Justicia: de años a meses

Con sistema de justicia oral, Fiscal puede priorizar investigación penal.
En 2012, gracias a la aplicación, se ahorraría medio billón de pesos, sostiene.
Es más eficiente: procesos penales de años, ahora serán de meses, dice.


Por
Beatriz María Arango de Acosta
José Guillermo Palacio Patiño
María Cristina Rivera Ochoa
Medellín

EL COLOMBIANO | El fiscal Luis Camilo Osorio sin ser experto en derecho penal, es protagonista del reforma a la justicia.

El fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, quien fue criticado desde su nombramiento en 2001 por no ser especialista en derecho penal, aparece hoy como el gran protagonista de la reforma al sistema de justicia colombiano.

La aprobación de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que quedan pendientes de la conciliación en el Congreso y de la sanción presidencial, le pusieron la camisa de protagonista y le dieron el poder de jerarquizar la investigación de los delitos.

Este mecanismo llamado principio de oportunidad es básico en el Código de Procedimiento Penal, columna vertebral de la última revolución en la justicia del país: el tránsito del sistema inquisitorio al acusatorio, de la justicia como la conocen los colombianos a una como se ve en las películas estadounidenses.

Osorio asegura que el dinero para financiar el paso al sistema de justicia oral está listo, por lo menos el del primer año. Con el Fiscal abordamos los alcances del nuevo proyecto de justicia, su socialización, los comportamientos delictivos y la situación general de la institución que dirige, acosada por toda suerte de escándalos de corrupción.

¿Con qué dientes, desde el punto de vista del presupuesto y la capacitación, cuenta la Fiscalía para dar tránsito al sistema acusatorio?
"Esta es una reforma sustancialmente institucional, es del cambio de un sistema, no es que vamos a crear una serie de necesidades físicas y de infraestructura que la hagan imposible. Lo que estamos pretendiendo, con austeridad, es hacerla viable. En Planeación Nacional analizamos los recursos que se hicieron posibles a partir de la obtención de cinco millones de dólares que nos facilitó el gobierno norteamericano y que aplicamos al sistema acusatorio. Con eso tenemos apalancado el grueso de lo que requerimos para este año con miras a la implantación del sistema en Bogotá y el Eje Cafetero. Nos quedarían pendientes unos 7.000 millones de pesos. Precisamente estamos viendo qué de las partidas que hay en el presupuesto nos puede servir, creemos que hay unos 3.500 millones de pesos. El problema es que al sistema judicial penal le es atribuible el 68 por ciento del costo total de la justicia y la acción penal apenas cumple un 34 por ciento del cometido total de las causas judiciales. Tenemos una situación donde el 68 por ciento de los recursos son para el 34 por ciento de las causas y, al contrario, sólo el 34 por ciento de los recursos para el 60 y pico por ciento de los asuntos".

¿Cuánto es el ahorro en escala?
"La tasa de retorno de la inversión en los próximos seis años muestra cómo al final de este periodo se está economizando entre 500.000 y 700.0000 millones de pesos, más de medio billón por el sólo hecho del cambio del sistema, estos costos muestran la fortaleza y la bondad del proyecto. Parte de lo que podemos mostrar es la economía de escala que se genera desde el mismo momento en que empiezan a producirse los efectos de la aplicación. Al año 2005, se economizan 23.000 millones de pesos largos, obviamente hay una inversión grande y todavía hay déficit. Para el año 2006 empieza a haber un plus de 3.500 millones, para 2007 se vuelve de 15.000 millones de pesos, y en 2008 de 182.000 millones de pesos. O sea, mayores costos, inversiones, pero reducción de unos rubros que se estaban gastando y ya no. Eso nos muestra una tabla donde para 2012 prácticamente se están economizando las sumas requeridas. Tenemos, además, una escala de ahorro de tiempo donde básicamente, los 47 meses de promedio de los procesos se van a reducir a 47 semanas. Por lo tanto, en procesos judiciales que tardaban cuatro, cinco, seis años, estamos produciendo la etapa de investigación y juzgamiento en siete, ocho, diez meses".

