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Las cinco “guerras” que Juan Manuel Santos no ha podido ganar
Son temas en los que se ha comprometido a dar resultados ciertos. Sin embargo, los avances no se ven.
26 de julio de 2017
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A 377 días de terminar su mandato, el cronómetro de la era Santos comenzó a descontar y tendrá, exactamente, un año y 12 días para cumplir con sus promesas. Algunas de ellas, no solo no han registrado avances, la situación, en la actualidad, resulta más compleja que cuando se diagnosticó el problema por parte del mandatario.
Hoy las miradas se centran en el Acuerdo de paz, su implementación y en sacar adelante el proceso con el Eln. Pero a Santos le quedan otras “guerras” por finalizar que van más allá de silenciar fusiles. Lograr una reducción significativa en la tasa de deforestación, bajar las hectáreas de cultivos para uso ilícito, parar la degradación de la minería ilegal, cumplirles a los guajiros y a los chocoanos y, como prioridad, el tema del que más se habla en el país, bajar lo altos índices de corrupción en los que se han visto vinculados funcionarios de alto nivel de su Gobierno .
1. Las deudas históricas con La Guajira y Chocó
El gobierno Santos ha tratado de llegar a regiones apartadas del país como La Guajira y Chocó en donde a pesar de sus millonarias inversiones, los niveles de pobreza y de desigualdad siguen siendo los más altos del país. Por ejemplo, en Quibdó la pobreza pasó en 2010 de 53 % a 49 % en 2016. En el caso de Riohacha, pasó de 46,9 % en 2010 a 45,5 % en 2016. Líderes sociales, de ambos departamentos, han promovido, recientemente, paros con el fin de exigir inversiones puntuales relacionadas con vías, energía y acueductos.
De acuerdo con el DNP, en 2010 en La Guajira se invirtieron $380.090 millones, mientras que en 2015 se destinaron $680.556 millones, lo que representó un aumento en la inversión de 79 %. El rubro que más dinero ha tenido es el de educación con cerca de $401.000 millones. En Chocó, el presupuesto en 2010 fue de $347.761 millones y en 2015 fue de $888.255 millones, con un aumento de 155 %. Igualmente, el rubro en el que más hubo recursos es educación con $292.000 millones. En el caso de La Guajira, la semana pasada, Santos dijo: “Soy el primero en reconocer que nos falta mucho. Es claro que a pesar de los esfuerzos, tenemos que hacer más y lo haremos, de forma coordinada y efectiva. La pobreza sigue siendo un indicador muy alto”. Lo que es claro es que Santos tiene un año para cumplir con los compromisos hechos en ambas regiones.
En Chocó tendrá que dejar funcionando, por ejemplo, los acueductos de todos los municipios y terminar la vía Medellín-Quibdó. Y por el otro lado, la muerte de los niños guajiros por desnutrición deberá estar en cero.
El profesor de la Universidad de La Guajira, Abel Medina Sierra, explicó que el presidente ha tratado de hacer esfuerzos, pero que son insuficientes, como realizar la intervención de la educación, la salud y saneamiento básico. Indicó que la reforma a las regalías afectó la región porque dejaron de recibir el 70 % de los recursos. “Eso fue un golpe, nos dejó desfinanciados. Con esa plata se jalonaba la economía”. El tema de la corrupción también los ha golpeado ya que, según Medina, siete de los últimos ocho gobernadores están presos. “En La Guajira sentimos que Santos tiene sentimiento de culpa y por eso visita tanto el departamento. Eso no sirve de mucho, porque las grandes obras que necesitamos no aparecen, como terminar la carretera entre Valledupar y Riohacha o tener un verdadero sistema de acueducto”.
2. El silencioso avance de la deforestación
En el período 2005-2010, de acuerdo con el Ideam, se identificaron 1,4 millones de hectáreas deforestadas que representan un promedio anual de 281.947. El tope más alto, hasta ahora, de los niveles de degradación ha estado entre 2000-2005, período en el cual hubo, en total, 1.578.012 ha arrasadas que representan, anualmente, 315.602.
