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Cuando la Corte Constitucional recortó el mecanismo del fast track en el trámite de leyes en el Congreso, el Gobierno dijo que acataba esa decisión y que ella no afectaba realmente los acuerdos de paz.
Ahora se anuncia que, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, van a solicitar la nulidad de tal sentencia. Venimos a enterarnos, pues, que esa Agencia sirve para resolverle problemas políticos al Ejecutivo. Pero lo que más grima da es ver los argumentos para pedir la nulidad, dirigidos a cuestionar el papel del magistrado Carlos Bernal, ternado por el presidente.