Terrorismo, arma de guerra luego de la ruptura de la negociación.

Medellín
A un año de la ruptura de las negociaciones con las Farc, San Vicente del Caguán, en Caquetá, y La Macarena, Mesetas, Uribe y Vistahermosa, en Meta, los municipios que conformaban la disuelta zona de distensión, siguen esperando la inversión social que el entonces presidente Andrés Pastrana Arango, anunció como compensación por su sacrificio en favor de la paz.

Según Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, hasta el momento la presencia estatal en esta zona se ha limitado a la recuperación de la institucionalidad, representada en la presencia de tropas del Ejército y la llegada de la Policía a las localidades. Sin embargo, la inversión social prometida sigue sin llegar.

A esto se suman las amenazas a los alcaldes y concejales, lo cual hizo parte de una estrategia de debilitamiento de las instituciones que, a nivel nacional, emprendieron las Farc luego de la ruptura del proceso.

Días después de la quiebra del diálogo, los insurgentes declararon objetivo militar a todos los mandatarios, concejales y funcionarios municipales de Caquetá que no renunciaran a sus cargos.

El caso más grave es el de Néstor León Ramírez, alcalde de San Vicente del Caguán, quien hace siete meses despacha desde Bogotá.

"Al alcalde le hicieron un atentado y se refugió en el comando de Policía. Después se fue para Florencia, donde se concentraron todos los alcaldes de Caquetá, que estaban amenazados. Cuando la situación se hizo insostenible se fue para Bogotá y al que había dejado como alcalde encargado, que era el secretario de Gobierno, le asesinaron a la esposa", recordó Toro Giraldo.

Este crimen motivó la renuncia de varios funcionarios y empleados de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. La situación de los mandatarios de los cuatro municipios de Meta que hicieron parte de la zona de distensión no es mejor. Ellos, al igual que varios concejales y miembros de sus gabinetes, tuvieron que refugiarse en Villavicencio.

Terrorismo, la otra arma
Además de la desestabilización de las instituciones mediante las amenazas contra alcaldes y concejales, las Farc acudieron al miedo como estrategia de guerra.

Según el director nacional de la Policía, general Teodoro Campo Gómez, en el último año las Farc disminuyeron las tomas a poblaciones y dirigieron su accionar a los actos terroristas. "Ellos están concentrados en evitar la confrontación directa con las Fuerzas Militares, lo que demuestra su debilidad", comentó el oficial el viernes pasado, en Medellín.

Frente a este cambio de accionar, Toro Giraldo recordó que "cada vez más se recurre al terrorismo que es una forma vil de atacar a la población civil".

Sin embargo, reconoció que las estrategias de seguridad del actual gobierno han permitido a la gente común "salir de nuevo a las carreteras y reencontrarse con los seres queridos sin el miedo a un secuestro". También consideró que el proceso fallido con las Farc deja un mensaje claro para que cuando se emprenda una nueva negociación con cualquier grupo irregular se fijen reglas claras para evitar abusos como los que se dieron al amparo del desmontado despeje.

Mediante un comunicado, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, hizo un llamado para que el Gobierno y la guerrilla "paren sus lógicas belicistas" e instaron a que se siga insistiendo en la búsqueda de una salida negociada. La asamblea recordó que la guerra se ha degradado durante el último año y la población civil sigue poniendo las víctimas. "Las medidas decretadas por el gobierno al amparo de la conmoción interior no han servido para disminuir el enfrentamiento armado y, al contrario, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales son cada vez mayores", señaló el documento de los voceros ciudadanos.