Jaime Pérez | Doña Esperanza Sepúlveda se apoya en la compañía de cinco nietos para olvidar el dolor que le produjo la muerte de sus cinco hijos. La mujer ahora vive de la indigencia y con miedo de que el Icbf le quite su única razón de vivir.

Jaime Pérez | Si hay arroz los nietos comen. No hay cuadernos, entonces no estudian. Y si se enferman la abuela les prepara agüita con yerbas porque no hay más.

Manuel Saldarriaga | Rubieri Valencia no se siente orgulloso de sus actos, pero está seguro de que todos merecen una segunda oportunidad. Él la sigue esperando.

Por Paula López
Tarazá y Medellín

Esperanza Sepúlveda nació en Builópolis cuando las casas eran poquitas. Allá vivió hasta que le cambiaron el nombre al caserío y lo pusieron El Aro.

Entonces, en busca de tierras baldías para sembrar sus yerbas llegó hasta el cañón de Las Iglesias, una zanja estrecha de la cordillera Occidental frondosa de matas de coca y fusiles, a nueve horas de camino de la cabecera municipal de Tarazá.

Allá perecieron los hijos. Hernán Nicolás, María de los Ángeles, Iván Darío, Germán Darío y Rogelio de Jesús, fueron asesinados en dos tandas. En la primera, los paramilitares del bloque Mineros los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla. En la segunda, la guerrilla los acusó de ser auxiliadores de los paramilitares.
Un año después también su esposo murió.

De esas masacres a la mujer le quedaron cinco nietos, los menores de 9 y 16 meses. Hoy todos viven con ella: Francisco Luis, Mónica Trinidad, Iván Darío, Haene Mardene y Maribel, todos en las peores condiciones de la saña del conflicto.

Esperanza Sepúlveda lleva meses con una costilla rota y hace rato no puede ir al monte a sembrar sus yerbas porque la guerrilla la echó, y las maticas que tenía se las quemó el glifosato. Ahora vive en el pueblo, en un rancho de paredes duras y techo de plástico. Esta mañana desayunaron arroz y una migaja de librillo que les regaló una vecina, mañana quién sabe. El dolor en el "costillal" no ha habido agüita que se lo quite y pastillas no toma según ella porque la "pastilla amarga" le da "rebote" y tampoco tiene plata para comprarla.

En Antioquia, según Acción Social, hay 12.201 adultos mayores de 65 años en situación de desplazamiento, 3.988 de ellos en Medellín; y casi 40.000 abuelos más víctimas del conflicto armado.

Según Gabriel Jaime Bustamante, director del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, de la Alcaldía de Medellín, "las víctimas de esa edad son en su mayoría mujeres que perdieron a sus hijos y esposos. Esta es una población muy vulnerable, con grado de escolaridad muy bajo, muy solas y sin posibilidad de empleo, lo que las hace depender permanentemente de la ayuda humanitaria".

El programa ha atendido a 213 ancianos que han sido víctimas por el homicidio de sus parientes, por terrorismo o lesiones permanentes. Pero las ayudas, aunque sirven, no parecen ser suficientes.

Como una reparación administrativa el Gobierno les entrega 40 salarios mínimos por el asesinato de un familiar, pero sólo dos si una bomba les destruyó la casa, les voló la mano o los dejó ciegos. La otra reparación, la de sus victimarios, quién sabe si la reciban.

"De ellos me sorprende que aunque el conflicto les ha dado duro porque han vivido en guerra durante 50 años, son personas de una fortaleza impresionante", dice Bustamante y se refiere a que dentro de las denuncias en Fiscalía, por ejemplo, la mayoría son instauradas por ancianos.

Zapatero de los 'paras'
También a Rubieri Valencia la guerra le sacó canas. Acosado por la falta de dinero aceptó una oferta y viajó a Buenaventura a confeccionar zapatos para el bloque Calima de las autodefensas.

También cosió uniformes, morrales, hamacas, equipo de asalto y el material de intendencia que las tropas ilegales necesitaban. Un día, cuando estaba en el Valle, la Policía lo sorprendió dándole a la máquina de coser y se fue a la cárcel.

El hombre, al que obligaban a entrenar parejo y hacer frente en los combates con la guerrilla o el Ejército, también calzó a los 'paras' del bloque Mineros y del bloque Héroes de Tolová, del que finalmente se desmovilizó en junio de 2005.

En esa época recibía 500.000 pesos mensuales y entregaba pedidos de 300 pares de botas 500 uniformes e igual número de hamacas. Con aire de timidez o de vergüenza, recuerda que conoció a más de un comandante pero que de sus nombres ya no se acuerda.

"Mi familia sabía que el trabajo estaba muy duro y quizás entendían, pero los tropeles, las carreras que nos tocaba pegar por la guerrilla o los militares, las serpientes, el monte, esa intranquilidad no la quisiera volver a sufrir", cuenta el hombre de 62 años.

Rubieri está terminando tercero de primaria, está aliviado pero tiene una tristeza y un peso de derrota que no lo dejan reír.

"En este momento estoy bregando a que me paguen 26 pares de sandalias para comprar más material. Si no me los pagan, no tengo con qué trabajar. Yo no estoy orgulloso de lo que hice, tengo una hija de la que no sé nada y difícilmente me da para comer y pagar la pieza pero yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad", afirma el señor con mirada en el piso, mientras piensa en un plante para volver a emplear a otro compañero suyo, también desmovilizado, que lleva dos días sin hacer nada.

La preocupación de Rubieri es no poder trabajar, estar "alentao" pero con las manos cruzadas porque con arrugas y canas en ninguna parte lo reciben.
Las autoridades estatales son conscientes de que los ancianos no son competitivos y que es mucho más fácil para un joven hacer cursos de formación técnica y luego ser empleados.

Por eso la vulnerabilidad de los viejos víctimas de la guerra es absoluta, sobre todo porque aun con todos sus años, el tiempo no les alcanza para que se les borre la tristeza.