¿En eso va a ayudar el principio de oportunidad que acaba de aprobarse?
"Me parece que los medios tomaron el problema por las ramas. El principio de oportunidad es uno de los instrumentos, quizá de los más modernos, de los más divulgados en todas las legislaciones del mundo para tener orden en casa para las funciones judiciales, pero no es un elemento dominante ni siquiera importante en la gran reforma. El principio de oportunidad en Estados Unidos no está sujeto a ninguna consideración, el Fiscal toma la decisión de dejar la actuación de la acción penal en unas causas y las escoge en unos criterios que le asisten a él mismo. En el sistema europeo, especialmente en el alemán, hay una regulación que es la que acá utilizamos, no es un tipo de oportunidad libre. Pero fueron tantas las causales y los detalles a los que tuvimos que llegar que prácticamente hoy desaparece un efecto directo y adicionalmente se le pusieron tantas condiciones que hoy diría que es de los principios que está ahí, da para titular de periódico, pero no tiene que ver con la sustancia de la reforma".

También la multiplicación de las penas es evidente en todos los delitos...
"Sí. Lo que pasa es que hay que explicar el sistema desde este punto de vista: tiene una fortaleza que apunta a que tempranamente debe provocarse que la persona se acoja a una sentencia donde de entrada puede haber hasta el 50 por ciento de la rebaja de la pena. El mecanismo en Estados Unidos puede llegar hasta el 90 por ciento de solución de los conflictos, o sea que un 10 por ciento solamente llegaría a juicio; en Chile baja un poquito el porcentaje pero son cifras muy dominantes, nosotros no somos tan optimistas mientras no se cree una mentalidad, una cultura del sistema. Pensamos que pueden pasar más de la mitad de los asuntos resueltos de forma temprana mediante acogimiento a sentencia. Ese hecho desde luego va a conducir a una situación muy probable y es que habrá unas investigaciones muy sencillas. O sea que podemos llevar unas causas y en unas horas o en unos días tener una sentencia en firme".

¿Así, se ve una justicia muy efectivista, pero si será justa, con tanto poder que va a tener la Fiscalía, para personas que no tienen con qué pagar, por ejemplo, un peritazgo?
"La Fiscalía es un despojo de poderes en cuanto a la parte judicial se refiere, prácticamente lo que estamos es declinando unas funciones judiciales que nunca debimos tener. Lo que tiene el nuevo sistema es mucha democracia y mucha garantía. Los códigos se hacen en beneficio de los acusados, los imputados, de los sindicados de conductas punibles, les estamos devolviendo esos derechos. Eso sí, no hemos declinado las fortalezas que debe tener un sistema investigativo: podemos generar allanamientos, registros, interceptaciones, seguimos teniendo la posibilidad de una captura, pero en este caso queremos ser garantistas. Dentro de las 36 horas extendemos un Hábeas Corpus para que se validen todas esas actuaciones".

Algunos de los críticos consideran que sí es muy garantista pero que los recursos no son adecuados, los mismos abogados no están preparados para ese nuevo sistema...
"La gran crítica jurídica, de las altas cortes, de los grandes sabios, no ha sido precisamente de las ventajas o no del sistema sino de involucrarnos en los problemas inminentemente operativos. El tema tiene unos augurios muy precarios. En este momento tenemos todos los instrumentos: una legislación sólida, un Código de Procedimiento Penal, un Código Penal, un Código Carcelario y Penitenciario, un Estatuto de Defensoría Pública que está ad portas de aprobarse en las siguientes semanas, una estructura de la Fiscalía y ¿se vuelve a cuestionar por los recursos? Vuelvo a repetir, la justicia hoy es muy costosa porque es lenta, demorada, ineficiente, escrituraria, antiecológica. Estamos haciendo el mejor negocio que ha descubierto el Estado, invertir en un aparato que está siendo costoso, por uno que sea eficiente y ágil. Siempre ha habido Policía Judicial y capacitación. Llevamos dos años, porque los código anteriores ordenaron que hubiera oralidad, indicándole a las personas cómo debe hacerse una presentación, un contradictorio de las pruebas, un contrainterrogatorio de un testimonio, etc. Esas técnicas que no están operando porque el sistema no lo permite son las que se están fortaleciendo, pero ya tenemos ganados dos años".

