Por
Octavio Gómez V.
Medellín

A pesar de que una de las promesas del Gobierno, cuando era apenas un proyecto político en campaña, era mantener una férrea lucha contra fenómenos asociados con la corrupción administrativa, sus esfuerzos no han sido del todo exitosos.

Los procesos de Dragacol, Chambacú, Banpacífico y las contrataciones irregulares en la Cámara de Representantes hicieron creer que los esfuerzos prometidos no fueron, realmente, tan grandes como se hicieron ver antes de la elección.

Hay que señalar, además, que el Presidente Andrés Pastrana creó un programa especial para la lucha contra la corrupción y encargó de esa tarea al vicepresidente, Gustavo Bell Lemus, quien no sólo debía atender tareas en coordinación con la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación, sino promover un programa de prevención en todo el país, porque se partía de la consideración de que con la descentralización administrativa y de recursos, también se habían descentralizado las prácticas relacionadas con la contratación administrativa.

Su primer ministro de Desarrollo Económico, Fernando Araujo Perdomo, aprovechó, según las sindicaciones que se le hicieron públicamente, su posición para negociar en términos muy favorables, un lote en el que se inició el desarrollo de un proyecto constructivo asociativo llamado Chambacú y en el que se pusieron en riesgo recursos por valor de $13.000 millones.

El Ministro, cuya familia es propietaria de centros turísticos en la capital de Bolívar, negó su participación, así como la del embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno. Hasta ahora, las autoridades no han establecido si el ex Ministro de Desarrollo y el diplomático tienen alguna responsabilidad en la venta de los terrenos que hoy muestran, apenas, una construcción a medio terminar, abandonada en medio de una manga del barrio Manga.

La conciliación del Ministerio de Transporte con la firma Dragacol avanzó mucho más en la Fiscalía con relación a otros casos. Varios ministros del Transporte, del pasado gobierno y del presente, han presentado sus versiones libres en el ente acusador que, por el momento, sólo ha asegurado a un ex gerente de la firma de dragados y está pendiente de la petición de extradición, de Estados Unidos, de Reginaldo Bray, representante legal de la empresa.

La otra "fiesta" se armó, en diciembre de 1999, en la Cámara de Representantes, cuya mesa directiva se vio complicada con la adjudicación de contratos que superaron los $5.000 millones para tareas como la reparación de baterías sanitarias, limpieza del frontis del Capitolio, reparación de tapetes, entre otras, con empresas fantasma.

Perdieron la investidura y siguen procesos penales los representantes a la Cámara Armando Pomárico, Octavio Carmona y Luis Norberto Guerra Vélez y enfrenta un proceso penal el secretario de la corporación para la época, Saud Castro.