Versiones indican que la orden de desmovilizados sería lanzarlos a los ríos.

Fiscales han corroborado saqueo de restos óseos en varias zonas del país.

Por
Catalina Montoya Piedrahíta

Cortesía | La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos y un equipo que sobrepasa las 100 personas (entre fiscales y técnicos en criminalística), exclusivamente dedicados a exhumaciones.

"Señor Fiscal, le informo que esta tierra ya ha sido removida". La comisión judicial había viajado a Fresno, Tolima, porque tenía información del sitio preciso donde estaban enterrados un concejal y su hermano.

Los restos los encontraron, pero no completos. De la fosa sacaron las manos y dos vértebras. Los huesos largos, de los que es posible extraer muestras para cotejos de ADN, se los habían llevado. El dictamen del técnico fue claro: alguien se adelantó y exhumó primero.

Antes de aventurarse a sacar conclusiones, el equipo corroboró datos: se comunicó con la Unidad de Derechos Humanos para averiguar si la diligencia había sido realizada por fiscales a su servicio, y la respuesta fue no. Hizo lo mismo con Ejército y Policía, y la conclusión fue la misma.

Últimamente, la escena de trasteo de cuerpos se ha repetido en Antioquia, Magdalena, Catatumbo y los Llanos Orientales.

"Encontramos excavaciones recientes donde íbamos a hacer exhumaciones". Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, no se atreve a hacer conjeturas sobre las causas y los actores responsables de este nuevo fenómeno.

"Estamos tratando de que criminalística nos diga si en esos lugares efectivamente hubo restos y en qué fecha aproximada fueron extraídos (...) Nos preocupa pensar que alguien está sacando los muertos".

Sin embargo, versiones de organismos de inteligencia van más allá. Indican que, para evitar que la verdad se conozca y para esquivar exigencias de reparación a víctimas, desmovilizados de las Auc estarían ordenando desenterrar los cuerpos que en el pasado ellos mismos sepultaron, y lanzarlos a los ríos.

Doble desaparición
Con la variable agua, el panorama se complica. No hay precedentes en Colombia de búsqueda de cadáveres en ríos: hacen falta el conocimiento, la experiencia y los recursos. "No podemos decir que hemos metido buzos, que hemos utilizado submarinos. No estamos preparados".

Juan Carlos López es uno de los 11 fiscales del país con dedicación exclusiva a la búsqueda de desaparecidos y reconoce sin rodeos la difilcultad, que se agrava con el ingrediente del trasteo de restos que, en la práctica, implica una doble desaparición forzada.

Por eso es que la de llegar primero se ha vuelto casi una obsesión para el ente acusador, que entre sus cuentas muestra un total aproximado de 560 cuerpos exhumados desde septiembre del año pasado hasta la fecha, de los cuales ha podido identificar plenamente 100.

Esta "avalancha" de restos humanos que se acumula en los laboratorios de ciencias forenses del país resulta preocupante para entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, en la medida en que no está todavía en pleno funcionamiento el Registro Único de Desaparecidos, una base de datos unificada que permitirá acelerar las labores de identificación de los muertos.

El otro problema es el de las condiciones de almacenamiento de los restos óseos, sin que se ponga en peligro la conservación de la cadena de custodia.

La respuesta del director de Medicina Legal, Máximo Alberto Duque, a este tipo de críticas es que el proceso de búsqueda no puede entenderse como una estructura líneal. "Es más una madeja de hilo, cuya punta se encuentra en cualquier parte: a veces está en la confesión, a veces en la denuncia de una familia, a veces en la versión de un informante".

Para Luis González, la cuestión es: los cadáveres los rescata la Fiscalía o los sacan otros. "Después no lo podemos hacer: la persona que nos iba a dar la información se muere o pierde la intención; cambian las condiciones geográficas, se agravan las circunstancias de orden público, pueden pasar muchas cosas".

