viernes
7 y 9
7 y 9
La decisión que adoptó el Consejo de Estado de conceder medida cautelar por medio de la cual se suspende temporalmente la subasta para la venta de las acciones que la Nación tiene en Isagén constituye para el Gobierno un nuevo tropiezo en este accidentado proceso.
La subasta estaba programada para realizarse ayer, y a ella iban a presentarse tres empresas internacionales (GDF Suez, de Francia, Colbún, de Chile, y Brookfield, de Canadá) que expresaron su interés en adquirir el paquete accionario y para ello habían constituido la respectiva póliza de seriedad de la oferta.
Según el Consejo de Estado, “la medida se tomó no propiamente por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad sino para evitar posteriores y eventuales daños al interés público en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados y, luego, el Consejo de Estado declarara la nulidad de los actos que autorizaron la venta”.
Seguramente es lo que corresponde en derecho, pero con esta decisión se aplaza, por varios meses, el proceso de venta de Isagén. Y al tiempo se pone en jaque el programa de infraestructura vial de las 4G en el cual el Gobierno ha puesto tanto empeño, pues no solo ayuda al desarrollo y la competitividad del país, sino que, junto a la construcción, debe convertirse, en el corto plazo, en el principal motor de la economía que, como se sabe, se viene desacelerando.
A pesar de los seguros beneficios que para el país representa el desarrollo de la infraestructura vial y de lo crítico que resulta el atraso que en esta materia se tiene, durante las últimas semanas arreciaron las críticas y las acciones políticas y legales en contra de la venta de la participación de la Nación en Isagén.
La falta de crecimiento de muchos países, incluidos los latinoamericanos, ha motivado que diversas entidades internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, enfaticen la necesidad de desarrollar la infraestructura vial.
En varias ocasiones el FMI le ha llamado la atención a Colombia para que acelere su programa vial de las 4G. Precisamente, en días pasados sus directivas urgían al Gobierno para que pasara de los planes y las palabras a la acción, al tiempo que le recordaban cómo esta estrategia tiene un poderoso y amplio efecto sobre la economía, pues la dinamiza, genera empleo y apalanca la productividad.
Dado lo inconveniente y costoso que resulta para el país la incertidumbre sobre el proceso de venta de Isagén, cabe preguntarse si el Gobierno ha contemplado la opción de recurrir a algún tipo de financiamiento puente que garantice que el cronograma de implementación del programa de las 4G no se detenga.
Alternativamente, y dada la creciente oposición a la venta de Isagén, el Ejecutivo debería recurrir a otra fuente de financiamiento que no genere tanta resistencia pues, por encima de la satisfacción de ganar una batalla política y legal, deben prevalecer los grandes beneficios sociales y económicos que se obtienen de asegurar el avance de la infraestructura.
Sería conveniente, también, que la pluralidad de parlamentarios que se han opuesto a la enajenación de Isagén propongan fórmulas alternativas viables, no limitándose solo a criticar la venta y a firmar manifiestos, y ojalá distintas a buscar esos recursos fiscales faltantes en los ya exprimidos bolsillos de los asalariados colombianos.