Editorial

Presupuesto, apretón en inversión

El proyecto de Presupuesto para 2018 ha generado múltiples reacciones en diversos sectores. Con la aprobación del monto total, se viene un intenso debate y cabildeo para definir su distribución.
Presupuesto, apretón en inversión
ilustración esteban parís Publicado el 14 de septiembre de 2017

Con la aprobación del monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2018 por un valor de 235,6 billones de pesos, el Congreso de la República dio el primer paso en la discusión y definición del mismo.

Según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el monto aprobado representa, con respecto al PGN vigente de 2017 (que es de 233,1 billones de pesos), una disminución en términos reales, pues el incremento nominal del 1,0 por ciento está por debajo de la inflación proyectada para 2018 que es de 4,1 por ciento.

De otra parte, el Gobierno resalta el hecho de que el Presupuesto del próximo año está en línea con lo establecido en la Regla Fiscal en el sentido que se debe reducir el déficit fiscal. En particular, este debe pasar del 3,6 por ciento del PIB en 2017 al 3,1 por ciento en 2018.

Con ello, según el Gobierno, se les quiere dar un mensaje a los agentes del mercado, a los inversionistas y a las calificadoras de riesgo de que Colombia cumple rigurosamente con la sostenibilidad fiscal. Ello es determinante para generar confianza entre los diversos actores y para mantener la calificación crediticia.

Sin embargo, no se sabe aún cómo van a reaccionar las calificadoras a estos anuncios, algunas de las cuales han mostrado sus inquietudes sobre el financiamiento del PGN para 2018 y 2019.

A esto se le suman las opiniones de algunas entidades, como Anif y Fedesarrollo, que ponen de presente que el Gobierno que resulte electo el próximo año deberá enfrentar una retadora y compleja situación fiscal y tributaria.

Con la aprobación del monto total del Presupuesto lo que sigue para el Congreso y el Gobierno es entrar a afectar la distribución inicial presentada por el Ministerio de Hacienda y la que, como es de conocimiento público, ha generado múltiples expresiones de rechazo por parte de diversos sectores.

Frente a las conocidas rigideces del Presupuesto General de la Nación y a las restricciones que le impone la Regla Fiscal, la recomposición no parece fácil, pues es claro que la gran mayoría de sectores van a sufrir recortes y todos quieren, en su legítimo deseo, salir lo menos afectado posible.

Esto abre la puerta a las presiones de diversos grupos, incluidos los ministerios, las entidades gubernamentales y los propios congresistas (que desde ya están inmersos en las primeras de cambio de las elecciones del año entrante), lo que augura que la distribución final no será la más eficiente ni la que responda de la mejor forma a las prioridades de desarrollo.

El principal problema que tiene el Presupuesto de 2018 consiste en que, a pesar de los ajustes en los gastos de operación, la inversión sufre un recorte de 5,5 billones de pesos.

Para una nación en desarrollo y que enfrenta múltiples retos en materia económica y social, es indeseable que la inversión pública se contraiga y más en momentos en que la economía no marcha bien y que se quieren concretar los esfuerzos de paz en un proceso exitoso de posconflicto.

Bien le haría al país que la Comisión de Estudio del Gasto Público diera a conocer su diagnóstico sobre la materia y presentara algunas recomendaciones al Congreso y al Gobierno de cómo proceder para acabar con las ineficiencias y las malversaciones que se presentan en el gasto público.

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