¿Dentro de ese principio de oportunidad que tiene la posibilidad de manejar y en una situación como la colombiana, a qué le metería todo el peso de la Fiscalía, a combatir guerrilleros, autodefensas o la corrupción?
"No. Ya están agotados todos los principios de dirigirse a atacar la corrupción, los narcotraficantes, los violadores de derechos humanos, ahora lo que necesitamos es justicia para todos. Ahora lo que necesitamos es que haya justicia para el 90 por ciento de los ciudadanos".

Otra de las críticas a los códigos es sobre la unidad de materia, ¿qué tiene que ver con justicia oral, el hecho de que se estipulen tres años de prisión para los padres que no dejen ver a sus hijos de su cónyuge?
"Ahí lo que pasa es que hubo un criterio de Carlos Gaviria según el cual debería apuntarse exclusivamente en el Código a lo que fuera el sistema acusatorio. Se colaron unos pocos artículos que son muy necesarios, ojalá hubieran sido muchos que tenemos necesidad de tipificar. Eso no tiene importancia. De pronto se va a caer algún artículo".

Dicen los críticos que el Código Penal creó una especie de "terrorismo punitivo" y que el incremento de las penas no es la solución a la problemática que vive Colombia en materia delincuencial...
"La solución a la problemática en materia delincuencial es que la gente no delinca y que haya una cultura de respeto por la ley y reivindicaciones sociales, pero en todos los países existe la necesidad de buscar elementos favorables a castigar el crimen. La política criminal debe estar dirigida a que el crimen desaparezca pero que si lo hay sea castigable. Yo creo que en esa materia el que diga que se apunta a terrorismo punitivo, sí, es que el terrorismo tiene que ser combatido por todos los mecanismos".

¿Qué es esencial que va para conciliación y usted considera que debe ser aprobado?
"Hay controversias en el principio de oportunidad, en cláusulas de exclusión y en el sistema probatorio".

Las denuncias
¿No se siente descorazonado por la cantidad de denuncias de corrupción dentro de la Fiscalía?
"Los casos de denuncias que se hacen por corrupción y no son objeto de una medida drástica como es el retiro y la apertura de investigación, son graves, de esos no hay ni uno. Casos de situaciones, de incursiones en actos de corrupción con retiro del servidor, apertura de investigación y toma de decisiones hay varios: tenemos para vergüenza nuestra algunos fiscales privados de la libertad, otros con orden de captura, a todos los niveles. En esos hechos hay una respuesta clara. Tenemos estadísticas según las cuales el año pasado se retiraron 33 fiscales y el anterior hubo un número parecido. El número de sanciones disciplinarias impuestas cobijaron para el 2001 al 0,7 por ciento de los servidores, para el 2002, al 1,1 por ciento y para el 2003, el 1,7 por ciento".

Se dice que los políticos meten sus fichas en el manejo de la Fiscalía...
"No, eso no es cierto, ninguna ficha, no hay un solo caso. Hay servidores imparciales que tienen que enaltecer la justicia en cada actuación. Hay personas que pertenecen a determinado partido pero eso en Colombia no está prohibido".

¿Después de la primera prueba del detector de mentiras ha habido otra?
"Hemos aplicado el polígrafo a cerca de 1.000 personas y la idea es tener una cultura del polígrafo porque eso es lo que está a la orden del día de todas las administraciones modernas. Es simplemente saber que una persona está correspondiéndose con la verdad, la honestidad y la transparencia en sus actuaciones. ¿Qué pregunta el polígrafo? Yo mismo me lo practiqué. Pregunta si usted pertenece a un grupo al margen de la ley, si es consumidor de estupefacientes, si ha traicionado los intereses del Estado, si desvía sus propios intereses de la función al momento de tomar decisiones".

En Medellín empieza aplicación en 2006
La aplicación del sistema será gradual en todo el país. Se aplicará a partir del 1° de enero de 2005 en Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa, a partir de 2006, incluirá los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja. El 1° enero de 2007 entrarán los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, entrarán a aplicar el sistema acusatorio a partir del 1° de enero de 2008. La aplicación tendrá un régimen de transición y una vigencia que señala que el nuevo Código de Procedimiento Penal se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2005, "en aquellos distritos señalados de manera gradual y sucesiva".


EL COLOMBIANO / Tema de la semana/ Junio de 2004