Dirigentes comunitarios denuncian fuerte control de "paras" sobre jóvenes.
Al tiempo, reclaman que organismos judiciales investiguen atropellos.
Gente de barrios populares demanda atención de organismos de D.H.


Por
Carlos Alberto Giraldo M.
Medellín

Los habitantes de los barrios populares se sienten abandonados a su suerte. Allí ocurre toda clase de atropellos por parte de los actores armados, dicen, sin que hasta ahora haya una atención decidida de los organismos estatales de derechos humanos para escuchar e investigar sus denuncias. Fotos Donaldo Zuluaga.

La escuela del barrio Vallejuelos, una de las pocas construcciones en material que hay en el sector –el resto son ranchos de madera-, está convertida en trinchera en medio de los combates que sostienen la Policía y las milicias urbanas de la guerrilla desde que comenzó este año.

"Allí, en plena jornada escolar, se han ocultado los agentes en varias ocasiones porque no tienen ninguna otra estructura de ladrillos o material para protegerse en los enfrentamientos", confirman dos líderes y habitantes de este vecindario del centroccidente de Medellín ocupado, en parte, por desplazados del Urabá chocoano y antioqueño.

Ambos ciudadanos participan en el Precabildo de Comunidades Barriales y Organizaciones Sociales que se realiza en un auditorio del centro de la ciudad, con motivo del acercamiento a la problemática de violencia urbana en el Valle del Aburrá.

Ellos, igual que los demás representantes de otras zonas y comunas de Medellín y los municipios aledaños del Área Metropolitana presentes en el encuentro, coinciden en denunciar el "crecimiento del control paramilitar sobre las bandas de delincuencia común y juveniles, ante la pasividad y connivencia" de algunos integrantes de los organismos de seguridad oficiales.

Hay voceros de casi todas las comunas, en especial de aquellas que conforman la periferia urbana, un cinturón de asentamientos pobres construidos durante los últimos 40 años de historia de la ciudad, varios levantados sobre palos, latas y plásticos y habitados por los desterrados de la violencia reciente en el campo y las calles.

Cabe recordar que en el desarrollo de esta serie periodística, los comandantes de la IV Brigada, general Mario Montoya, y de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, han señalado que sus tropas y unidades tienen una firme actitud de combate a todos los grupos ilegales de la ciudad y que sus operativos están respaldados por la Fiscalía General de la Nación, como garantía de que se procede de acuerdo con la ley.

Mensajes de terror
"En los barrios Santo Domingo I y II y Popular I y II se enfrentan varias bandas, que trabajan para los paramilitares, contra grupos de milicias insurgentes. Los pillos, contra quienes la estación de Policía de San Blas no hace nada, integran los grupos La 38, La Caseta, El Hueco, La 100, Los Costales, Los Patiamarillos, Los Triana, Estrella Roja y El Sanduche", denuncia un habitante del sector La Galera, en el nororiente de la ciudad.

Según la dama, que no pudo volver a trabajar ante la posibilidad de transportarse a los barrios céntricos de la ciudad para cumplir labores de aseo doméstico, esas organizaciones criminales montan retenes en la mayor parte de las vías de acceso. "Se suben a los automotores de servicio colectivo, echan ojo, y bajan a los pasajeros que consideran enemigos, a veces gente que no tiene nada qué ver, y la matan. En varias ocasiones no volvimos a saber de las víctimas, las desaparecen. Desde el 7 de abril de 2001, a hoy, se cuentan más de 150 asesinatos".

Uno de los casos más aterradores de la violencia en esta parte de Medellín, según la vocera comunitaria, se presentó el pasado 30 de octubre: "La Policía persiguió al joven Carlos Andrés Pino Mosquera, de 17 años. Al parecer fue herido. Al final no supimos si huyó o qué pasó. Lo buscamos en el Hospital San Vicente de Paúl, pero no apareció. Casi a la medianoche, la banda de La 38 envió su cabeza en un vehículo de servicio colectivo hasta la puerta de la casa, envuelta en una bolsa. Tenía heridas de machete".

