Oralidad arranca en dos meses

El fiscal Luis C. Osorio dice que esto descongestionará los juzgados nacionales.
Bogotá y el Eje Cafetero serán las primeras zonas con el nuevo sistema.
El país deja atrás miles de folios, al pasar del proceso inquisitorio al oral.


Por
Angie Lopera
Edward Jaramillo González


En dos meses la justicia colombiana iniciará una transformación profunda que le tomará cuatro años culminar. Atrás quedarán los miles de folios del sistema inquisitorio para dar paso a un nuevo proceso oral. Los juicios serán algo parecido a lo que se ve en las películas norteamericanas, con jueces con toga y acusados y acusadores, frente a frente.

Esta metamorfosis, que busca, entre otras cosas, despejar la gran congestión que existe hoy en los juzgados del país, empezará a aplicarse dentro de pocas semanas en Bogotá y el Eje Cafetero. A Medellín llegará este nuevo modelo en enero de 2006, según lo señaló el fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio.

Aunque las críticas de varios sectores del Congreso y analistas jurídicos han advertido que el país no cuenta con los recursos necesarios para adelantar este proceso, Osorio aseguró que los dineros para llevar a cabo el cambio están garantizados por el Legislativo y el Gobierno Nacional.

La Contraloría Delegada para el Sector de la Defensa, la Justicia y la Seguridad resalta que la Fiscalía no está en capacidad de atender la alta demanda de procesos a su cargo, pues en 2003 llegaron 1'300.000 casos y sólo se evacuaron 831.000, generando un amplio campo de impunidad

¿Cuál es su visión frente al informe?
"Es absolutamente dramática la presentación del organismo técnico y muestra la bondad de la iniciativa que vamos a empezar a aplicar en dos meses. Aquí hay dos cosas: hay mora, hay impunidad, pero fundamentalmente hay un mal sistema. Y en cuanto a esos primeros calificativos, le quiero decir lo siguiente, en el informe de gestión que presentamos, les podemos mostrar de una forma fehaciente que en materia de impunidad hemos hecho los arreglos necesarios para pasar de unos indicadores del 39 por ciento al 28 por ciento. Nosotros logramos, para prepararnos con descongestión para el sistema nuevo, llegar a tasas donde de un acumulado histórico de cien estamos hoy en un acumulado de apenas 30".

¿Y eso dónde se refleja?
"Un solo dato: en materia de extinción de dominio, nosotros estamos pasando de 230 bienes incautados en toda la historia, a más de 3.500 bienes inmuebles con extinción de dominio en los dos últimos dos años. Eso es productividad y eficiencia dentro de un sistema que no funciona. Pero aún así, con esos indicadores nos tardaríamos cerca de diez años para ponernos al día, si no le metemos ya el sistema nuevo que va a generar cero congestión, que va a empezar con jueces, fiscales, defensores, cero carga judicial y vamos a tener una justicia al día y pronta".

¿Cuándo empieza a aplicarse el nuevo sistema de justicia oral?
"Estamos a dos meses de empezarlo a aplicar en Bogotá y en el Eje Cafetero. Empezamos por la partes más complejas. Propuse que arrancáramos por Bogotá y Medellín, pero en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Congreso propusieron, con buena razón, que por qué no intentábamos al principio con una parte rural y menos compleja que Medellín, y optamos por dejar a esta ciudad para dentro de 14 meses".

¿En cuánto tiempo estará operando en todo el país?
"En el año 2008 se estaría terminando de implementar en todo el país. La Costa entra en 2007 y aunque en 2006 entra Medellín, toda Antioquia entrará en 2007 también".

El Ministro de Defensa al hacer el balance de los dos años del Presidente Uribe dijo que en el período habían sido capturados 84.000 personas por narcotráfico. Igual se anuncian grandes capturas masivas de supuestos terroristas o auxiliadores. La crítica es que se captura a mucha gente, pero son más los que resultan inocentes. ¿Qué pasa en estos casos?

