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Al cumplir tres meses de trabajo, la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria presentó su primer informe de actividades. Este se concentra en hacer un amplio y detallado análisis de la situación del sistema tributario nacional y territorial.
La Comisión señala cómo las reformas de los últimos tiempos han creado un sistema tributario altamente complejo y un régimen normativo extenso, con múltiples imprecisiones y que “no ofrece la certeza y el marco de seguridad necesarios para adelantar adecuadamente actividades económicas”.
A su vez, el esquema tributario es insuficiente en materia de recaudo y “no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”.
El grupo de expertos estima que, para cumplir con el compromiso de la regla fiscal, el Gobierno va a necesitar, en los años 2018 y 2020, recursos adicionales cercanos a 1.5 por ciento del PIB y 3.3 por ciento respectivamente.
Este cálculo no incluye otros gastos previsibles, como los asociados a un eventual postconflicto y a las mejoras que se requieren en asuntos sociales (salud, educación, niñez, vejez y sector rural).
A pesar de que por muchos años el país ha eludido la adopción de una reforma estructural, el diagnóstico de la Comisión Tributaria deja en claro que dicha reforma deberá ser realidad más pronto que tarde.
Según los expertos, esta deberá guiarse “por los principios de suficiencia en el recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical y eficiencia económica y administrativa”.
Por mucho tiempo, diversos académicos y las entidades internacionales (como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial) han abogado por la realización de este tipo de reformas. Ahora hay otros actores sociales, como el sector empresarial, que ven cómo la actual estructura tributaria del país está ahogando a las empresas y acabando con los negocios.
Como lo ha ilustrado este diario en sus páginas económicas, la alta carga tributaria está afectando la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas e impacta sus expectativas de desarrollo futuro.
Aunque el tema de un mayor recaudo es de gran importancia, no debe perderse de vista que igual esfuerzo se tiene que hacer en materia de gasto público. En este sentido, la Comisión señala que “para cerrar el faltante de ingresos puede contribuir más al crecimiento económico la eliminación de gasto público ineficiente e inequitativo que un aumento en tributos”.
De igual manera, se hace necesario atacar sin contemplaciones la evasión y la elusión tributarias. Allí hay una importante fuente de recursos que puede ayudar para que el ajuste no sea tan drástico.
El mensaje que se deduce del detallado informe de la Comisión es que el Gobierno y el Congreso están indefectiblemente obligados a presentar y tramitar una reforma tributaria estructural a la mayor brevedad posible.
Seguramente, diversos sectores tratarán de evitar perder las exenciones y los privilegios tributarios de los que disfrutan. Otros impedirán ser afectados con nuevos tributos. Al tiempo, habrá quienes reciban con beneplácito que no sean ellos los únicos que, a cuenta de las inequidades existentes, carguen con el mayor peso del recaudo.
En fin, la discusión de este tipo de reformas está llena de riesgos políticos. Ello hace necesario que el Gobierno y el Congreso actúen con alto sentido de responsabilidad, pues el futuro económico del país está ligado a la suerte de la reforma tributaria estructural.