Solos
"Hay una voz que está hablando duro", dice un líder civil para referirse al creciente control que sobre "las bandas delincuenciales tienen hoy los grupos paramilitares". Otro asistente al foro revela, por ejemplo, que en el barrio El Playón de Los Comuneros, en el nororiente de Medellín se vive una calma aparente, superficial, debido a que es resultado de un severo control social por parte de grupos ilegales.

"Allí está el centro de operaciones de una banda denominada Los Triana, que vende sus servicios a los paramilitares. Ese y otros grupos ilegales del área se están expandiendo a los barrios Popular I y II, pero desde allá también hay respuesta de grupos milicianos, entonces el temor permanente es que estalle una violencia mayor".

En el turno para que hablen los líderes de la Comuna 13 de Medellín se insiste en que la presencia del Estado en los barrios que la conforman es represiva. "Hay allanamientos ilegales y en esos procedimientos son hurtados objetos de valor y otros son destruidos porque, supuestamente, son propiedad de auxiliadores de la guerrilla. Varios maestros y alumnos de nuestros vecindarios son señalados como milicianos".

El costado occidental de Medellín es hoy uno de los más sacudidos por los choques armados entre ilegales. Allí tienen asiento milicias del Eln, de las Farc, los Comandos Armados del Pueblo, Cap, y es permanente la incursión de grupos de autodefensas.

"A ello se suman los excesos de algunos miembros de los organismos de seguridad –según denuncian los líderes presentes en el encuentro-: toman fotos a la gente, ha habido ejecuciones sumarias e incluso han caído menores de edad en las balaceras indiscriminadas. "El pasado 11 de mayo un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, realizó ametrallamientos en nuestra comuna". Este relato de una líder comunitaria coincide con el de un periodista que, mientras acompañaba a su hijo escultista, vivió el hecho y remitió a este diario la siguiente descripción de lo sucedido:

"Hora: 4:30 p.m. Lugar: Iglesia María Madre del Redentor de Belén, Santa Mónica #2, a 20 cuadras del barrio Belencito. Las calles son bloqueadas por tanquetas y no se permite el ingreso de la comunidad. Desciende uno de los helicópteros, queda suspendido en el aire, y, de un momento a otro, hace varios disparos.

"Todos corríamos debajo del atrio de la iglesia. Unos se desmayaron, otros lloraron y otros gritaban". De acuerdo con ese testimonio, luego que un grupo de jóvenes escultistas (scouts) ondeó una bandera que los identificaba como tales, "el artillado elevó su vuelo y desapareció".

Frente a estos hechos y otros ocurridos en la Comuna 13 durante los últimos seis meses, además de los denunciados por los líderes de otras barriadas pobres de la ciudad, se cuestiona "la apatía de los organismos humanitarios oficiales y no gubernamentales, del país y del extranjero, que no responden, como deberían, frente al agravamiento del conflicto urbano. Están ausentes".

Implicaciones
Otra visión del problema

El aumento de la violencia armada en Medellín y el Valle del Aburrá ha suscitado diversas hipótesis y lecturas sobre las causas y efectos de la confrontación que protagonizan hoy bandas de delincuencia, comandos de autodefensas, milicias guerrilleras y organismos de seguridad oficiales.

Para algunos se trata de la "urbanización del conflicto armado"; es decir, del incremento de las acciones de los actores de la guerra interna en la ciudad. Otros indican que son apenas repercusiones de la lucha contra el crimen organizado.

Durante el encuentro de líderes sociales de las comunas de Medellín, el viernes pasado, se señaló que el centro del problema "no es la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares sino que la violencia tiene origen, en buena medida, en las políticas de exclusión y represión del Estado local contra las masas de pobladores pobres de las laderas de Medellín".

El asunto de fondo, se dijo, es que hay dos modelos de ciudad: uno para las clases medias y altas, que para ejecutarse requiere seguridad a toda costa. Y otro, el de miles de personas que demandan atención en asuntos elementales de infraestructura y bienestar social: escuelas y servicios básicos. A esos sectores, hoy, se les margina y desconoce dentro de los planes de desarrollo municipal.

"Esa respuesta violenta también refleja la negación del derecho a la protesta y emprende la persecución contra las organizaciones sociales que luchan por los derechos y la equidad para la gente más pobre de Medellín", se planteó.