"Con todo respeto, a alguien le sobró uno o dos ceros. Quiero decir lo siguiente: en primer lugar, hacer una precisión semántica. Yo no hablaría de capturas masivas sino colectivas, debidamente individualizadas. En casos excepcionales, hay fenómenos que se llaman de una manera diferente porque tienen que denominarse así. Por ejemplo lo que llaman las redadas policiales. Llegamos a un sitio donde se sabe que hay una olla, donde todos los que están alrededor están en el tráfico de venta o de adquisición de estupefacientes más allá de lo que autoriza la ley. Esa redada significa que hay que dejar en un momento dado una cantidad de personas mientras se hace la identificación, se averiguan sus antecedentes, se identifica qué estaban haciendo allí y desde luego esas no son, ni más faltaba, medidas de aseguramiento ni pérdida de la libertad. Son chequeos de rutina de la Policía.

Otra cuestión son también las fuerzas militares que están en una operación donde todo el mundo está echando bala, pues también retiene a una cantidad de personas para averiguar si tienen antecedentes, si han disparado armas en ese momento, para hacer pruebas balística y demás. Esto también es otra historia. Lo mismo cuando se llega a allanar un laboratorio de coca. Todas las personas que están ahí involucradas tienen que ser inmediatamente retiradas de la circulación, mientras se averigua si estaban en esta actividad. Y viene finalmente una tarea que hemos tenido que realizar y que es muy compleja, que combina inteligencia con trabajo judicial, que es la de la Fiscalía donde se verifica que hay una comunidad o parte de una comunidad o algunos miembros concertados en delinquir en forma colectiva.

Se hace el trabajo, se hacen las averiguaciones respectivas y caemos. Hace tres días lo hicimos en La Guajira, en Santa Marta e incluso en Bogotá y desarticulamos una banda que estaba conectada con narcotráfico, con paramilitarismo, con masacres, atropellos contra la comunidad, secuestros. Y lo hacemos colectivamente privando de la libertad e individualizando su situación jurídica. Esos casos se repiten y tienen que seguir dándose, si la criminalidad y las bandas organizadas están conformadas en forma colectiva".

¿Si alguna de estas personas resulta inocente hay algún tipo de reparación?
"Nos damos la pela inmediatamente. Si estaban en unas circunstancias donde es dudosa la posibilidad de mantener la acusación de parte del Estado, la duda opera en beneficio del ciudadano. Se considera que de todas maneras hay una actuación que se debió a una fundamentación del Estado y que no quiso seguir más allá, generando una acusación formal.

En esos casos el ciudadano debe sentirse bien recompensado con el hecho de que el Estado no lo haya seguido investigando, al estar de alguna manera involucrado en una conducta. Hay casos excepcionales donde se cometen injusticias y ellos, desde luego, pueden pedir reparación".

Algunos sectores del Congreso han dicho que se corre el riesgo de que a mitad de la aplicación de este nuevo sistema, con una situación fiscal tan delicada como la que tenemos, no haya dinero necesario y se frene este proceso. Advierten que eso no sólo sería perjudicial sino algo absolutamente grave

¿Qué puede decir frente a eso?

"Los montos presupuestales comparativamente resultan tan irrisorios que cualquier economía los podría tener. El sistema oral requerirá 25.000 millones de pesos cada año y estamos hablando de un presupuesto que en la Fiscalía supera los 700.000 millones de pesos, que en el Consejo de la Judicatura llega casi al billón, o sea, son la plata menuda. Inclusive, sin una partida especial habría posibilidad de hacerlo, pero además de esto está la voluntad política del Legislativo y del Gobierno de dar los recursos necesarios para aplicarlo".


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Fiscal defiende la política carcelaria
El fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, defiende la política carcelaria del país, al afirmar que es una de las más avanzadas.

Así mismo, asegura, que a la par que hay mucha violencia y mucha criminalidad en el territorio nacional, hay también mucha institucionalidad.

"Colombia es un país de leyes, respetuoso de las libertades. En el código actual y en el próximo está previsto que la privación de la libertad, especialmente en la parte investigativa, sea la excepción", señaló el Fiscal General.

Aclara que en la nueva etapa de justicia que viene para el país dentro de pocas semanas, sólo se privará de la libertad a alguien cuando se corra el riesgo de la desaparición de pruebas contra el sospechoso, cuando éste constituya un verdadero peligro para nuevas víctimas o cuando efectivamente se adviertan razones poderosas para anticipar que no comparecerá en el proceso y que no pagará la pena que se le imponga por parte de la justicia.


EL COLOMBIANO / Palabras de Peso/ Octubre de 2004