JUNIO | COLOMBIA
Tocan las estatales
Pese a la agitación social, a las dudas jurídicas y a las protestas, el Gobierno se decidió a tocar las empresas estatales, empezando por la liquidación de Telecom. Luego decretó la división del Instituto de Seguro Social, al tiempo que Ecopetrol fue escindida en dos empresas.

Una vez se anunció la liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones (Telecom), el Gobierno dispuso una vigilancia especial para garantizar la prestación de los servicios. El jueves 12 de junio quedará en la historia de Telecom como el día en que el Gobierno decidió liquidarla. Otrora símbolo de su frase de batalla “Telecom une a Colombia y a Colombia con el mundo”, lo cierto es que la empresa estatal había llegado a un punto coyuntural que, a juicio del Ejecutivo, la hacía inviable. Uno de los argumentos era que registraba pérdidas anuales insostenibles. Sólo el año pasado, el saldo rojo fue de 471.000 millones de pesos. Con 4.500 empleados, registraba un costo anual promedio de 73 millones de pesos por trabajador, más del doble de las remuneraciones en el sector de las telecomunicaciones en el país. Pero los entes sindicales cuestionaron que gran parte del desangre fue por la vía de contratos onerosos y malas administraciones pasadas. Ese 12 de junio se materializó una anterior advertencia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) que desde el año pasado había establecido un plazo de un año a Telecom para que mostrara su viabilidad. Y aunque Planeación Nacional proponía que, si no era viable, fuera intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos o someterse al acuerdo de reestructuración de la Ley 550, el Gobierno optó por liquidarla, para lo cual debe desembolsar 301.000 millones de pesos. Fue el preludio de una decisión presidencial de transformar a fondo las empresas estatales, lo que implicó tocar también al Instituto de Seguros Sociales (ISS), Ferrovías y a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), entre otras. Las otras decisiones En efecto, el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) fue dividido en varias empresas, con el fin, según el Gobierno, de separar sus servicios y garantizar su viabilidad. Con la partición, se mantienen en la categoría de trabajadores oficiales 3.229 personas de las 17.494 que laboran en el Instituto. Si bien el ministro de Protección Social, Diego Palacio, sostuvo que el fin no es cerrar centros hospitalarios, sí expuso que, a futuro, ésto dependerá de las posibilidades de autosostenibilidad. Al anunciar las decisiones en torno al ISS recordó que al ente estatal lo agobiaban el retraso tecnológico, los altos costos, la falta de gobernabilidad y la corrupción. Pero la cirugía también alcanzó a la Empresa Colombiana de Petróleos. El Gobierno decidió crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos y transformó a Ecopetrol en una sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal. El decreto que transformó a Ecopetrol dejó abierta la posibilidad para que el fondo de pensiones de los trabajadores sea capitalizado y adquiera parte de las acciones de la nueva sociedad. La decisión en torno a Ecopetrol no fue de buen recibo por parte de los trabajadores. Al pronunciarse, la Unión Sindical Obrera dijo que la determinación le da un golpe de estabilidad a la empresa y que se abre la puerta a una posible privatización. Pero el Gobierno terció en el debate al argumentar que los cambios no implican el carácter estatal de la empresa ni los beneficios de los trabajadores ni los contratos de asociación con firmas multinacionales. Mientras la controversia continúa, lo cierto es que el gobierno de Álvaro Uribe aprovechó su actual capital político para sacar adelante las reformas. El confuso retiro del General Díaz En un debate en el Congreso de la República, el general Gabriel Ramón Díaz denunció presiones de Estados Unidos para sacarlo del servicio activo. Mientras el general Gabriel Ramón Díaz acusó a E.U. de pedir su retiro, el Gobierno adujo la facultad discrecional para ordenarlo. La salida del general Gabriel Ramón Díaz, comandante de la II Brigada del Ejército, con sede en Barranquilla, es un acto del servicio que se da con normalidad en la vida militar. Esas fueron parte de las explicaciones sobre la salida del oficial, en palabras del comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina Ovalle. Agregó que en la justicia penal militar no se le había abierto ninguna investigación y ponderó que se trataba de un buen oficial, “que le sirvió a Colombia durante los últimos 30 años”. Pero fue el propio ex comandante de la II brigada quien atribuyó su fortuita salida de la institución a las presiones del Gobierno de E.U., en una sesión del Congreso para aclarar los motivos de su remoción. Versiones de prensa insistieron en que fue llamado a retiro el 6 de junio por el presidente Álvaro Uribe, a raíz de que la Agencia Antidrogas de E.U. (DEA) lo responsabilizó de la desaparición de un cargamento de dos toneladas de cocaína y armas, que pertenecía a grupos de autodefensa de la Costa Atlántica. Además, de supuestos nexos con estas organizaciones. “Yo no sé de dónde sacan esa cantidad tan grande de versiones para manchar la humilde frente de este servidor de Colombia que salió, como ustedes saben y es vox populi, por presiones del Gobierno americano. Mis superiores me lo dijeron y la ministra de Defensa me lo dijo”, replicó Díaz en una debate público ante la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado. El general rechazó todas las