Gobierno, listo para desmovilizar a 5.000 miembros de las Auc

Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, explica acuerdo con las Auc.
Garantizan la rápida inserción de los desmovilizados en la vida productiva.
Llamado a Eln y a las Farc a dejar también actividades terroristas.

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En principio, el acuerdo contempla la concentración del estado mayor negociador de las Auc en el sitio de Tierralta (Córdoba), también denominada zona de ubicación. Se espera consolidar efectivamente un proceso de paz, perfeccionar y verificar el cese de hostilidades ya declarado (primero de diciembre de 2002), avanzar en un cronograma de concentración y desmovilización de tropa y facilitar la interlocución de la mesa de diálogo con sectores nacionales e internacionales, al igual que la participación amplia de los colombianos en este nuevo intento por llevar la paz al país.

Para Restrepo se trata de un mecanismo que abrirá las puertas a la negociación con otros actores que hacen parte del conflicto armado interno y a los que llamó a vincularse también a procesos similares de negociación, siempre que exista el compromiso de entrar en un cese de hostilidades.

El funcionario confirmó que temas como la extradición no tendrán cabida en la mesa, pues no son, desde ningún punto de vista, negociables.

En este sentido, Restrepo dijo que se informará permanentemente de los avances de la negociación con las Auc a la comunidad internacional y a países como los Estados Unidos, pero aclaró que el Gobierno tomará todas las decisiones de una forma autónoma.

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Bases del acuerdo
¿ Cuál es el estado del proceso de paz con las Auc y por qué se llega a este acuerdo?
"El establecimiento de la zona de ubicación en Tierralta permitirá que los máximos comandantes de las autodefensas se comprometan de manera más definida con el avance del proceso, con la definición de un cronograma de concentraciones y desmovilizaciones para que puedan entrar en contacto con la comunidad nacional e internacional y, sobre todo, para que durante el tiempo que permanezcan en la zona se sometan a la legalidad del Estado colombiano. Será una ganancia porque, de una u otra manera, lo más importante en la pacificación es restarle espacio a la ilegalidad armada en beneficio de la legalidad".

Se esperaba concentración de la tropa y no de los jefes ¿Por qué se llegó a este punto?
"El interés central del Gobierno es avanzar en el control social de los territorios donde se presentan fenómenos de la violencia y también lograr que las personas que están actuando en la ilegalidad se incorporen cada vez más a la institucionalidad. El hecho significativo de que los comandantes máximos de las autodefensas se concentren en una zona reglamentada donde no se puede delinquir, creemos que es un paso importante y significativo en la pacificación del país y, por supuesto, en la pacificación de estas organizaciones armadas de autodefensas".

¿Cuando usted habla del cumplimiento de la ley dentro de la zona de ubicación hace también referencia al tratado de extradición y al cumplimiento de las normas en materia de narcotráfico y extradición?
"La figura que establece la ley 782 es importante porque permite que los miembros de los grupos armados ilegales se ubiquen en una zona donde están bajo la autoridad del Estado con la contraprestación de que no serán capturados. Los procesos siguen, pero hay una ganancia para el Estado en cuanto a que avanzamos y quisiéramos tener un control legal e institucional de estas personas que están por fuera de la ley. Ese es tal vez el cambio relevante de este Gobierno en la interpretación de la ley 782. Creemos que la forma como se tomó esa ley en épocas pasadas, por ejemplo cuando se llegó a la zona de distensión, fue equivocada y que realmente esta ley y sus instrumentos deben ser utilizados para avanzar en la institucionalización. Hay, si se quiere, una excepción, la única norma legal que no se cumple en el territorio es la orden de captura y, en contraprestación, todas las demás normas legales se cumplen a plenitud y estas personas se acogen a ellas. Se trata de un modelo transicional desde la ilegalidad a la legalidad, pero de hecho, las órdenes de captura para responder ante las autoridades nacionales e internacionales van a estar suspendidas".

¿Ya tienen una fecha prevista para comenzar la zona de ubicación?
"Pensada, pero no definida. Creemos que debe ser rápido. Cuestión de días. Sin embargo, tenemos que hacer unos preparativos por parte del Gobierno, pues cuando comencemos esta zona debe haber mucha seguridad, una presencia estatal muy grande y, por supuesto, debe estar también concertada con las autodefensas. Cuando tengamos esa fecha se la estaremos informando al país y esperamos que sea pronto".

