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Moritz
Akerman
Economista de la Universidad Nacional y profesor universitario. |
¿Que cuándo derrotaremos a los alzados en armas y a
los narcotraficantes para dedicarnos a construir una economía
más incluyente? Tal vez la pregunta debiese ser: ¿Qué
debemos hacer para derrotarlos? |
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Nuestra
participación hace que el futuro no sea ciego, lo construimos
en las decisiones del presente. Es más, la creciente incertidumbre
puede ser un activo. En la elección presidencial la volvimos
un acicate para votar masivamente por un luchador, un trabajador que
nos permitió superar el gobierno de la política-espectáculo
del presentador de televisión y derrotar al representante de
la prestidigitación política.
Esto nos permite tener hoy varias certidumbres: Tenemos Presidente
y por tanto ¡habrá futuro! Y otra: la convocatoria a
luchar y trabajar no es ciega. Las bases esenciales de la gobernabilidad
están en el borrador: “Política de Defensa y Seguridad
Democrática”. El deber de todos es discutir su contenido,
en la convicción de que el fortalecimiento de uno u otro de
sus matices nos dirá cómo será el futuro nacional.
La seguridad democrática es un concepto moderno y modernizante
y no hace referencia únicamente a una visión de orden
público. Es la combinación del fortalecimiento político
del Estado y de la gobernabilidad, con el desarrollo económico
sostenible y con la articulación a las tendencias mundiales
que aíslan los focos de tensión y terrorismo, internacionalizando
su solución.
La seguridad democrática es tautológica con la Democracia
como sistema. La Presidencia, al tiempo que abre para la discusión
su política de seguridad, hace pedagogía señalando
como primer responsable de ésta al Estado. Pero igualmente
reclama la responsabilidad de los ciudadanos quienes debemos entender
que la seguridad democrática es un bien público, sólo
alcanzable con nuestra participación.
Y es también un bien humanitario en la globalización.
Nuestra seguridad democrática es corresponsabilidad de la Comunidad
Internacional, no sólo porque el narcotráfico y el terrorismo
internacionalizaron nuestro conflicto, sino porque nuestra democracia
es parte de la democracia global.
¿Cómo están las apuestas?
En Colombia la discusión y desarrollo de la seguridad democrática
se refiere a la supervivencia misma del Estado y de la ciudadanía.
Las Farc, que se originaron en la resistencia campesina, han roto
casi totalmente con su pasado y se colocan como el principal actor
violento contra las gentes del pueblo y son el principal agente del
narcotráfico.
En este año que pasó perdieron grandes oportunidades
políticas de negociación y de proyección nacional
e internacional. Su futuro incierto y sus reservas militares y de
terror están siendo desafiados por la unión ciudadana
y la unión con la Fuerza Pública.
Paradójicamente las Autodefensas ilegales, sus antípodas
y hasta hace muy poco fuerzas sin reconocimiento político,
con perspicacia y pertinencia, han empezado este año una discusión
sobre el narcotráfico y sus efectos destructivos sobre la legitimidad
política, buscando inscribirse en un proceso de negociación,
en tanto cuanto, el Estado, con su Fuerza Pública y el apoyo
internacional, esta proveyendo la confianza de que es capaz de derrotar
a todos los alzados en armas y a los agentes del narcotráfico.
El Eln, la primera fuerza que entendió el carácter destructivo
del narcotráfico sobre la política, no pudo interiorizar
esta ventaja comparativa y diferencial para hacer de la negociación
un asunto, no de fuerza militar sino de legitimidad, obligando al
sistema a abrirle amplias avenidas para su discurrir político
legal. Su dirección se disuelve entre los que aspiran a inscribirse
en la Política con mayúscula y los que aspiran a ser
un apéndice de las Farc. Ambas posiciones conducen necesariamente
a la desaparición del Eln.
¿Y del lado de acá?
La sociedad, principal recurso de las fuerzas antiterroristas y antinarcóticos,
empieza un camino de participación que la convierte en ciudadanía.
Empieza a entender que la solución negociada y política
es el mejor camino, pero que sólo puede hacerse desde una posición
de poder legítimo para refundar un poder más incluyente.
Su participación en la construcción de la seguridad
democrática es creciente aunque insuficiente.
El Gobierno ha estimulado esta participación, primero con los
diálogos regionales sobre el desarrollo y los desafíos
que nos impone el referendo para la reforma política del Estado,
su reforma administrativa y de viabilidad fiscal y acercándolo
como instrumento que es de los ciudadanos y, segundo con la cooperación
de los ciudadanos a la Fuerza Pública en las tareas de seguridad.
El asunto aquí es que deberíamos entender que la seguridad
democrática no sólo es esa primera y sentida necesidad
de orden público, de respeto a la Ley y de monopolio de la
fuerza por el Estado.
La Seguridad Democrática es también y se sustenta en
la confianza, sostenibilidad y seguridad del desarrollo económico.
Y esto pasa por ligar efectivamente la reforma del Estado, su eficiencia
fiscal y social al marco de seguridad jurídica para que la
inversión internacional y nacional puedan desarrollarse efectivamente.
Sabemos que el capital, a diferencia del ciudadano, tiene más
lealtad a la racionalidad económica que al Estado. Por eso
mismo hay que darle seguridad para su reproducción ampliada.
Pero también sabemos que “el ingreso, la riqueza y la
posición económica de los ciudadanos son recursos políticos,
y si no están distribuidos equitativamente, la igualdad en
el plano político tiende a ser una quimera”. Por eso,
si la seguridad democrática no tiene como paradigma la equidad
de los ciudadanos, para hacerlos cada vez más iguales, no sólo
en lo económico, sino y por tanto en lo político, ¿cómo
puede existir la democracia? (R. Dahl La democracia y sus críticos
pag. 391).
Por estas razones una política de seguridad democrática
del Estado debe colocar la lucha por la equidad social como base de
la democracia y del desarrollo consensuado con la ciudadanía.
En nuestra simple condición de ciudadanos, nos parece que el
Presidente y su Gobierno deben relievar la lucha por la equidad “como
modo de alcanzar un sistema económico que fortalezca el proceso
democrático” para no reducir la seguridad a un simple
asunto de orden público. En la actualidad el nombre de la equidad
es empleo.
“Esta es una pauta imperativa, aunque exigente en el afán
de establecer una sociedad donde las personas convivan en paz, respetando
cada una la igualdad intrínseca de las demás -que no
la igualdad absoluta- y procurando entre todos alcanzar la mejor vida
posible” (Idem. pag. 409). |
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