Editorial

Santos, poderes y letra menuda

El presidente de la República no tiene contrapoderes hoy, y con las facultades legislativas para la paz concentrará aún más poder. Solo se supedita a una Comisión de la que harán parte las Farc.
Santos, poderes y letra menuda
ilustración esteban parís Publicado el 30 de septiembre de 2016

Estamos a dos días de la celebración del plebiscito que habrá de refrendar los Acuerdos entre el Gobierno colombiano y las Farc “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Se han hecho esfuerzos, unos más provechosos que otros, para que los colombianos aptos para votar (34’899.945, según el dato consolidado de la Registraduría) conozcan los términos de lo acordado y la magnitud de los compromisos. Las 297 páginas, en suma, que traen los textos.

No obstante, los colombianos deben sumar a lo anterior otro texto cuyo conocimiento debería estar al mismo nivel que el acuerdo firmado el pasado lunes: el del Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, que crea el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz y otorga poderes legislativos sin antecedentes al presidente de la República.

La publicidad oficial se ha concentrado en los puntos más importantes de los Acuerdos de La Habana, pero ha soslayado los alcances de este Acto Legislativo, que entrará en vigor si en el plebiscito se aprueba el Acuerdo Final. Es decir, si el Sí gana el domingo, el Acto Legislativo comenzará a aplicarse. Y con él, disposiciones que recortan severamente las competencias del Congreso, condicionan las de la Corte Constitucional y amplían hasta horizontes nunca vistos en los últimos 63 años los poderes del Jefe del Estado.

El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz habilita al presidente de la República a presentar proyectos de ley y de reformas constitucionales para “agilizar y garantizar” la implementación de lo acordado con las Farc. Estos proyectos tendrán trámite preferencial, con prelación sobre cualquier otro asunto del que se ocupe el Congreso.

Los proyectos serán presentados exclusivamente por el Gobierno, y el Congreso solo podrá hacerles modificaciones que “se ajusten al contenido del Acuerdo Final” y que “cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”. El Congreso será parecido a un formalizador de la voluntad soberana no del pueblo, sino del poder Ejecutivo.

Pero también a la Corte Constitucional se le imponen limitaciones que, hasta ahora, ella misma nunca ha aceptado. Por ejemplo, que el control constitucional de las reformas constitucionales solo se haga por vicios de procedimiento. O que los tiempos para el examen de constitucionalidad se reduzcan a la tercera parte, sin posibilidad de prórroga. ¿Qué pasa si no lo hacen en ese plazo reducido? ¿Se deduce una exequibilidad inmediata?

Una advertencia final que los colombianos tendrán que tener en cuenta: el punto 6 del Acuerdo Final, el más desconocido y el menos publicitado, consagra una Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación, así como de Resolución de Diferencias (CSVR). La integran tres miembros del Gobierno, tres de las Farc, con acompañamiento de Cuba, Venezuela (países no democráticos) Chile y Noruega. Pues bien, es esta Comisión la que deberá decir si los proyectos presentados por el presidente de la República se ajustan al Acuerdo Final (ver punto 6.1.6, págs. 174 y siguientes). No es inexacto decir que las Farc, asesoradas por dos regímenes que no respetan los derechos humanos, tendrán capacidad de iniciativa y revisión sobre la legislación que se expida para la implementación y cumplimiento de los acuerdos. Que traen asuntos tan cruciales como una nueva jurisdicción que prima sobre la Rama Judicial, o las condiciones sobre amnistías e indultos.

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