Editorial

Una delincuencia debilitada

Los 3 últimos años, estructuras criminales del Valle de Aburrá como la llamada “Oficina” y el “Clan del Golfo” enfrentaron operativos y capturas que sometieron a una peligrosa generación de jefes.
Una delincuencia debilitada
ilustración esteban parís Publicado el 06 de marzo de 2018

Contra los pronósticos más escépticos, los de sus críticos e incluso los propios, las autoridades de gobierno y policía de Medellín y su área metropolitana completan un lustro de golpes estratégicos, sostenidos, a la cúpula de las dos superestructuras que controlan el grueso del crimen organizado regional: “la Oficina” y “el Clan del Golfo”, aunque esta última resguarde su núcleo principal en los municipios del Urabá chocoano, cordobés y antioqueño.

Si se repasan las cúpulas de las dos organizaciones, es posible confirmar la caída (captura, entrega, extradición o abatimiento) de más del 60 por ciento de los integrantes de sus brazos militares. A la par, fueron arrestados, entre otros, José Bayron Piedrahíta, Javier García Rojas y Juan Santiago Gallón Henao, señalados por autoridades colombianas y de Estados Unidos como capos en el lavado de activos y las redes del narcotráfico.

Sin aparato financiero y rentas millonarias la delincuencia organizada deja de ser atractiva. Podría pensarse que pasa a ser una “empresa cada vez más inviable”. Pero sin sus cabecillas más fogueados, el crimen pierde orden y jerarquías, se atomiza y entra en estadios caóticos de disputas internas. A la criminalidad del país y del Valle de Aburrá aún la alimenta la poderosa multinacional del narcotráfico, en un renovado auge de cultivos ilícitos y sobreoferta de drogas en las calles, dentro y fuera de Colombia. Pero también es cierto que los jefes de las bandas criminales son cada vez más obsolescentes. Sus reinados se acortan.

La reciente captura de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “Elkin Triana”, y la detención en diciembre pasado de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, además de otros integrantes de la línea de mando de la organización “Caicedo”, son parte de los reveses, muy sensibles, sufridos por el hampa en el Valle de Aburrá.

Hay que dar crédito a la tarea paciente y de filigrana liderada por el gobierno de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía. Los críticos se empeñan en indicar que a la consecución de estos objetivos de alto valor les falta un trabajo paralelo de desmantelamiento de las redes financieras, y que a cada uno de los jefes tras las rejas les llega un remplazo inmediato. Pero la inteligencia policial tiene establecido que de los períodos de 15 y 10 años en que conservaron su poder los carteles de Medellín, Cali, la Costa y el Valle, junto a sus bandas criminales satélites, les han sobrevenido en el nuevo milenio cúpulas que en promedio apenas logran mantenerse al mando entre cuatro y seis años.

La mayor rapidez con que se agotan los ciclos de jefes de esos grupos está desencadenando vendettas y reacomodos en un ambiente mafioso cada vez más fragmentado. Es el punto de quiebre que tanto se ha señalado para que el Estado tome la iniciativa y la delantera en esta lucha, para impedir que sean las bandas las que impongan los tiempos y las estrategias de estructuración de las economías criminales y de sus circuitos en el mapa urbano.

Una de las falencias posteriores a las operaciones está en el sistema judicial, con las bajas penas impuestas y el pobre control dentro de las cárceles para que esos cabecillas, como aún lo hacen, no continúen gobernando desde sus lugares de reclusión los combos y las bandas que operan en el Aburrá y el país.

Es momento de respaldar y ahondar la lucha gubernamental y policiva contra organizaciones que ahora temen y no logran descifrar el siguiente golpe de las autoridades.

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