Durante la administración del presidente Santos los índices han estado relativamente estables. Pero, en 2016, se dio un repunte alarmante: pasó de tener 124.035 hectáreas deforestadas en 2015 a 178.578. Esto representó un aumento del 44 %. Aunque el Gobierno ha advertido que la cifra aún está entre los estándares que se han manejado, la magnitud del problema es alta si se considera que es como si durante 2016, el municipio de Dabeiba, Antioquia, hubiera sido borrado del mapa.
Las razones para este aumento van desde la construcción de carreteras, los incendios forestales, la ampliación de la frontera agrícola y los cultivos ilícitos. Para Omar Franco, director del Ideam, la cifra se encuentra en el promedio de lo que se ha manejado en el país. “Es una tendencia que no podemos permitir que aumente y por eso las políticas asociadas a cero deforestación que implementa el Gobierno son el camino que debemos seguir”, dijo Franco.
Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, puso en marcha una estrategia integral para el manejo de esta práctica, junto con la gestión de los bosques, como instrumento para disminuir la problemática y cumplir con la meta de reducción a cero deforestación en el 2030.
“El plan busca promover el uso sostenible de nuestras tierras como factor de desarrollo nacional y escenario de la consolidación de la paz. Debemos reconocer y empoderar formas de gobernanza en los territorios colectivos y fortalecer las acciones articuladas de control y presencia institucional en los focos que tenemos detectados en los que se da esta práctica”, enfatizó Murrillo.
Por eso se implementan acciones como el Programa Bosques de Paz, la formulación de 18 proyectos sostenibles en la Amazonia y nueve proyectos en el Pacífico para el fomento de la economía forestal. Es de anotar que las metas del gobierno Santos, van más allá de su administración ya que, básicamente, la labor del control la tendrá que hacer el próximo presidente debido a que la meta más cercana es llegar a 2020 con 50.000 hectáreas deforestadas. Gaël Giraud, economista jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo, dijo que el país debe tomar una decisión política de alto nivel como la implementación de un impuesto a quienes talen o incendien los bosques. “Si se consigue que este sea lo suficientemente alto, se disminuye esta práctica. Se debe garantizar la descentralización del Estado, sin corrupción y con instituciones fuertes, con el fin de que sean las autoridades locales y la comunidad las encargadas de cuidar los bosques”, afirmó el experto.
3. Minería ilegal y su devastación
Aunque desde el inicio de su presidencia Santos le declaró, literalmente, la guerra a la minería ilegal y comenzó una serie de operativos, en regiones como Chocó y Cauca, con la quema de maquinaria, esto parece no ser suficiente ya que en 2016, el 7 % de la deforestación, según el Ideam, fue por causa de la minería. El DNP reveló que entre 2010 y 2014 cerca de la mitad de los municipios del país habían sido afectados por la explotación ilícita de minerales comprometiendo, aproximadamente, 2.000 fuentes hídricas. Guaviare, Caquetá, Arauca, Putumayo y Meta son los departamentos con mayor porcentaje de municipios afectados.
En 2010, el 86 % del oro producido en el país provino de la ilegalidad, según Planeación. También señaló el DNP que en 2013, 58,7 toneladas del metal se produjeron en minas sin título y el 38 % de las regiones en conflicto sacó oro sin permisos, entre 2010 y 2014.
Para enfrentar esto, en julio de 2015 se lanzó una estrategia para combatir todos los eslabones de esta cadena delictiva, para lo cual se activaron la Unidad de Minería Ilegal de la Policía y la primera brigada en el Ejército Nacional, conformada por 500 hombres. Desde 2010 hasta mayo de 2016, se han intervenido 5.465 minas, dando como resultado un poco más de 10.000 capturas, según la Presidencia. De estas minas, 1.931 fueron intervenidas en 2015, con lo que se superó la meta de 682. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha aceptado que los impactos ambientales resultado de las prácticas ilegales no tienen precedentes en la historia del país. “Estamos comprometidos con la recuperación de los ecosistemas afectados, y con la implementación de programas de desarrollo sostenible para el sector y las regiones”.
