Personería asegura que fenómeno afecta a miles de familias.
Alcaldía reconoce que no tiene recursos para tantas personas.
Red de Solidaridad advierte que la Ley no los cobija a todos.

Por
José Alejandro Castaño Hoyos
Medellín

Esta foto fue tomada desde el interior de una de las cerca de cuarenta casas abandonadas en el sector de La Torre, en el Centro occidente de la ciudad. Para intentar controlar la arremetida de los grupos armados, la Policía hace patrullajes durante el día. En la noche, cuentan los pocos habitantes que insisten en permanecer en la zona, el miedo y la soledad se toman las calles. Foto Donaldo Zuluaga.

Pedro Picapiedra se quedó asomado en la terraza, meneando la cola, con las patas apoyadas en los muros. Luisa lo oyó ladrar y quiso devolverse, pero su esposo se lo impidió. Le dijo que no había tiempo y que él después mandaba a recogerlo. Los tres muchachos contratados para el trasteo les ordenaron subir al carro, un viejo Ford sin puertas y agujeros de bala en la trompa.

En la casa, además del perro, Luisa tuvo que dejar la cuna de Brayan, que en el tropel de la huida ninguno supo desbaratar; la nevera, un armatoste de color verde demasiado grande y pesado para la reducida carrocería del camión; una ponchera con ropa sucia, remojada en agua jabonosa; y un par de materas sembradas con cebolla. Nadie se asomó a despedirlos.

Las 40 casas de la manzana, a lo largo de la calle 34B con carrera 111C, entre los sectores 20 de Julio y Betania, ya estaban desocupadas hacía dos meses, desde que la guerra entre las milicias y autodefensas se recrudeció y los muros de las edificaciones empezaron a sacudirse con las esquirlas de las granadas y las ráfagas de los fusiles.

Los únicos que decidieron quedarse entonces fueron Luisa y su esposo, empeñados en salvar los diez millones de pesos que dos años antes pagaron por su vivienda con un préstamo del que aún deben la mitad. Por eso persistieron y mandaron a los niños a la casa de la abuela, en Guayabal.

En esos días, a comienzos de febrero, el tropel de los que huían comenzó a ser tan vertiginoso que muchos dejaban camas, trastos de cocina, estufas, cuadros colgados en las paredes y mascotas, en total cinco perros, tres gatos y una coneja de orejas grises que terminó muerta de un susto después de la detonación de una papa explosiva.

En eso iba pensando la mujer, en los animales, mientras el conductor del camión descendía loma abajo, apurado por el peso de los trebejos mal arrumados y el temor de una emboscada.

Según las autoridades, su caso es el de cientos de familias en diferentes zonas de Medellín en las que la guerrilla y las autodefensas luchan por el control de barrios cuya ubicación consideran estratégica, debido a los corredores que comunican sus laderas con algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano, precisamente en las poblaciones del departamento donde los frentes rurales reclaman abastecimiento, víveres, munición y vías de ingreso y salida al Valle del Aburrá.

Voces oficiales
Alberto Morales, asesor de la Personería, advierte que la situación es crítica y asegura que la ciudad aún desconoce la dimensión de esa tragedia. En su opinión, la mayoría de la gente todavía piensa que los desplazados son sólo las familias campesinas que tienen que abandonar sus parcelas de cultivo y que ese fenómeno es ajeno a los núcleos urbanos.

De acuerdo con el funcionario, pese a que no existe un censo, el número de hogares desarraigados por culpa de la guerra entre milicias y autodefensas en Medellín suma miles en Santo Domingo Savio, Popular, Ocho de Marzo, Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, Villa Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y Efe Gómez, barrios de las periferias en los que, denuncian los habitantes, hay cuadras desoladas, marcadas por el abandono y los grafitis en aerosol en los que los grupos armados se retan a muerte y se culpan de la desgracias de los que se marchan.

Consuelo Chavarriaga, directora de la Oficina Municipal de Atención de Desplazados, reconoce que el fenómeno sorprendió a las autoridades. En ese despacho, admite sin rodeos, no tienen recursos para encarar el problema y atender las familias con subsidios de vivienda, educación o ayuda humanitaria.

No obstante, debido al evidente incremento de los combates en los barrios y la huida de un número cada vez mayor de familias, el Municipio comenzó a diseñar un plan de asistencia del que aún no se conocen detalles.

Depreciación
Mauricio Cadavid, sociólogo de la Universidad de Antioquia, dice que el problema del desplazamiento urbano no es nuevo y que desde la época en que Pablo Escobar Gaviria empezó a financiar las bandas de sicarios, los jóvenes aprovecharon el poder de las ametralladoras y el dinero para desterrar familias enteras e, incluso, exigirles el traspaso de sus propiedades. Esa espiral de crimen, explica el académico, se ha mantenido todos estos años y la desocupación de viviendas en barrios periféricos es una constante.

Lo que ocurre ahora es que, señala, además de que el volumen de desplazamiento es mucho mayor, por primera vez se están vulnerando zonas de estratificación alta. El caso de la urbanización Villas de Aragón, en Belencito, parece prueba de eso.

La Urbanización Villas del Aragón está ubicada a cinco minutos en carro de la carrera 80. Tiene piscina, zonas verdes y dos salones comunitarios. Pese a las comodidades y al bello diseño de las casa, el acoso de los grupos armados del 20 de julio, El Corazón y Betania, ha espantado a decenas de familias. Foto Róbinson Saénz.

