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El Concejo de Medellín aprobó, finalmente, las facultades extraordinarias solicitadas por el alcalde Aníbal Gaviria, que lo habilitan para que en un plazo de cuatro meses, haga toda una serie de modificaciones adicionales a entidades del municipio, dentro de lo que ha dado en llamarse modelo de conglomerado público.
El debate fue intenso y dio para todo. Desde bravuconadas de arrabal con concejales gritando y amagando agresión física a otros, hasta manifestaciones de soberbia de funcionarios de la administración municipal que parecían indignarse porque la ciudadanía ejerciera un derecho fundamental: inquirir, cuestionar y pedir razones a quienes buscan su voto en épocas electorales sobre por qué toman determinadas decisiones.
Grave error comete la administración de Medellín, y su alcalde, al despachar los interrogantes como si fueran impertinencias de gente mal informada, o peor, ignorante. Pues en el raudo trámite que la mayoría de concejales de la coalición prefirió imprimirle al “proyecto de Acuerdo Municipal 300” hubo argumentos y cuestionamientos que eran perfectamente legítimos y atendibles. Y que se respondieron de manera francamente endeble.
No todos los concejales que apoyaron la solicitud del alcalde pueden etiquetarse de regalados, así como tampoco todos los opositores al proyecto pueden erigirse en salvadores de la ciudad. Pero sí hay que hacer un reconocimiento a los corporados que no se resignaron a aprobar mansamente atribuciones con las que no estaban de acuerdo, y que reivindicaron las competencias que por su naturaleza debía ejercer el Concejo de la ciudad. La extensión de esos cheques en blanco a los alcaldes desmerecen la representatividad que los ciudadanos confían a sus concejales al votar por ellos, y traslada una sensación de declinación de sus responsabilidades.
Ya en 2012 el alcalde Gaviria Correa había pedido, y obtenido del Concejo, facultades para reorganizar toda la estructura de la administración municipal. Allí nacieron las Vicealcaldías, que entre otras cosas añadieron un escalón burocrático más entre los secretarios del Despacho y el alcalde. A falta de datos más precisos sobre su eficacia y verdadera utilidad, al final queda una profusión de cargos públicos y una dualidad de funciones que dejan muchas dudas.
Con este Acuerdo 300 el alcalde Aníbal Gaviria podrá “adecuar la estructura de la Administración Municipal” para efectos de implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que efectivamente, ante la abundancia de normas y procedimientos, requiere un sistema institucional eficaz, más que robusto.
Además, podrá el alcalde “crear y modificar” establecimientos públicos y empresas industriales del municipio. Dice el Acuerdo que “no se incrementará el valor de la nómina”, subterfugio que no es lo mismo que decir que no vaya a haber más burocracia, pues no se incluye en tal concepto la eventual nómina paralela constituida bajo la forma de contratos de prestación de servicios.
Dice el alcalde Gaviria que “no gobernamos para la galería ni atendiendo coyunturas electorales”. Lo primero es perfectamente desvirtuable y lo segundo estará bajo la lupa de una ciudadanía vigilante.
A veces pareciera primar un sentimiento de que somos una ciudad rica. Y ese nuevorriquismo lleva a hacer gastos que no son prioritarios, o a incurrir en gestos oportunistas como anunciar una “Gerencia para la Bicicleta”. Ojalá con este cheque en blanco del Concejo al Alcalde no prevalezca la obnubilación de querer ser ante todo “innovadores” más que sensatos y responsables.