Susana Vélez Haller, experta en manejo sostenible de los recursos naturales, indicó que contrarrestar los efectos de la minería en el país será un asunto de largo alcance y no será suficiente un año.
“Santos ha mostrado resultados en la lucha contra las estructuras criminales de la extracción del metal, lo que pasa es que los efectos ambientales y sociales que ha dejado toman tiempo. Recuperar las áreas degradadas es muy demorado”.
4. El repunte permanente de los cultivos ilícitos
El inicio del primer mandato del presidente Santos arrancó con 62.000 hectáreas de coca cultivadas en el país. Los índices más bajos los logró solamente durante dos años: 2012 y 2013; ambos con 48.000. Desde ese año hasta el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC, que se conoció el pasado 14 de julio, se mantuvo la tendencia creciente de esos cultivos. En 2015 ascendió a 96.084 y en el 2016 subió a 146.139. El incremento del 52 % de las plantaciones de hoja de coca se debe a tres factores: un plan de sustitución que brinda beneficios a los campesinos que erradiquen los cultivos, la eliminación de la fumigación con glifosato y la llegada de actores ilegales que, con el alto valor del dólar, ofrecen una mejor rentabilidad en el negocio ilegal.
Es de anotar que, en abril de este año, un fallo de la Corte Constitucional prohibió cualquier posibilidad de que vuelva a utilizarse la aspersión aérea del glifosato sumándose así a la decisión que tomó el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el mismo sentido. Con el fin de contrarrestar estas cifras, en mayo y acompañado por el Embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, el presidente Santos dio inicio en el municipio de Uribe (Meta), al más ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, cuyo propósito final es contribuir a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas. De acuerdo con el mandatario, los campesinos cocaleros siempre han querido salirse de ese negocio, “pero si no les dábamos una alternativa eso no era posible. Se requiere el apoyo de las comunidades ya que tienen que ser partícipes de este plan, que les va a significar, no les quepa la menor duda, un cambio de vida, para dejarles a sus hijos un futuro muchísimo mejor”.
En mayo de 2017, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito inició con 83.790 familias en 67.193 hectáreas de 13 departamentos.
La meta es ambiciosa ya que, según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la combinación de erradicación manual y de sustitución con planes de desarrollo alternativo permitirá arrancar 100.000 ha de coca, marihuana y amapola en el próximo año.
5. Corrupción
Las conductas corruptas no han sido exclusivas de la administración Santos. En el gobierno del expresidente Álvaro Uribe hubo hechos que marcaron la historia, como el de Agro Ingreso Seguro, en el que según la Contraloría hubo un desfalco cercano a los $13.000 millones. Para 2010 las contralorías del país investigaban irregularidades por el orden de los $4,2 billones. A Santos le reventaron hechos tan complejos como el de Odebrecht, en el que hay involucrados sobornos por 11 millones de dólares, y en Reficar se habla de un detrimento patrimonial de $17 billones. De acuerdo con Transparencia por Colombia, entre 2013-2016 el país se ubicó en riesgo medio de corrupción. Resaltó que entre 2013-2014, 26 entidades se encontraban en riesgo moderado, mientras que entre 2015-2016, 17 estuvieron en ese rango. “Persisten las deficiencias de las entidades en su relación con el ciudadano en temas como la rendición de cuentas y el control social”, dice el informe del organismo. Agrega: “Siendo así, existen caminos que permiten el abuso de poder y la búsqueda del bienestar particular de los corruptos. Se requieren sanciones”. En 2011, Santos formalizó la Secretaría de Transparencia con la misión de asesorar y apoyar a la Presidencia en el diseño de una Política Integral. Juan F. Londoño, exviceministro del Interior, indicó que el mandatario se centrará en este punto, en su último año, porque hay una demanda ciudadana. “Los anuncios de normas jurídicas deberían estar acompañados políticas que permitan una mayor transparencia en la actividad de la administración”.
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