Un mal que se devora el 3% del PIB anual


Medellín
Cuando el presidente Andrés Pastrana firmó el Decreto 2405 del 30 de noviembre de 1998 nació el Programa de Lucha Presidencial Contra la Corrupció. Esta iniciativa tuvo como objetivo responder al compromiso que, Andrés Pastrana, como mandatario, había asumido para atacar las causas estructurales que favorecen el fenómeno de la corrupción en la administración pública colombiana.

El tema era prioritario en la agenda del Gobierno y, para llevarlo a buen término, la responsabilidad cayó en manos del vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus. La función del programa Misión, era coordinar la implantación de políticas gubernamentales orientadas a disminuir la corrupción en la Administración Pública. Y esperaban, como visión, que en este cuatrienio consiguieran el compromiso de la comunidad con el control social del Estado y de los servidores públicos, teniendo en cuenta la ética para servir en forma eficiente, eficaz y transparente.

El gobierno dividió el programa en cuatro unidades: la Unidad de Eficiencia y Transparencia, encargada de transferir metodologías de mejoramiento continuo a entidades públicas y apoyar y promocionar programas orientados a una cultura de rendición de cuentas; la Unidad de Ética, encargada de crear espacios de reflexión entre los funcionarios; la de Participación Ciudadana, dirigida a la concientización ciudadana y su participación alrededor de la construcción de lo público; y la Unidad de Investigación y Sanción, para contrarrestar la corrupción existente.

El pasado martes se realizó en Bogotá el Primer Gran Foro Nacional de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, acto en el que se presentó el informe "Corrupción, Desempeño Institucional y Gobernabilidad: Desarrollando una Estrategia Anticorrupción para Colombia", impulsado por el vicepresidente Bell y el Banco Mundial. Según las conclusiones del Foro, el 3% del PIB, más o menos US$2.800 millones, se pierden por corrupción; el 18% de los contratos se utiliza para sobornos, el 47% de los trámites en Colombia tiene algún grado de corrupción.

Mayores corruptores
Dentro de las ciudades más afectadas está Bogotá, por ser la sede del gobierno central. El informe dice, además, que los mayores corruptores del Estado son los narcotraficantes, y que los pagos se hacen a funcionarios de forma aislada para el financiamiento de campañas políticas y mantener las mafias organizadas en el interior de las entidades.

Los principales focos de corrupción en trámites son las matrículas de vehículos (10%), licencias de conducción (10%) y licencias de construcción. Dentro de las entidades que la encuesta del informe trabaja, aparecen como las más honestas el SENA, ICBF y la Defensoría del Pueblo. Mientras que el Congreso de la República figura como la entidad más deshonesta, seguida por el Seguro Social y la Policía Nacional. [JDRC]