La cuestión de los recursos
Para encarar de manera integral el drama del desaparecimiento forzado, el Estado tiene, sobre todo, proyectos.

Uno de ellos, la construcción de un centro único de identificación, para el almacenamiento de restos óseos, producto de las exhumaciones masivas. Cuenta con 2.000 millones de pesos iniciales.

Otro, un banco de ADN, que aún no tiene partidas presupuestales definidas.

También una base de datos (Registro Único de Desaparecidos) en la que se acopiará la información de todas las entidades que se relacionan con el fenómeno: Defensoría, Procuraduría, Ong, DAS, Fiscalía, Inpec, Policía...

Los 1.600 millones de pesos invertidos por Medicina Legal darán fruto cuando las instituciones involucradas ingresen la información y adapten sus sistemas a este software. En ese momento se conocerá una cifra que aún no tiene nadie: cuántos desaparecidos hay en Colombia.

Lo otro, por lo pronto imposible de calcular, es cuánto cuesta mover el aparato judicial para responder a la coyuntura de la Ley de Justicia y Paz y el volumen de confesiones de los desmovilizados, si se tiene en cuenta que cada salida de campo para diligencias de exhumación cuesta en promedio cinco millones de pesos diarios que se multiplican por seis o siete días que dura cada misión.

Esto, sin contar con los costos de las pruebas genéticas. Cada cotejo de ADN vale más o menos 800.000 pesos, porque tiene que analizarse sangre de varios familiares del muerto, generalmente padre, madre, hijo o hermano. Hasta ahora, según la Comisión Nacional de Reparación, 42.000 personas se han identificado en el país como víctimas de los grupos de autodefensa. 21.735 de ellas están en Antioquia.

Legislación, reina de burlas
Además de proyectos, el Estado colombiano está bien provisto de leyes que, si se hubieran respetado, el atraso en materia de identificación de desaparecidos sería menor. En el año 2000, el Congreso tipificó la desaparición forzada como delito mediante la Ley 589.

Esta misma disposición creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que comenzó a funcionar cinco años después, con un presupuesto de 100 millones de pesos. Este organismo interinstitucional debía también poner a funcionar (mediante la difusión y el trazo de políticas), figuras como el mecanismo de búsqueda urgente y el Registro Único de Desaparecidos. El primero, que obliga al estamento judicial a movilizarse ante cualquier denuncia, es desconocido por ciudadanos y autoridades y, el segundo, apenas comienza a ponerse en marcha. Hoy, ser miembro de la Comisión, siete años después de creada, es solo una de las múltiples ocupaciones de los funcionarios que la integran.

Una llegada a tiempo
Esa vez ya no fue en Fresno, Tolima, sino en Putumayo, exactamente en el muncipio de La Dorada, sobre la vía que conduce a San Miguel. La comisión que dirige el fiscal Juan Carlos López estaba trabajando en una finca, muy cerca a la carretera, en una exhumación. Al frente del terreno, los paramilitares solían mantener un retén.

Ese recuerdo pudo haber motivado a esa señora que se acercó a contar que buscaba a su esposo, un comerciante que iba y venía de Ecuador trayendo gas para vender, y que desapareció cuando llegó a ese puesto de control ilegal, un viernes de 2002 en su viaje de regreso.

Logró entrevistarse con el jefe paramilitar de la zona y la respuesta fue que no buscara más lo que no iba a encontrar; acudió a las autoridades y ellas mismas le aconsejaron que no pusiera la denuncia.

Pero ese día de noviembre pasado, no se contuvo para hacer preguntas ni dar información.

Cuenta Juan Carlos que ella no sólo se acordaba de la ropa que tenía puesta su marido el último día, sino también del color de los calzoncillos.

A medida que se retiraba la tierra de los restos de la fosa, una certeza se atrancó en las gargantas de los miembros de la comisión judicial: estaban al frente del hombre que la señora buscaba.