Editorial

Libertad de rechifla

Así como partidos y políticos corruptos deben recibir la condena popular, también quienes tengan responsabilidad en crímenes atroces deben oír a la gente. Sin llegar a la violencia física.
Libertad de rechifla
ilustración esteban parís Publicado el 08 de febrero de 2018

Ayer hubo, de nuevo, manifestaciones públicas de rechazo a la presencia del ex jefe de la guerrilla de las Farc, y actual candidato de las Farc, Rodrigo Londoño, “Timochenko”. Rechiflas, gritos, lanzamiento de objetos, epítetos. Fue en Cali. La semana pasada había sido en Armenia. A otros dirigentes de las Farc, hoy reconvertidos en políticos, les ha tocado oír duros reclamos en aviones y lugares públicos.

El tema ha generado preocupación entre los dirigentes de esa agrupación, hoy en su mayoría desmovilizados, que la tachan de ser campañas orquestadas de hostigamiento e intolerancia.

Es indeseable que estos actos de rechazo ciudadano se desvíen, y que de manifestaciones legítimas en ejercicio de la libertad de expresión, pasen a la agresión física. Entre otras cosas, porque como se ha visto en las imágenes ampliamente divulgadas por redes sociales, estos dirigentes de las Farc van protegidos por personal de la fuerza pública, que ponen sus cuerpos para proteger a quienes hasta hace muy poco se regodeaban al dar las órdenes de exterminio o secuestro contra sus compañeros uniformados de las Fuerzas Armadas. Suficiente prueba de idoneidad y resistencia moral tienen que ofrecer estoicamente estos policías (hombres y mujeres, tal cual se vio en Armenia) como para que también salgan golpeados o lesionados por agresiones físicas de los manifestantes.

Dicho esto, también hay que preguntarse si los dirigentes de las Farc pueden exigir que no haya contra ellos ningún tipo de manifestación pública de rechazo. La respuesta, en democracia, es no. De hecho, políticos que han ejercido toda su trayectoria por los caminos de la legalidad, han tenido que sortearlas a lo largo de muchos años.

Los acuerdos de paz con el Gobierno incluyen veladamente unas cláusulas sobre uso del lenguaje. Pretendían que quedara proscrito el que la guerrilla consideraba “estigmatizador” para promover en su lugar el proclive a la reconciliación. Reconciliación que es, ciertamente, un valor deseable para la convivencia, pero que en todo este proceso se ha querido asimilar a un perdón forzoso y generalizado, con olvido de los actos más atroces y contrarios a la dignidad humana ordenados, ejecutados, promovidos o, en todo caso, tolerados por quienes hoy buscan el respaldo popular, luego de no haber mejorado la vida de nadie con la violencia de las armas.

Las Farc y sus dirigentes, al igual que los políticos democráticos y sus partidos, han de estar dispuestos a oír a la ciudadanía. Y la gente tiene el derecho de hacerles saber su inconformidad. Así como los partidos políticos que han estado asociados a la corrupción tienen que someterse a la condena moral de los votantes, los que hayan estado incursos en crímenes atroces no pueden pretender que estas reglas no se les apliquen a ellos y que la sociedad permanezca muda.

Las mismas Farc se negaron a que su participación en política se circunscribiera a candidatos sin prontuarios delictivos. Tienen, entonces, que asumir la responsabilidad por sus actos anteriores, que así no vayan a ser penados con cárcel, tampoco podrán ser borrados de la memoria colectiva. Muchas prerrogativas les fueron concedidas en aras de firmar un acuerdo de paz. En contraprestación deben dejar, al menos, que subsista la libertad de expresión de la gente que quiere manifestar opiniones de rechazo, igual que sus opositores tolerar las de adhesión, si las hay. Sin pasar a la violencia física, esta libertad, que ha podido ejercerse con los demás actores políticos, no se debe excluir para ningún otro.

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