Editorial

No impunidad por amenazas a la prensa

Las penas para quienes amenacen periodistas fueron aumentadas. La gravedad de los hechos de los últimos meses es la misma, sea que los amenazados trabajen en la capital o en el resto del país.
No impunidad por amenazas a la prensa
ilustración esteban parís Publicado el 12 de agosto de 2018

Esta semana la Fiscalía anunció que estaban plenamente identificados quienes, a través de redes sociales, amenazaron a los periodistas María Jimena Duzán (columnista de la revista Semana) y Luis Carlos Vélez (director de La FM, de RCN). Y aseguró que están muy próximos a dar con el paradero de quienes hicieron otro tanto con Yolanda Ruiz (directora de noticias de RCN Radio).

Junto con ellos, en una racha perversa ocurrida en los últimos meses, han sido objeto de amenazas, insultos y coacciones otros periodistas no solo de Bogotá, sino del resto del país. Hay zonas que, suficientemente conocidas por las autoridades, son verdaderos campos minados para el ejercicio del periodismo libre, responsable y crítico.

La Fiscalía asegura que tienen unos protocolos ya establecidos para actuar de forma inmediata cuando ocurran estas amenazas. Preocupa, sí, que la eficacia en la investigación de estos delitos dependa del lugar donde resida el periodista amenazado. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión lo han denunciado repetidas veces. Y hay que insistir en ello: no puede ser que la vulneración a los derechos fundamentales quede impune cuando quien las sufre ejerce su oficio y su misión informativa y opinadora en las ciudades y poblaciones alejadas del centro político del país. La eficacia de las autoridades (policiales y judiciales) debe ser garantizada en todo el territorio nacional. Tanto vale la libertad e integridad personal del periodista ubicado en la capital del país como las de quien ejerce en Casanare, Córdoba o Urabá.

En este entorno de coacciones e intimidaciones es positivo, por supuesto, que las autoridades hayan dado con quienes habrían hecho las amenazas en los casos que citamos al principio. Hay que confiar en que la investigación, aparte de rápida, haya sido llevada con todo profesionalismo y que las pruebas sean sólidas. Aclaró la Fiscalía que las dos personas involucradas (una de Medellín y la otra de Leticia) no pertenecen a organizaciones criminales.

Sean de grupos criminales o no, todas esas amenazas deben tomarse en serio e investigarse y sancionarse con el mismo rigor. En el caso de los individuos que, aisladamente, desde el anonimato cobarde, envían tales amenazas, ya no cabe la disculpa de que lo hicieron en momentos de irreflexión o al calor de una supuesta indignación por opiniones de esos periodistas, que no les gustan o no van en el mismo sentido que las suyas.

Los periodistas que han padecido esas amenazas desarrollan su oficio a cara descubierta, con sus nombres visibles, poniendo sus firmas y responsabilizándose de los que informan y opinan, en ejercicio de una misión socialmente necesaria. Quienes amenazan, por el contrario, lo hacen agazapados bajo alias y seudónimos, escondiéndose en lo que creen impunidad de la maraña de las redes sociales. Lograr pruebas de sus delitos es difícil para las autoridades, pero se pueden lograr.

No está de más recordar, de nuevo, que el pasado 9 de julio entró en vigor una reforma legal que dispone que incurre en delito todo aquel que “por cualquier medio atemorice o amenace a un periodista o a sus familiares, en razón o con ocasión de la función que desempeñe” (Art. 347 nuevo del Código Penal), y la pena de prisión imponible va desde los 64 a los 128 meses. Naturalmente, la pena de prisión no debe ser el principal elemento disuasorio, pues lo primero debería ser la conciencia ciudadana de que en una democracia no hay razón ni justificación alguna para amenazar a quien opina distinto o tiene otra posición doctrinal o política.

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