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Es necesario que las autoridades se pongan al frente del control en sectores como San Javier, Robledo y Castilla, donde las bandas criminales presionan a los transportadores, y en especial a los conductores, para que paguen vacunas y puedan ejercer un oficio indispensable para la gente.
Las comunidades están sufriendo las extorsiones a los vehículos de servicio público y deben movilizarse con miedo y sufrir los traumatismos propios de la parálisis, con costos mayores y rutas más largas en distancias y tiempo. Se requiere que Policía y Fiscalía actúen contra este flagelo.