Editorial

Más reformas al sistema electoral

Que los nuevos magistrados del CNE cumplan los mandatos constitucionales. Gobierno y Congreso anuncian nuevas iniciativas y reformas electorales. Se necesitan mayor coherencia y estabilidad.
Más reformas al sistema electoral
ilustración esteban parís Publicado el 04 de septiembre de 2018

Luego de su elección la semana pasada en el Congreso, ayer tomaron posesión los nueve magistrados del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Como ya es usual, fueron escogidos en un proceso no exento de controversias, producto de negociaciones políticas y acuerdos entre partidos y movimientos.

Pero el origen de esta entidad es político. Así está consagrado en la Constitución: quienes presentan los candidatos son los partidos y movimientos políticos, aunque ello no signifique que lleguen a su cargo a hacerles mandados a esos partidos. Para ellos también rige el mandato del artículo 123 de la misma Carta Política que establece que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento”.

Para ser elegido magistrado del CNE se requieren los mismos requisitos que para serlo de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no implica que el CNE sea una corte, pues no es autoridad judicial, sino administrativa.

Y las competencias que tiene a su cargo son muy relevantes: inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos; ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral; velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; velar por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales con plenas garantías. La Constitución le otorga también potestad de iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley en las materias de su competencia.

En los últimos tiempos, y contraviniendo el mandato de que sus facultades se deben ceñir a lo dispuesto taxativamente en las leyes, el CNE ha caído en la tentación de extender sus competencias y ha expedido normas que buscan un control de los contenidos informativos de los medios de comunicación. Lo hizo antes del plebiscito sobre los acuerdos de paz (octubre de 2016) y lo hizo recientemente antes de la consulta popular anticorrupción. Esas facultades autoconcedidas van en contravía de la Constitución. Ojalá los nuevos magistrados reviertan esta extralimitación de funciones y se dediquen a cumplir a cabalidad los cometidos que la legislación vigente les encomienda.

Y a propósito del acto de posesión de magistrados electorales ayer, el presidente Iván Duque expresó su voluntad de que a partir de las elecciones regionales del año entrante el voto preferente se elimine. Es decir, los electores ya no escogerán el candidato de sus preferencias dentro de la lista del partido, sino que votarán por el partido como tal, como se hacía décadas atrás.

Luego de muchas reformas electorales -la más reciente es de 2015- los gobiernos y el Congreso siguen ensayando fórmulas, que muestran su efímera utilidad en cada proceso electoral y que es reformulado para los siguientes, reforma tras reforma, sin que se haya logrado la deseable estabilidad que el modelo requiere.

Las propuestas que hizo la Misión Electoral Especial hace menos de dos años no fueron tenidas mayormente en cuenta. Ahora se anuncian nuevas iniciativas. Mientras mayor cantidad normativa haya, menor claridad práctica tienen los electores y más confusión a la hora de votar. Tal profusión de reformas dañan la credibilidad del sistema electoral colombiano.

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