Editorial

No más violencia juvenil

El gravísimo episodio de agresión entre escolares, esta semana, debe suscitar jornadas intensas de reflexión sobre la tarea de instituciones, maestros y padres ante el rumbo de niños y adolescentes.
No más violencia juvenil
ilustración esteban parís Publicado el 04 de febrero de 2018

El arrepentimiento y el pedido de perdón públicos, así como las consecuencias judiciales inevitables, tras la agresión de una estudiante a otra, ante la mirada cómplice, por acción u omisión, de una veintena de testigos, debe convertirse en un punto cero que lleve a la sociedad antioqueña y colombiana a preguntarse por el rumbo que transitan cientos de escolares del país convencidos de que la violencia puede ser el mecanismo para resolver sus conflictos y diferencias con otros menores en sus entornos educativos y sociales.

El primer paso, urgente, de todos los que deben darse para desactivar estas manifestaciones de fuerza, de irrespeto a las normas dentro de escuelas y colegios y en el contexto de un Estado de Derecho, les corresponde a las directivas y maestros y a los padres de familia, para que asuman con autoridad manifiesta e irrenunciable su deber de normar a los jóvenes.

Reedificar moral y éticamente a Colombia tiene base y principio en los años clave de formación de los individuos, en dos espacios de socialización temprana fundamentales: la familia y la vida escolar. Lo ocurrido con las estudiantes, en inmediaciones del campus educativo, ante la mirada apenas espectadora de un grupo numeroso de alumnos y curiosos, revela no solo insolidaridad e indiferencia sino la preocupante validación de que lo que ocurría era aceptable y corriente.

Las lógicas del pandillerismo callejero también parecen estar imponiéndose en los ambientes estudiantiles. Un grupo de chicos que se cree por encima de los marcos normativos, que percibe la debilidad del sistema para sancionar y que por ello actúa confiado en que tendrá el cobijo de la impunidad, en todo nivel: familiar, escolar y social.

Estas manifestaciones de temprana proclividad delictual, además de ser la constatación de un medio familiar y escolar laxo, sin límites ni limitaciones, sin controles y sanciones, son una proyección de un modelo de gobierno y leyes incapaz de disuadir, investigar e impartir justicia de manera oportuna, imparcial y efectiva.

Por eso con la dureza que implica y exige este episodio, que raya con conductas penales como la tentativa de homicidio, debe desembocar en acciones judiciales prontas.

Hay por supuesto en este caso matices y valoraciones que el sistema judicial sabrá sopesar respecto de aquella inmadurez propia de las protagonistas, resultado tanto del descuido y la inacción de la autoridad escolar y familiar, como de la formación adecuada del sistema y el ejemplo social rampante de ilegalidad y justicia por manos propias que prolifera en la sociedad colombiana y sus ciudadanos.

La agresión de unas escolares a otra, frente a la cual hay ya algunas reacciones y mensajes mucho más desalentadores de venganza y amenazas de muerte, no puede convertirse en mera lapidación comunitaria y mediática para las menores infractoras, sino que debe ser asumido con la profundidad, seriedad y respaldo profesional con que un sistema robusto de derecho debe abordar estos casos, para revertir su efecto y convertirlos en puntos de partida de correctivos y mejoras.

No puede creer Colombia que es el primer caso de este tipo. Es solo que ahora se vehicula y publicita en las redes sociales. Hay decenas de otros gravísimos antecedentes. Lo que tiene que quedar claro es que no pueden repetirse en el ambiente de aceptación e impunidad en que vienen ocurriendo.

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