El acuerdo establece que los jefes de las Auc pueden salir de la zona de ubicación para realizar gestiones con fines de paz ¿Cómo se establece el control sobre ellos?
"Las autorizaciones son concedidas por el Presidente de la República. Quienes reciban esa autorización lo harán por tiempo limitado y con propósito definido, básicamente para cumplir actividades relacionadas con el proceso de paz. Cabe recordar que estos jefes de las autodefensas siguen siendo los responsables militares de sus hombres, entonces para propósitos de perfeccionar el cese de hostilidades y para persuadirlos de que avancen en el proceso de concentración y desmovilización, es necesario que accedan a estas autorizaciones, ir a las zonas donde están sus hombres y regresar. Así es el espíritu de esta norma. Sin embargo, el epicentro seguirá siendo la zona de reubicación de Tierralta".

¿En qué se diferencia este proceso con el del Caguán?
"El instrumento jurídico es el mismo. En el caso del Caguán fue la ley 418, ahora es la ley 782 que prorroga la ley 418. Lo que cambia es el manejo político y la interpretación que nosotros damos a la norma. El Caguán se llamó zona de distensión, pero la gente también la denominó zona de despeje, pues de allí salió el Estado. Nosotros lo entendemos como una zona de concentración hasta donde llegarán fuerzas que han estado dispersas en el resto del país y una zona de institucionalización, donde habrá más legalidad y más control estatal. Yo diría que la palabra clave es legalidad. Aquí habrá un sometimiento a las normas del Estado porque cuando los ilegales que están dispersos por todo el país entren a la zona, de alguna forma se convertirán en legales y al ingresar a este lugar quedarán sometidos al ordenamiento jurídico colombiano. Además, no serán capturados y vamos a tener la veeduría internacional de la OEA como garante de que se cumplan estos procesos".

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Relación con Estados Unidos
En el caso de Salvatore Mancuso, que tiene una orden de extradición y de Diego Fernando Murillo (a. Don Berna y Adolfo Paz), de quien el embajador de Estados Unidos, William Wood, dijo que no sería un interlocutor válido ¿cómo sorteará el Gobierno esta situación porque hay relaciones internacionales que se deben cuidar?

"Hay un hecho político claro: nosotros no escogemos el interlocutor, pues este se define a sí mismo. El estado mayor negociador de las autodefensas no es elegido por el Gobierno. Son ellos mismos los que deciden quiénes los representan. En principio damos un reconocimiento de hecho a ese estado mayor negociador donde están el señor Mancuso como el señor Adolfo Paz y ellos se han comprometido a permanecer dentro de la zona de ubicación y, en tal medida, son no solo garantes del acuerdo sino que pueden beneficiarse del mismo. Con estas personas hay problemas internacionales. Por ejemplo en el caso de Mancuso cursa una solicitud de extradición, esto seguirá su trámite, pero mientras él permanezca en la zona no podrá ser capturado para ningún propósito".

Usted dice que el estado mayor negociador lo escogen las Auc, pero ¿podría decirse que la selección que se hizo busca blindar a personas que tienen serios problemas con la justicia?
"No quisiera dar interpretaciones suspicaces de mi interlocutor en la mesa. Como Alto Comisionado de Paz debo ser prudente y objetivo. No quisiera formular hipótesis, pero se las dejo a los columnistas y a los politólogos. Ellos sí pueden hacerlo".

¿Qué papel juegan los Estados Unidos en todo este programa?
"Informamos permanentemente a los Estados Unidos, escuchamos sus criterios, sus puntos de vista. Finalmente, el Gobierno colombiano toma sus decisiones autónomamente, pero atendemos con mucho cuidado las indicaciones de los norteamericanos y lo que nos dice la comunidad internacional".

La verificación
¿Cómo verificará la OEA un cese de hostilidades con unas fuerzas que no están concentradas?
"Hay tres niveles. Primero, verificación del cese de hostilidades en la zona de ubicación, creo que allí es factible hacerlo en un ciento por ciento. No hay ninguna excusa para que allí se delinca. Segundo: Hay un estado ideal de verificación. Si hubiera varias zonas de concentración en todas ellas la verificación sería perfecta. No podemos esperar hasta llegar a ese punto. La realidad es que vamos a tener una concentración inicial en Tierralta y unas tropas dispersas. Entonces hemos hablado con la OEA para que establezca un mecanismo eficaz en la verificación del cese de hostilidades. La figura que se ha pensado es la de un comité verificador que reciba las quejas y que, por lo menos, sea capaz de establecer una censura pública. Ahora no contamos con mecanismos".

