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En las últimas tres semanas, diez personas condenadas por diversos delitos y a las que se les concedió en beneficio de detención domiciliaria portando un brazalete electrónico, han sido capturadas en la calle por las autoridades. Pero lo más bochornoso es que han sido capturadas mientras delinquían. Es decir, incumpliendo los compromisos impuestos por la justicia, que se vuelve objeto de burla y escarnio.
Por otra parte, la Contraloría advirtió que el Gobierno pagó más de dos mil millones por brazaletes que no están operativos. Por lado y lado esta política está fallando.