Transición de conflicto rural a urbano alerta a entidades de socorro.
Aumento de choques armados, como en Medellín, expone más a civiles.
Solución debe ser integral y no puntual, dicen entidades humanitarias.


Por
Javier Arboleda García
Medellín

La Cruz Roja de Antioquia llamó la atención sobre la necesidad de que exista una reglamentación muy clara frente al uso del emblema universal del organismo humanitario para evitar confusiones en situaciones de conflicto. Donaldo Zuluaga

En Medellín y el Valle del Aburrá hay barrios sitiados por los actores armados. Existen corredores estratégicos para sus intereses, restricciones para la movilización y posicionamiento de esos grupos. Allí, la confrontación armada es abierta y va de la mano de la intensificación y degradación de ese conflicto y la forma como afecta a la población civil.

"Las características del conflicto rural se están trasladando a la zona urbana, con mayores consecuencias y con el agravante de que pueden afectar a más personas", dice un directivo de un organismo humanitario con sede en Medellín.

Y agrega que los síntomas de la degradación son evidentes: a Carlos Andrés, de 21 años, un estudiante del barrio Popular 1, del nororiente, un grupo armado lo persiguió varias cuadras. Al aprehenderlo, lo decapitó... María, una joven mamá, del barrio La Divisa, en el extremo centroccidental, murió atravesada por una bala. En su residencia, detrás de un viejo escaparate que, pensó, le serviría de escudo para protegerse de la balacera que grupos armados protagonizaron en su sector... hace menos de un mes, también en el centroccidente, un grupo de milicias amarró una granada de fragmentación a un cadáver que tiró en una vía pública. La trampa explotó cuando las autoridades practicaban las diligencias de inspección judicial...

"Son apenas ejemplos, reportados, y demuestran la verdadera dimensión del problema", dice la defensora del Pueblo para Antioquia, María Girlesa Villegas Muñoz, al explicar que esa situación prendió las alarmas de los organismos humanitarios.

Expectativas
Aunque el trabajo en relación con el conflicto urbano no es del todo representativo, esos organismos empiezan a vislumbrar una coyuntura complicada, pese a que el consenso general es que la solución debe ser nacional y global. Villegas Muñoz explica que su despacho empieza a recibir quejas frecuentes sobre actuaciones de los actores armados en los barrios populares, enfocadas a violaciones flagrantes de los derechos humanos o infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Es muy crítica la situación porque la comunidad está sufriendo con la confrontación", al punto que siente vulneradas sus garantías fundamentales cuando le restringen la movilización o la obligan a desplazarse a otro barrio, o le reclutan a uno de sus miembros, sobre todo a los jóvenes o, en el caso extremo, cuando es testigo de un juicio sumario, en el que se irrespeta el derecho a la vida o al debido proceso.

"Esas quejas las hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que actúen de conformidad", pero llegan a través de muchos filtros, debido al temor general que existe para denunciar o poner en conocimiento público tales atropellos. "A veces es tan grave la situación, que mucha gente es capaz de enfrentar su propio miedo y hablar", indica la defensora.

La educación
Le preocupa, sobre todo, lo que viene sucediendo con los establecimientos educativos en sectores críticos de la ciudad, donde algunos enfrentamientos armados se dan con una escuela o un colegio de por medio.

Para la funcionaria, la solución debe ser integral, partiendo del respeto a los derechos humanos, de un Estado que sea capaz de garantizarlo, pero también de la voluntad política de los actores armados de entender la necesidad de acatar las normas del DIH, que protegen a los no combatientes y, de paso, regulan y limitan el uso de la fuerza.

Villegas Muñoz jalona un proyecto para la realización de un gran cabildo abierto en el que todas las entidades y personas que tengan que ver con el tema puedan discutirlo y lanzar sus propuestas. "También recopilamos información para preparar una resolución defensorial", que llame la atención de las autoridades sobre esa realidad.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas (NU) para los Derecho Humanos conoce el problema. Advierte que su actuación, como en el resto del país, es la de observar y recopilar información para asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas de promoción y protección de esas garantías fundamentales.

Reitera su propuesta: el Acuerdo Global en Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que permita proteger a la población civil de los riesgos de una confrontación y que, de paso, allane el camino para una solución definitiva.

La propuesta
En opinión del despacho, el Acuerdo es fundamental porque refuerza el compromiso del Estado por la protección y promoción de los derechos humanos y les recuerda a los actores armados la importancia de acatar en toda su extensión las normas del DIH.

Pese a esa visión, muchos analistas piensan que la confrontación será cada vez peor en las grandes ciudades por la dinámica que viene adquiriendo el conflicto armado en el país, por lo que auguran un trabajo más a fondo de todos los organismos humanitarios, nacionales y extranjeros.

La crudeza de la guerra urbana, agrega otro directivo de una Ong de derechos humanos, hará que muchas entidades de este orden cambien el enfoque de sus actuaciones y miren más a las urbes, porque tendrán que destinar muchos de sus recursos en el manejo de una situación que, de recrudecerse, "traerá más y mayores consecuencias de las que hoy vemos en nuestros campos".

Implicaciones
Infracciones contra personal de socorro

El personal médico y sanitario de los hospitales en Medellín ha padecido en algunas ocasiones el irrespeto de su inmunidad como misión médica. En Belencito, una ambulancia fue atacada hace dos meses. En San Javier, el 20 de abril se enfrentaron la fuerza pública y las bandas frente a la Unidad de Atención Hospitalaria.

A esto se suman amenazas y desplazamiento forzado de funcionarios del sector salud; personal obligado a la prestación de servicios; muerte de enfermos y de heridos bajo protección del personal sanitario; ataque a unidades y medios de transporte, que llegan incluso a su destrucción total; conversión de unidades o medios de transporte en objetivos militares; afectación secundaria de personal de salud y de heridos y enfermos que se hallan en las ambulancias o en los hospitales; robo o restricción del tránsito de medicamentos, alimentos y equipos médicos, prohibición de la oferta de servicios de salud de manera directa o con la implantación de "toque de queda", retenes, etc.

En la unidad hospitalaria del barrio Doce de octubre, las directivas tuvieron que concertar con las bandas del sector el respeto a la misión médica puesto que durante varios meses utilizaron la parte posterior de las instalaciones como trinchera, lo que obligó al cierre del hospital durante varios meses. En la actualidad se encuentra en servicio.

"También hay vulneración del derecho y deber del personal de salud de guardar silencio frente a la información que conoce por causa o con ocasión de sus labores humanitarias", expresó un médico afectado por los ataques.