¿Y cuál es el tercer nivel de verificación?
"Este proceso ha pasado por enormes dificultades, durante un año no tuvimos verificación, no porque no quisiéramos sino que no se pudo. Ya le planteamos a la ONU desde el principio que hiciera la verificación de este proceso. Ellos argumentaron que tenían dificultades operativas porque requerían un mandato del Consejo de Seguridad y tenían razones de carácter político porque decían que su presencia no era necesaria. Nos tardamos un largo año para entrar en contacto con la OEA. Apenas ahora estamos empezando el mecanismo de verificación, puede que no vayamos a tener lo óptimo, pero sí confiamos que con ese comité de verificación que está en la zona vamos a perfeccionar el cese de hostilidades ya que en la actualidad no existe un mecanismo creíble que pueda hacer una valoración aceptable para las partes y que pueda funcionar como un tribunal".

¿No acabará el Estado colombiano permitiendo, por omisión, que las Auc, al no concentrarse, sigan siendo un factor de contrapeso de la guerrilla colombiana?
"Existe toda la voluntad del Gobierno de desmontar los grupos de autodefensa. Aquí no hay campo para dos autoridades, una legítima y otra ilegítima. El propósito es la recuperación del control territorial para la legalidad democrática. En esta medida no hay espacio para los grupos armados ilegales, menos para unos grupos de autodefensas que se dicen defensoras de la seguridad de los ciudadanos. La realidad es muy compleja porque los grupos de autodefensa han encontrado un gran arraigo en las regiones, se han terminado vinculando con una cantidad de actividades ilícitas, con dinámicas sociales, incluso, hasta políticas y no es tan fácil decir: acábense. Aquí hay una realidad sociológica que hay que enfrentar. Militarmente se les está confrontando, pero también tenemos la vía de la negociación. Cuando nos sentamos a dialogar encontramos que estos señores tienen una serie de argumentos, de motivaciones, una percepción de sí mismos que dificulta la interlocución. Dicen que no se desmovilizan porque el Estado todavía no está en capacidad de brindar seguridad a las zonas. ¡Falso! pero ellos creen lo contrario. No se desmovilizan porque no hay garantías jurídicas. ¡Falso! Les estamos ofreciendo las garantías, lo que no podemos es darles amnistía e indulto para todos los delitos. Estamos ofreciendo una alternativa que creemos que es bondadosa, es decir, una ley de justicia y reparación que contempla penas mínimas. Existen problemas de extradición igual para la guerrilla que para las autodefensas. Entonces ¿qué quisieran? Que se les dijera, señores a ustedes no se les extradita. Nosotros no podemos hacer eso porque nos convertimos en un país paria y en esto tenemos que contar con la comunidad internacional".

Lista desmovilización
Entonces ¿se podría dar cumplimiento a la meta de desmovilizar a todas las Auc antes del 31 de diciembre de 2005?
"Nosotros pensamos que esa meta es posible de cumplir y que el Estado está en condiciones de brindar seguridad en esas zonas. Con las autodefensas fijamos un cronograma de desmovilizaciones. La primera fase fue la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (Bcn), después ellos decidieron suspender unilateralmente el cronograma argumentando, entre otras, que no existían garantías jurídicas. Estamos preparados para desmovilizar 5.000 miembros de las Auc. Les hemos planteado un proceso simultáneo de concentración y desmovilización, pero hay zonas donde no es necesaria la concentración y podemos pasar de forma inmediata a la desmovilización. Incluso, ya podemos poner en marcha un modelo de reincorporación sencillo, de tal manera que a 60 días de la desmovilización las personas puedan tener una actividad productiva".

