurado y cumple con las necesidades fiscales. Es esencial que se socialice de forma adecuada. Sería bueno que el gobierno sea oído acerca de los ingresos esperados por la lucha contra la evasión y la elusión; la inefable reforma de la DIAN; la razón de no ampliar la base en el impuesto a la renta para personas; el porqué de algunas exenciones y cómo va a hacer llegar la compensación por el IVA a los hogares pobres.

Lo deseable es que en la discusión sobre el proyecto de Ley no se olviden aspectos esenciales. No hay que perder de vista, en primer lugar, que si los colombianos queremos obtener mejores servicios de parte del Estado debemos pagar impuestos y adquirir con ello el derecho a vigilar la buena utilización de esos recursos. Así mismo, se debe preservar el respeto a los principios de justicia y equidad que deben guiar la elección de una estructura tributaria.

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