La unidad es de 252 casas, cada una con un área promedio de 70 metros cuadrados; casi 600 árboles frutales en las zonas comunes, dos salones sociales excelentemente dotados, piscina y hasta un aviario con diferentes variedades de canarios, sinsontes y gallinetas. Sin embargo, por culpa de la guerra que se libra a pocas cuadras, en el sector de El Corazón, 60 casas fueron desocupadas este año y, cuentan los habitantes, en promedio tres familias se mudan de la unidad cada fin de semana. El asunto es tan grave que por las viviendas, cotizadas en sesenta millones, nadie ofrece más de treinta.

Rodolfo*, médico de la Universidad de Antioquia, cuenta que dos veces ha ido a devolverle la propiedad a la corporación que se la financió y que ésta sólo le reconoce la tercera parte del valor, como veinte millones. Con todo y el descalabro financiero que ello supone, muchos vecinos han preferido colgarse en las cuotas de los préstamos e irse a pagar arriendo a otras partes con tal de huir del alcance de los combates, siempre entre hombres de rostro cubierto que disparan fusiles, lanzan granadas y usan camuflados.

La misma situación padecen en la Unidad Residencial Citará, cuyos arriendos, que deberían costar $400.000, se ofrecen en $200.000, y hasta en menos. La gente está desesperada.

Jhony*, licenciado en Educación Física del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ajustó la cuota inicial de su apartamento en San Michel, parte alta de San Javier, a punta de abdominales, sentadillas, flexiones de pecho, levantamiento de pesas y largas jornadas de trote como instructor en un gimnasio.

El esfuerzo de dos años continuos, además de una satisfacción dura, firme, libre de estrías, le dejó una pequeña hernia inguinal que sólo le comenzó a doler cuando, hace cinco meses, tuvo que abandonar su propiedad, apremiado por la guerra.

Larva
Lo más duro, lo que da más rabia, alegan Luisa y su esposo, es que las autoridades no parecen darse cuenta de lo que está pasando, como si el Alcalde, los concejales y los comandantes de la IV Brigada, la Policía Metropolitana y el DAS vivieran en otro mundo del que apenas se asoman a través de vidrios blindados.

Quizás eso explica, asegura la pareja, porqué la imagen que tienen las autoridades del conflicto en los barrios es a veces tan distorsionada, borrosa. Hace veinte días, cuenta la mujer ofuscada, ella y su esposo volvieron al barrio, en un esfuerzo por recuperar a Pedro Picapiedra. Fueron a las once de la mañana, vestidos con camisetas blancas y en compañía de uno de los hijos, el más pequeño, todo para conjurar el recelo de los grupos armados.

Buscaron, silbaron, tronaron los dedos, preguntaron por ahí, nadie les dio razón. Por fin, ya de bajada, frente a la fachada de un granero destruido, alguien les contó que al perro lo habían herido en una balacera y que penó tres días hasta que se murió. En sus pesquisas diarias, les dijeron, cinco tipos armados lo echaron a un caño, molestos por el hedor de la carne descompuesta y el reguero de gusanos.

Justo así, lanzados a un foso, con todo y sueños, se sienten Luisa y su familia, a quienes además de la pobreza y la desesperanza, los lastima el abandono estatal, una suerte de larva robusta, de picadura siniestra, a veces mortífera.

* Nombres cambiados por petición expresa de las fuentes

Opinión general
Voces del destierro

"Nosotros salimos del barrio desde mediados de marzo. La situación se hizo insoportable. Había balaceras todos los días. Una vez los milicianos nos reunieron y nos explicaron que la cosa estaba muy brava y que como los paramilitares andaban tan encima, que todos los habitantes teníamos que prestarnos para hacerles la guerra. Esa vez fue cuando pusieron como condición que si los milicianos necesitaban entrarse a la casa de uno a la brava para resguardarse, fuera a la hora que fuera, nosotros teníamos que abrirles la puerta y ocultarlos. ¡Imagínese!"
María, del barrio 20 de Julio.

"Mi rancho es de adobes y tejas. Un pedazo tiene plancha. No es lujoso, pero es bonito. Tiene sus servicios y un frente amplio. Dos piezas, baño, cocina y balcón en la parte de atrás. Nos tocó dejarlo abandonado el 30 de enero. De allá, que yo sepa, han salido por hay otras diez o doce familias, todas arriadas por las balas como cuando usted espanta ganado a fuetazos. Nosotros sólo alcanzamos a sacar la ropita y unas ollas. Todo lo demás está allá. La orden que dieron los milicianos es que los que salimos perdimos el derecho a volver y que si nos ven otra vez por allá nos ajustician. ¡Eso mandaron decir!".
Enrique, del barrio Blanquizal.

"Los paramilitares subieron un martes por la noche y le cortaron la cabeza a un sobrino dizque porque era guerrillero. Después volvieron al jueves y fusilaron a tres pelados, entre ellos el hijo de una comadre. Mi hijo, que es celador en una urbanización en El Poblado, dejó de subir a la casa a dormir de puro susto y comenzó a quedarse donde un compañero en Robledo. Yo me cansé de oír balazos, gritos de auxilio y de estar sola. Mi casa la dejé cerrada con candados pero una vecina me llamó a contarme que ya la abrieron y que la ocuparon".
Noelia, del barrio Fuente Clara.

"Un día vino un grupo preguntando por mi marido, que era de la acción comunal, y lo acusaron de ser un líder cívico al servicio del Eln. Como no estaba, le dejaron dicho que no lo querían volver a ver por ahí porque le iban a cortar la lengua y los testículos. Antes de irse, los tipos rayaron las paredes y las ventanas de la casa. Yo lo llamé al trabajo y le dije que no subiera. Mi papá y un tío me ayudaron a empacar ese tarde y cuando el trasteo ya estaba listo, los paras volvieron y me dijeron que si había decidido irme, que les dejara las llaves de la casa, que ellos la necesitaban. Tenían armas y capuchas, ¿quién les dice que no?".
Marina, del barrio Popular.