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Aunque al comienzo de las deliberaciones de la Comisión de Concertación Laboral para la fijación del salario mínimo para el año 2015 las diferencias entre las demandas y las ofertas de los trabajadores y los empresarios eran muy amplias, las gestiones del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, consiguieron reducirlas a solo un punto porcentual.
Sin embargo, el acuerdo entre las partes nunca llegó y el Gobierno se vio obligado a fijar dicho salario por decreto.
El salario mínimo mensual para este año es de 644.350 pesos, lo que representa un aumento de 4,6 por ciento con respecto al vigente en 2014. El subsidio para el transporte tuvo un aumento de 2,7 por ciento, quedando en 73.944 pesos.
Según el ministro Garzón, el principal interés del Gobierno con el valor decretado es “no perder el poder adquisitivo” ya que se estima que la inflación en 2014 será de 3,6 por ciento, lo que asegura un margen de un punto porcentual de aumento en el salario mínimo real.
El incremento final adoptado está más cerca de la oferta final de los empresarios (4,5 por ciento) que de la última posición de los trabajadores que fue de 5,5 por ciento.
En la decisión gubernamental muy seguramente pesó no solo el interés de mantener el poder adquisitivo del mínimo sino que, frente a la muy probable desaceleración de la economía este año y del impacto negativo de la reforma tributaria sobre el empleo, resulta importante preservar su dinámica de generación.
Precisamente, según el Dane, la tasa de desempleo mantiene tendencia a la baja. En noviembre de 2014 se ubicó en 7,7 por ciento. Para dicho mes, este nivel resulta ser es el más bajo de los últimos 14 años.
A pesar de la creciente creación de empleo, el país sigue estando rezagado no solo respecto a la media latinoamericana sino que los fenómenos del desempleo y la informalidad mantienen a un número muy importante de colombianos marginados de la ruta del progreso y el bienestar.
En esto, como lo muestra el Consejo Privado de Competitividad, tiene que ver, en parte, el manejo que en el pasado se le ha dado al salario mínimo, el cual ha presentado incrementos mayores a los que debería tener si dichos aumentos se hubieran ceñido a los registrados por las variables que hacen parte de la fórmula para su determinación.
Esto tiene un impacto negativo sobre el mercado del trabajo y afecta tanto a los trabajadores que reciben el salario mínimo como a aquellos que perciben una remuneración por debajo del mismo.
Para corregir esta situación, diferentes entidades (como la Ocde) y analistas han sugerido diversas fórmulas de ajuste al salario mínimo. Entre las propuestas están la de limitar el incremento del mínimo a la inflación y la de implementar un salario mínimo diferencial por regiones (por ejemplo, urbano y rural), o por edades.
De adoptarse dichas propuestas se conseguiría que el mínimo, antes que obstaculizar el desarrollo y la flexibilización del mercado laboral como ocurre ahora, se convierta en un instrumento de promoción de la generación de empleo y la reducción de la informalidad.
Adicionalmente, se contaría con un mejor marco de políticas laborales que haría más pertinentes y eficaces las deliberaciones de la Comisión de Concertación Laboral. De otra manera se continuará con la racha de frustrantes encuentros que terminan en decretos gubernamentales.