Sobre esas bases habría que restitutir el estado de derecho en la ciudad.
Además, se requieren políticas públicas claras sobre convivencia.
Última entrega de la serie sobre el conflicto urbano en el área metropolitana.

Por
Juan Diego Restrepo E.
Medellín

El conflicto armado urbano, que implica tanto la violencia directa ejercida por las bandas y los combos, como por la urbanización del conflicto político armado y sus diversas manifestaciones, se expresa en pequeños poderes territoriales que controlan la economía, la justicia, los impuestos, la seguridad y hasta la cultura. Foto Donaldo Zuluaga Velilla.

"¿Estoy solo en la búsqueda de alternativas para enfrentar a los grupos armados que llegan al barrio?, ¿hay otros que también están en lo mismo?, ¿dónde están?, ¿es posible encontrarnos para, juntos, buscar la salida y lograr el apoyo del Estado, la Iglesia, la empresa privada, las organizaciones sociales y de las universidades?, ¿se podrá hacer algo para frenar tanta barbarie?"

Preguntas como esas le rondan en la cabeza a la ama de casa, al obrero, al empleado, al estudiante, al líder comunitario, al estudioso del tema o al ciudadano desprevenido que día a día sienten como el conflicto armado urbano que golpea sin contemplaciones en los barrios limita sus libertades individuales y colectivas.

No hay soluciones fáciles ni a corto plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que la violencia en la ciudad ha sido un método de "solución" de conflictos que se incrustó en la cultura. Sin embargo, los especialistas reconocen que salidas sí hay y proponen como punto de partida vencer el miedo, la soledad y la desconfianza para desembocar en un plan estratégico que contenga acciones de corto, mediano y largo plazo
Jesús Balbín, coordinador del programa Conflicto y Derechos Humanos, del Instituto Popular de Capacitación (IPC), plantea que empezar a derrotar el miedo es el punto de entrada para buscar soluciones colectivas. "En los barrios, en las organizaciones comunitarias, en las instituciones y hasta en el mismo Estado hay miedo de denunciar, de hablar sobre lo que está pasando, de decir la verdad".

Pero el académico va más allá y plantea que luego de vencer el miedo se debe derrotar la soledad. "¿Soy el único en buscar salidas?, ¿estoy solo o hay más? Son muchas las personas que piensan en rechazar el sometimiento a los grupos armados, lo que pasa es que hay que buscarlas y construir lazos de solidaridad".

No obstante, se requiere de un tercer elemento para allanar el camino de salida al conflicto y es la confianza. En los barrios, la ausencia del Estado o su presencia tan sólo policial o militar, vulnerando derechos humanos y libertades individuales y en algunas circunstancias actuando de manera conjunta con grupos armados ilegales, según lo denuncian voceros barriales, ha generado una profunda desconfianza de los pobladores.

Por ello el grupo de trabajo sobre Paz y Derechos Humanos de la Red Viva de Antioquia considera que hoy más que nunca se requiere de la ciudadanía una posición política clara y contundente contra la guerra y los autoritarismos, de derecha y de izquierda, sin vacilaciones, sin justificaciones de ninguna índole. "Desechemos la noción de las guerras justas y adoptemos un discurso político sin fisuras sobre nuestra opción por el pacifismo, por la no violencia, por la resistencia a la guerra y el autoritarismo", propone esa organización.

Plan estratégico
Pero superados los miedos, las soledades y las desconfianzas, lo que se requiere entonces es un plan estratégico específico que le dé continuidad a las políticas de convivencia ciudadana y permita hallar salidas a la situación de violencia que afronta la ciudad. A continuación presentamos los puntos en los que coinciden expertos de la Corporación Región, el IPC, las universidades Nacional y Antioquia, para la construcción de salidas al conflicto urbano armado:

Cultura ciudadana: Coinciden los expertos en la necesidad de cambiar la cultura ciudadana, aquella que nos ha impulsado a solucionar, hasta con nuestras propias manos, cualquier problema. Tiene que haber un esfuerzo grande de la familia, la escuela, la educación y el Estado para modificar la cultura que tenemos. Para ello es indispensable fortalecer la educación.

Participación política: Para pocos es desconocido que la ciudadanía se sienta excluida en las decisiones del gobierno municipal. Muestra de ello es la representación de la comunidad en el Concejo. Todos provienen de los partidos tradicionales, no hay ninguno que represente sectores comunitarios.

Algunos insisten en señalar que un ciudadano común y corriente no tiene mayor peso ante las instancias de poder, entre otras razones porque hasta el momento no se ha consolidado una actitud ciudadana amplia para combatir, desde las posibilidades legales, las injusticias y los olvidos de los dirigentes. Señalan algunos académicos que el poder político se acostumbró a decidir sobre su criterio, no siempre confiable, en asuntos de ciudad y se olvidó de que los ciudadanos son algo más que votos cada cierto tiempo.

