Editorial

Odebrecht en las campañas

Las dos principales campañas del 2014 tendrán que aclarar si tuvieron financiación de Odebrecht. Debe ser la Fiscalía, más que el CNE, quien recoja pruebas.
Odebrecht en las campañas
ilustración esteban parís Publicado el 09 de febrero de 2017

Fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien ya entrando la noche del pasado martes, 7 de febrero, leyó lo siguiente en alocución pública: “se ha establecido que de dicho monto (4,6 millones de dólares), el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña “Santos Presidente-2014’”.

Comenzar diciendo que la Fiscalía “ha establecido” tal hecho, y luego usar el condicional “habría” para referirse al beneficio a “la gerencia de la campaña”, fue apenas el primero de la serie de apresuramientos que hoy tiene sumido el ambiente político en la mayor confusión. Y la intervención de ayer, donde intentó matizar las cosas al decir que no había pruebas documentales de tal beneficio monetario a la gerencia de la campaña reeleccionista por parte de Odebrecht, ayudó aún menos a abrir vías de claridad en las denuncias.

Todo este episodio vuelve y exhibe varias de las contradicciones del ejercicio electoral y político en el país. Tan pronto el fiscal lanzó semejante afirmación, con repercusiones en la prensa internacional, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, salió no a respaldar al presidente sino a aclarar que él nunca tuvo nada que ver “en el manejo de la tesorería ni en la financiación de la campaña”. Tanta prisa para exculparse de cualquier asomo de señalamientos también la intentó matizar ayer, al encabezar el comunicado del Consejo de Ministros abogando por la pulcritud de la campaña reeleccionista de 2014.

Por otro lado, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso (ver Contraposición) culpó al uribismo de esta operación de descrédito y clamó indignado contra la tentación de darle crédito “a la palabra de un delincuente que busca beneficios judiciales”. Lamentablemente, como él bien lo debe saber, delincuentes que buscan beneficios penales han sido ampliamente amparados, acogidos y promovidos por la justicia, los políticos y sectores de la prensa cuando se trata de encartar judicialmente a opositores políticos.

Es cierto que eso es una desgracia para un sistema democrático, para las reglas del Estado de Derecho. Las responsabilidades penales y políticas deberían fundarse en pruebas más sólidas que el solo testimonio, siempre interesado y parcial, de quienes violaron las leyes. Pero no se puede incurrir en la contradicción de celebrar la incriminación de los adversarios y condenar las que afectan al propio sector, cuando la reserva ética debe ser igual.

El ex senador Otto Bula, hasta hace pocas semanas un completo desconocido para la opinión nacional y hoy el mayor factor de amenaza para múltiples protagonistas de la vida pública, estaría colaborando con la Fiscalía. Lo que dijo es que entregó un dinero a un intermediario del gerente de la campaña reeleccionista. La Fiscalía habla que el beneficiario de ese dinero habría sido “la gerencia de la campaña”, término ambiguo que no se sabe si es lo mismo que decir que el dinero entró en efecto a la contabilidad. El gerente Roberto Prieto desmiente este aporte concreto.

La Fiscalía tiene que buscar mayores pruebas y determinar, si el dinero entró, qué pasó con él. O quién se quedó con esa suma. No va a ser el Consejo Nacional Electoral el que desentrañe esta urdimbre de giros cruzados. No tienen ni capacidad forense para hacerlo ni credibilidad.

Quedan, así, las dos principales campañas presidenciales de 2014 inmersas en múltiples interrogantes y cuestionamientos. Ninguna puede tirarle la primera piedra a la otra.

Va siendo patente que un pulpo internacional tuvo honda capacidad de corromper y comprar las dóciles conciencias de funcionarios, lobistas e intermediarios conectados muy directamente con el poder político. Esta es una investigación que apenas comienza para arrojar verdades y evidencias que podrían, con las diferencias obvias del origen de los recursos, repetir el vergonzoso itinerario de corrupción política y electoral sufrido por Colombia entre 1994 y 1998.

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