En España hay siete millones y medio de ancianos.

Benet Iñigo Martí | Vicente Moll es ejemplo del drama que viven algunos adultos mayores en España.

Le cortaron el suministro de agua, le intimidaron, y hasta pusieron un detective privado tras de él con el fin de encontrar un argumento para echarle de casa.

Vicente Moll, de 73 años, todavía pone cara de incredulidad cuando cuenta su caso. La propietaria del piso donde vivía des de hacia más de treinta años vendió la finca, y está claro que para la nueva inmobiliaria el inquilino no resultaba rentable.

Hoy Vicente todavía vive en la calle Verdi de Barcelona. Consiguió que, por primera vez en España, se condenara a un propietario por “acoso inmobiliario”.

Aunque la multa fue irrisoria, para centenares de casos de presión inmobiliaria que afectan sobretodo a gente mayor es un precedente fundamental. Muchos tienen contratos denominados “de renta antigua”, anteriores a la ley de 1995, y a causa de la estratosférica subida de la vivienda en España, pagan muy por debajo del precio de mercado. Un precio que, con sus pensiones, tampoco podrían asumir.

Es difícil dar una cifra de las víctimas del mobing o acoso inmobiliario en España. No es fácil de detectar, una realidad oculta en las estadísticas. La gente mayor tiene más dificultades para moverse en el entramado judicial, tiene pocos recursos y a menudo no sabe dónde acudir.

Una capacidad de reacción y movilización que en el caso de Vicente Moll aportaron los vecinos y una asociación de abuelos del barrio. Llegaron a organizar cadenas humanas para transportar cubos de agua de la fuente de la plaza hasta su casa. Pero sobretodo le asesoraron y le facilitaron ayuda. Un apoyo que muchos no tienen.

Demandas insatisfechas
Francesc Vilaplana, del Consejo de la Tercera Edad de Cataluña, asegura que el principal problema de los siete millones y medio de ancianos españoles es la “soledad”. Pero en lo material son sin duda la vivienda y las pensiones. Los subsidios de viudedad o los no contributivos rozan los 400 euros, mientras que el precio medio de un alquiler de un piso de 70 m2 en Madrid o Barcelona es de 750 euros.

Para acceder a una residencia pública para gente mayor la lista de espera es de tres años, y solo llega para los casos extremos. Y muy pocos se pueden pagar residencias privadas, un lucrativo negocio en una sociedad donde el ritmo de trabajo no permite a las familias cuidar de sus ancianos. Conclusión; miles de abuelos semi-dependientes quedan aislados y sin cobertura.

El colectivo, sin embargo, está tomando conciencia de su peso social. Cada vez son más, se calcula que en 6 años habrá un millón más de ancianos en España. Por eso un boletín de la asociación de abuelos que ayudo a Vicente Moll, reclama, con algo de autocrítica: “no nos podemos quedar al margen de los cambios. Formamos parte de la sociedad y debemos contribuir a definirla. Tenemos que hacernos escuchar”.

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