En materia de costos, el programa de desmovilización individual del Ministerio del Interior se ha quedado corto ¿Qué pasará con las desmovilizaciones de las autodefensas?
"Nosotros logramos el año pasado por gestiones directas del señor Presidente obtener un presupuesto adicional que entró al programa de reincorporación del Ministerio del Interior pero hay que buscar más plata. Esto es muy costoso. El programa cuenta con un presupuesto de 25.000 millones al año y no alcanza. Sin embargo, a pesar de la premura, hemos conseguido unos recursos para la desmovilización del Bcn e invertido 2.000 millones de pesos. La Alcaldía de Medellín ha estado comprometida con el proceso y ya se logró una vinculación laboral de 92 por ciento".

Usted ha dicho que durante la primera fase de negociación no se discutiría el tema de la extradición ni el de la alternatividad penal ¿Es cierto?
"Ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera. Temas como la extradición no se discutirán en la mesa de negociación. Sin embargo, el Presidente ha planteado que si los miembros de grupos armados observan buen comportamiento, tienen propósito de enmienda y contribuyen eficazmente a la pacificación del país, eventualmente podría haber un cambio en la opinión pública nacional e internacional que llevara a un trato más benevolente. Pero de todas maneras nosotros consideramos que la figura de la extradición debe mantenerse como está, como algo facultativo del Presidente de la República.

Frente al proceso de justicia y reparación, nosotros presentamos una propuesta en tal sentido. Si el país es generoso estará dispuesto a conceder unos beneficios a los responsables de delitos atroces que contribuyan eficazmente a la consecución de la paz nacional, pero hasta cierto punto. Debe haber un juicio, una condena, la verdad, una pena privativa de la libertad y una reparación. Ese es un criterio que fija la sociedad democrática y la comunidad internacional y que no podemos negociar en la mesa".

¿Qué pasará en el caso de delitos como el narcotráfico o los asesinatos cometidos en circunstancias que no tienen que ver con el accionar de las autodefensas?
"La ley de justicia y reparación es muy clara: se concede el beneficio por los delitos cometidos en relación a la vinculación al grupo armado al margen de la ley y durante el tiempo que se ha pertenecido a él, de resto la ley operará normalmente. Hay que explicarlo: no se trata de que alguien se vincule a un proceso de paz y que por eso ya se borren sus antecedentes judiciales. Es más sano para ellos y para nosotros que respondan por los delitos cometidos, eso sí, con algunas exigencias dentro de la sociedad".

Procesos futuros
¿Para otros grupos al margen de la ley qué se está planeando?
"Nosotros tenemos contacto en este momento con todos los grupos de autodefensas. Hemos hablado con la gente de Élmer Cárdenas, incluso hemos vislumbrado la posibilidad de una concentración. También con las autodefensas del Magdalena Medio, las del Casanare y las de Meta y Vichada. Las puertas están abiertas y es muy sencillo, allí donde estén dadas las posibilidades, desmovilizamos de una vez. Las concentraciones responden a cierta lógica, deben tener un propósito, una justificación perfectamente formulada en los objetivos de la zona, pero hay lugares en los que no es necesario concentrar. O sea que, de manera paralela a esta mesa que reúne a un número significativo de jefes de las autodefensas que es compacto, podemos ir avanzando con ellos, con las Farc y con el Eln".

¿Y qué se espera de futuras negociaciones con otros grupos ilegales?
Con el Eln la misión que recibí fue adelantar un proceso y hemos planteado todas las propuestas imaginables. Recurrimos a facilitadores como países amigos y entre los que hay que destacar el papel de Cuba; a los obispos, hablé con Antonio García; el Presidente con Felipe Torres. Les hemos dicho que nos comprometemos con su propuesta de convención nacional, pero no han querido. Con las Farc, si ellos acordaran un cese de hostilidades estamos dispuestos a iniciar conversaciones. Es una exigencia básica, hay que entenderlo. Estos grupos están haciendo uso sistemático del terror. Uno no puede sentarse a dialogar con ellos si no existe un propósito de enmienda y de dejar a un lado el terror; de hacer un cese de hostilidades que lo vamos perfeccionando, pero si no renuncian a la violencia es muy difícil avanzar en el diálogo. Si toman esa decisión, tienen todo el tiempo del mundo para la desmovilización y el desarme. Tenemos toda la disposición. Tarde o temprano se aplicará este esquema de las autodefensas en otros casos, incluyendo los criterios de la ley de justicia y reparación".

EL COLOMBIANO / Palabras de Peso / Mayo de 2004