acusaciones en su contra, puesto que sostuvo que el decomiso de la droga fue realizado por la Policía Nacional y que tres de los informantes, él en persona los remitió a la agencia estadounidense DEA. Dos de ellos aparecieron asesinados luego. La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, expuso ante la misma Comisión Segunda del Senado que el retiro del general “se produjo en ejercicio de la facultad discrecional que tiene el Gobierno nacional para retirar del servicio a aquellos miembros de nuestra fuerza pública”. Descartó la presión de Estados Unidos. Aunque sin precisar responsabilidades, el escándalo derivó luego en el relevo del comandante de la Policía Atlántico, Luis Daniel Estupiñán, quien antes de la decisión, dijo que “en estos casos están involucrados unos pocos malos policías”. Trascendió, en su momento, que la investigación por la devolución de la cocaína a los narcotraficantes cobija a 40 agentes, incluyendo oficiales que supuestamente habrían participado en el decomiso y luego aceptaron sobornos para entregarla. El caso desató un escándalo de proporciones y tres investigaciones están en curso: en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Policía Nacional. Doris Gil y Helmuth: un amor inseparable Doris Gil Santamaría. Juntos como siempre, tal y como lo juraron el 8 de noviembre de 1958, ante el sacerdote Marco Tulio Zuluaga, que los casó, los esposos Helmut Bickenbach y la ex reina de Belleza de Colombia Doris Gil Santamaría fueron asesinados por las Farc. Los esposos habían sido secuestrados el pasado 26 de diciembre en la vía La Vega-Villeta, departamento de Cundinamarca, por miembros de ese grupo guerrillero, que hizo exigencias económicas a sus familiares a cambio de la posible liberación. Las autoridades reportaron que ella, de 65 años, tenía impactos de fusil y de bala y él, de 68 años, presentaba disparos de arma de fuego de largo alcance. El crimen recordó al país el otro asesinato múltiple del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; del asesor de paz y ex gobernador Gilberto Echeverri Mejía y de los ocho uniformados que los acompañaban en cautiverio, también cometido por las Farc. Pese al hermetismo en torno al secuestro de la pareja, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, sostuvo tras el doble asesinato que su despacho poseía información de que la mantenían en campamentos de las Farc localizados en una región comprendida entre las poblaciones de La Palma y Villeta. Osorio calificó los hechos como “un crimen cobarde y miserable”. Colombia volvió a recordar la entereza de la ex reina Doris Gil Santamaría, la que ciño su cetro, pero que canceló su participación en Miss Universo porque tenía previsto su matrimonio con Helmut Bickenbach. La sustituyó Luz Marina Zuluaga, que a la postre conquistó la corona en Long Beach (E.U.). Como un “acto aleve que no deja otro camino que el de fortalecer la convicción de derrotar el terrorismo”, calificó el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el asesinato. Sólo buenas intenciones Los jefes de Estado de la Comunidad Andina de Naciones se dieron cita en el Carmen de Viboral (Antioquia). En la imagen, los presidentes, Hugo Chávez, de Venezuela; Gonzalo Sánchez de Losada, de Bolivia; Álvaro Uribe Vélez, de Colombia; Lucio Gutiérrez, de Ecuador y el vicepresidente peruano, Raúl Díez Canseco. El Recinto de Quirama en el municipio antioqueño de El Carmen de Viboral fue el escenario de una nueva cumbre de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la que los mandatarios de los países miembros renovaron su voluntad de integración. Una y otra vez las palabras que acompañan la clausura de las cumbres de la Comunidad Andina de Naciones es que, ahora sí, se abrirá el definitivo camino de las integración. La excepción no fue la cita en El Carmen de Viboral de los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe; Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada; Ecuador, Lucio Gutiérrez y del vicepresidente de Perú, Raúl Díez Canseco, este último en reemplazo del titular Alejandro Toledo, que resolvía la crisis interna en su gobierno y no vino. Al tenor del aire fresco del oriente antioqueño, los mandatarios reafirmaron la voluntad integradora, pero un informe de la Secretaría General de la CAN dejó al descubierto la cadena de incumplimientos. Según esa instancia, existen 43 dictámenes o sentencias que están pendientes de cumplimiento. La cifra incluye 19 sentencias del Tribunal Andino de Justicia. Y a pesar de que los mandatarios de la CAN se dieron una nueva oportunidad para cumplir los propósitos y metas del mecanismo de integración, en el ambiente quedó la sensación de que este bloque de países optaría muy pronto por articularse al Mercosur. Aquí estuvo, precisamente, el más firme defensor de este grupo: el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien trajo el mensaje formal de invitación. No faltan los optimistas. A juicio de la canciller ecuatoriana, Nina Pacari, a lo largo de la historia de la CAN siempre ha habido dificultades. Ella está convencida de que los avances de la CAN no se pueden medir en la cantidad de acuerdos firmados. Puso como ejemplo la integración energética entre Colombia y su país. El presidente Álvaro Uribe formuló un llamado a sus colegas para que cada nación, de acuerdo con sus posibilidades e intereses, avance en la firma de acuerdos bilaterales con E.U., pero sin perder el norte del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca). “Todos debemos llegar allí”, fue el mensaje de Uribe.