EL COLOMBIANO inicia hoy segunda serie pedagógica sobre el referendo.
Los del sí, los del no, los selectivos y abstencionistas exponen sus puntos.
El punto uno de la consulta cierra las puertas a la corrupción.

Medellín
Por Redacción Política
Medellín

La última semana de octubre pasará a la historia nacional. Dos hechos así lo demostrarán: el 25 los colombianos asistirán a las urnas para votar el referendo y el 26 harán el mismo ejercicio para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y juntas administradoras locales.

Para los analistas políticos ambas jornadas van de la mano. Si el referendo pasa, el éxito de sus puntos considerados claves para sanear las finanzas del país, combatir la corrupción, la politiquería y activar los programas sociales los garantizará la elección de personas de la mayor honestidad, profesionalismo y transparencia en cada uno de sus actos en la jornada del 26.

Hoy EL COLOMBIANO inicia su segunda serie sobre los distintos puntos del referendo. En la misma nuestros lectores podrán conocer y sacar conclusiones sobre cada uno de los puntos y las distintas corrientes de opinión que hay sobre los mismos. Hablarán los del sí, los del no, los selectivos y los abstencionistas.

Sumado a lo anterior, continuaremos participando en los distintos foros que se programen en la ciudad sobre el referendo y cubriendo las actividades de los grupos que se han creado en torno a la consulta.

Corrupción: Punto Uno
Los daños de la corrupción en Colombia son tan perjudiciales en materia económica como la acción de los grupos armados al margen de la ley contra el patrimonio nacional. Los dineros involucrados en ese flagelo superan por millones las pérdidas por atentados terroristas, demuestran informes oficiales.

La Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República calcula que en un año el país pierde entre 2.5 y 3 billones de pesos.

En el panorama internacional la situación de corrupción tampoco es la mejor. El índice que hace la agencia Transparencia Internacional, el cual se refiere a la percepción del grado de corrupción visto por empresarios y analistas de riesgo, ubicó al país en el año 2002 en el puesto 57, con un puntaje de 3.6 sobre 10.

El efecto de la corrupción es de tal magnitud que un estudio reciente del Banco Mundial advierte que en países con niveles altos de corrupción la tasa de inversión apenas llega al 12.3 por ciento, mientras para el conjunto de naciones en los que este problema es mínimo, la inversión alcanza el 21.3 por ciento. Esa brecha se traduce en un bajo crecimiento y en altas tasas de desempleo.

El desangre de los dineros públicos se concentra en la celebración indebida de contratos, donde se unen para delinquir empresarios y funcionarios; en la transferencia de recursos, tanto del sistema general de participación como de las regalías, de la Nación a las regiones, donde se ha comprobado que hacen mal uso de ellos; en el soborno, en comisiones y en desfalcos.

El presidente Álvaro Uribe Vélez ha sustentado que el primer punto del Referendo, que establece la pérdida de derechos políticos para quienes defrauden al Estado, es otro paso esencial en la lucha contra la corrupción. "Hemos implantado normas como el Decreto 2170, que obliga a que antes de adoptar un pliego de condiciones haya un prepliego que sea público, que atienda la crítica ciudadana, que para adjudicar un contrato haya audiencia pública y que todo contrato con el Estado tenga veeduría ciudadana; no obstante esas medidas son insuficientes".

De ahí que a través del primer punto del referendo se proponga la muerte política de los funcionarios involucrados en casos de corrupción estatal.

1. Es más avance técnico que jurídico
El constitucionalista Tulio Elí Chinchilla explica que el primer punto del Referendo solamente avanza más en aspectos técnicos que jurídicos.

"En la Carta Política ya existe la inhabilidad para el servidor publico que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, lo cual ha sido respaldado por la Corte Constitucional. El artículo amplía el alcance de la norma en tres aspectos: no sólo cobija al servidor publico sino a cualquier persona que contrate con el Estado; el alcance del la inhabilidad implica que quien cometa delitos que afecten el patrimonio público se inscriba, sea elegido y contrate con el Estado; amplía la inhabilidad a servidores públicos que, por conducta malintencionada o por indolencia, en la gestión dé lugar a que el Estado sea condenado patrimonialmente a pagar, pero queda supeditada a que pague el monto al cual fue condenado por su culpa". Concluye que es más un pronunciamiento moral y ético que le da la sociedad al Estado para que endurezca su posición frente a la corrupción. JDR

2. Eleva la ley a norma constitucional
Luis Alfredo Ramos Botero, senador y ex presidente del Senado de la República, está convencido de que el primer punto tiene sus bondades en la lucha anticorrupción que lidera el Gobierno Nacional.

A su juicio, este punto eleva a norma constitucional la decisión de atacar a aquellas personas que desde el sector público o privado desfalquen las arcas del Estado.

"Soy partidario de votar afirmativamente el primer punto del referendo para que se sancionen a todas aquellas personas, tanto las que trabajan en el sector público como las que lo hacen en el sector privado, que defraudan al Estado", dice Ramos Botero.

Acepta que lo propuesto en el punto uno ya está en la ley, "pero eleva la decisión a norma constitucional, lo que le permite al Presidente ser eficaz en su promesa de combatir la corrupción".

Considera que la salvedad que establece el pago del daño patrimonial por parte del funcionario para evitar la muerte política debió eliminarse, para que la norma fuera más estricta. JDR

3. La muerte civil, a medias
Juan Camilo Restrepo Salazar, ex ministro de Hacienda, ex aspirante a la Presidencia de la República y autor del libro Radiografía del referendo.

Sobre el punto uno de la propuesta, advierte Restrepo que "en esencia, es agregarle un inciso al artículo 122 de la Constitución para que el servidor público que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado no pueda volver a contratar con éste (...) Esta sanción merece naturalmente todo el aplauso", considera.

"Los redactores del referendo olvidaron que la mayoría de los delitos asociados a la corrupción que cometen los funcionarios no son propiamente contra el patrimonio del Estado, sino de otra índole y clasificación, y por lo tanto no quedarán cobijados por la muerte civil que establece el referendo. La mayoría de las actuaciones consisten en prevalecerse de la condición privilegiada de empleado estatal para derivar provecho ilícito para sí, sin que ello se traduzca en detrimento del patrimonio del Estado. Así, cuando nos digan que el referendo decreta la muerte civil de los funcionarios corruptos, apenas nos estarán diciendo una verdad a medias".

4. Es un punto absolutamente innecesario
El senador y constitucionalista Carlos Gaviria Díaz, representante del partido Frente Social y Político, que propone la abstención al referendo, considera que el primer punto es absolutamente innecesario.

Considera Gaviria Díaz que lo propuesto allí ya está en la Constitución Política y en las leyes.

"Además, es absolutamente innecesario porque debilita el régimen de inhabilidades que ya existe, pues dice que las personas condenadas por cualquier delito contra el Estado pueden pagar por ese daño y, de inmediato, cesa la inhabilidad. Eso significa que en casos como estos sólo podrán seguir ejerciendo el cargo sólo que tienen plata, no los funcionarios más pobres".

Asegura Gaviria Díaz que ante lo propuesto en este punto, "y en todos los demás puntos del referendo, lo que se debe hacer es abstenerse de votar, porque no son puntos propios de un referendo; son mas bien un plebiscito a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez".

Concluye el Senador, que el referendo es un pretexto del Gobierno Nacional "para poner a votar a la gente sobre temas que no entiende". JDR