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Como nunca en la historia del conflicto en el país, en 18 barrios
del centroccidente de Medellín, el Estado, mediante Ejército,
Policía, DAS y Fiscalía, protagonizó el combate
urbano más intenso y jamás visto en las calles de una
ciudad capital contra milicias guerrilleras y autodefensas. |
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A las
cuatro de la mañana del miércoles 16 de octubre fuerzas
especiales del Ejército y la Policía, con respaldo de
dos helicópteros arpía de la Fuerza Aérea Colombiana,
FAC, iniciaron la Operación Orión, una especie de asalto
final contra milicias del Eln y de las Farc, contra los Comandos Armados
del Pueblo, Cap, y las autodefensas, que operaban y mantenían
bajo control la comuna 13, centroccidente de Medellín.
Desde noviembre de 2001 había comenzado allí una disputa
militar y territorial sin antecedentes entre Fuerzas Armadas oficiales
y guerrilleros urbanos, además de tres comandos paramilitares
ubicados en el área (el Frente José Luis Zuluaga, de
las autodefensas del Magdalena Medio, y los bloques Cacique Nutibara
y Metro, de las autodefensas de Córdoba y Urabá).
Entre la madrugada y el mediodía de ese miércoles, en
medio del fuego cruzado, los más afectados fueron los civiles.
La Unidad Intermedia de Salud del barrio San Javier, ubicada en la
periferia de la zona de los combates, reportó la atención
de 19 civiles y la llegada de uno más, muerto.
Las milicias sostuvieron posiciones durante las primeras horas, por
fuerza de un sistema de trincheras que construyeron en el último
año, en una veintena de residencias abandonadas por los civiles
que no resistieron más las presiones de los actores armados
ilegales y las constantes balaceras con la fuerza pública.
Pero no fueron sólo los vecindarios pobres levantados en el
corazón de la comuna 13 los afectados por los choques repetidos
y cruentos del último año. Los disparos con armas de
largo alcance y alta velocidad (carabinas, ametralladoras y fusiles)
también impactaron viviendas de unidades residenciales de clase
media de los barrios San Javier y Santa Mónica, en algunos
de los cuales la desocupación de inmuebles llegó al
40% y 50%.
El 9 de octubre, la Fiscalía confirmaba 442 muertes violentas
en los barrios de la comuna 13. Al tiempo, las milicias desataron
una ola de secuestros de pago rápido (express), para exigir
a las víctimas entre 500 mil y 50 millones de pesos.
El 16 de octubre la comuna 13 se convirtió en campo de guerra.
Los helicópteros oficiales hicieron algunos ametrallamientos,
calculados, según los altos mandos militares, pero cuestionados
por varias Ong, porque, a su juicio, provocaban un fuego indiscriminado
y desproporcionado.
Al día siguiente, las fuerzas oficiales neutralizaron a los
francotiradores y asumieron el control de más y más
calles y sectores, en sentido sur-norte, mientras que, con el apoyo
del DAS, la Fiscalía y la Procuraduría, realizaron más
de 150 allanamientos y detuvieron (entre el 16 y el 28 de octubre)
de 229 personas, a 82 de las cuales la Fiscalía les dictó
medida de aseguramiento.
En desarrollo de la Operación Orión murieron, según
reporte oficial, tres militares y un oficial de la Policía,
ocho presuntos milicianos y dos civiles. Tras tres semanas de operaciones,
el Ejército decomisó a los ilegales 22 fusiles, además
de explosivos, granadas y munición de diferente calibre.
Los logros que trajo Orión para el Ejército y la Policía
fueron respondidos por la guerrilla, según la ministra de Defensa,
Martha Lucía Ramírez, mediante una oleada terrorista
con carrobombas contra la Torre Argos, en Medellín, y el comando
de la Policía Metropolitana, en Bogotá, además
de un ataque con una granada a un camión que transportaba auxiliares
de la Policía, en pleno centro de la capital del país.
Este sector populoso, ocupado por 130.000 personas y con un desempleo
del 70%, recibió con beneplácito la presencia del Ejército
y la Policía y el cese de combates que en el último
año cobraron la vida de decenas de civiles y mantuvieron bajo
zozobra y sitiada a la mayor parte de los residentes.
Extorsiones, ejecuciones sin fórmula de juicio, destierros,
normas de conducta impuestas, señalamientos y otras arbitrariedades
soportaron los civiles en ese sector de Medellín, mientras
que los actores armados ilegales impusieron su ley.
"Es la primera noche, durante más de diez meses, que dormimos
en calma", dijeron habitantes de los barrios donde se adelantó
la Operación Orión. El martes 22 de octubre comenzó
a regir el toque de queda en seis barrios de “la 13”, medida
que el 1 de noviembre se amplió a cuatro vecindarios más.
En medio de la alegría de la gente por no sufrir más
el rigor de una guerra urbana que alcanzaba límites inusuales,
líderes del centroccidente de Medellín reclamaron que,
además de llegar los fusiles del Estado, también llegara
inversión social.
El alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez,
anunció inversiones por cerca de $20.000 millones y un proyecto
de diálogo urbano que luego su subsecretaria de Cultura Ciudadana,
Tatiana Gutiérrez, precisó como una oferta de reeducación
y reinserción a la civilidad de los ilegales que decidiesen
dejar las armas. |
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