Políticas de reinserción: El número de bandas en la ciudad, que algunos cálculos conservadores tasan en 300, y la presencia de milicias de la guerrilla y de las autodefensas, exige una política especial que aborde el tema de la incorporación de sus miembros a la vida ciudadana. En esa búsqueda hay que contemplar programas de reinserción urbana que recojan experiencias de otros años como los pactos de convivencia y desarme aplicados a grupos alzados en armas. En ese marco de referencia debe haber un componente ineludible de sometimiento a la justicia, como el aplicado al narcotráfico.

Inversión social: La ciudad requiere construir equidad y eso sólo es posible a través de la inversión social. En principio, es necesario, advierten analistas económicos, superar la exclusión económica. La dinámica de la ciudad, que fue corazón industrial y ahora no sabe si aún lo es o si ya es turística, de servicios, de eventos o tecnológica, no cobija a todos los medellinenses. El desempleo aumentó, superando de manera oficial el 20%, pero por causas como el desplazamiento pasó del 50% en algunos sectores.

Fortalecimiento de la Policía Comunitaria: En este programa es necesario avanzar porque a criterio de algunos observadores sociales, no ha logrado los niveles de protagonismo y de visibilidad requeridos. Se necesita un cuerpo policial que tenga como principios el respeto por las garantías individuales y colectivas, así como por el respeto a los derechos humanos. La idea es que el Estado recupere legitimidad y confianza a través de un cuerpo se seguridad como éste.

Presencia de organismos humanitarios: La ciudad necesita con urgencia la
presencia en los barrios de veedurías internacionales humanitarias, que provengan de Naciones Unidas, la Unión Europea y de Norteamérica, incluso, para que identifiquen situaciones especiales y, además de denunciar, propongan alternativas de solución.
Adicional a ello, sería importante hacer una gran campaña urbana sobre el Derecho Internacional Humanitario y el respeto a la población civil, así como adelantar unas acciones pedagógicas de señalización de sitios protegidos por las normas de la guerra; crear corredores humanitarios en los barrios más golpeados por los grupos ilegales armados para facilitar el acceso de la gente a escuelas, colegios y hospitales y centros de abastecimiento.

El desarme: Por diferencia de criterios es poco lo que ha avanzado la ciudad en temas como éste, pero los resultados en la ciudad de Bogotá, que para el año 2001 representaron una disminución del 8%, han demostrado que es el mecanismo más eficaz para reducir los índices de criminalidad. Sobre esta propuesta existen normas nacionales que es necesario concertar para aplicarlas.

El Estado de Derecho: Lo que revela la vida cotidiana de los habitantes de aquellas comunas más conflictivas es la poca capacidad del Estado para ejercer el control, el cual fue asumido por los grupos armados al margen de la ley.

El Estado, y no sólo en la ciudad sino en todo el país, perdió los monopolios de las armas, de la administración de justicia, de la seguridad y hasta el de la tributación.
De ahí que los expertos insistan en la tarea de restituir el estado de derecho, a través de mecanismos como la creación de la políticas de resolución de conflictos y de mecanismos de acceso ciudadano a la justicia, a través de la justicia comunitaria y los jueces de paz, así como el fortalecimiento de la capacidad de los jueces para fallar de manera oportuna. De esta manera, aseguran los estudiosos de la materia, se lograría la reconstitución del estado de derecho.

Para darle soluciones integrales al conflicto armado urbano es necesario visibilizarlo. Pensar que no sólo pasa en mi barrio sino que está por toda la ciudad. La idea es no callarse, hay que hablarlo, explicarlo, criticarlo. No callarse. Foto Donaldo Zuluaga Velilla

Implicaciones
Alcaldía introdujo cambios

Cuando Luis Pérez Gutiérrez asumió en enero del 2001 la Alcaldía de Medellín encontró en materia de convivencia dos circunstancias que no se acomodaban al proyecto de pacificación de la ciudad: unos grupos armados en proceso de facilitación, que recibían dineros del Estado, pero que querían seguir viviendo en la clandestinidad, y un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incipiente y lento en su ejecución, y de poco impacto social.

En ambos aspectos se basa el mandatario local para advertir que su administración no heredó un proceso visible de convivencia. "Nadie puede mostrar un proceso de pacificación visible en la ciudad de Medellín", precisa.

Su tarea en este asunto ha sido la de reorientar las políticas de gobierno y lograr mayor eficacia e impacto en su aplicación. Pero a pesar de sus propuestas diversos sectores sociales le reclaman un mayor liderazgo esa labor y un debate público donde se recojan las experiencias que existen en la ciudad. "Un programa de paz y convivencia no se puede quedar en un asunto de intelectuales sino que tienen que impactar la sociedad", reitera.

"Es imposible que el presupuesto de Medellín se gaste en proyectos aislados y se diga que el de paz es uno más. Creemos que la pacificación empieza en ideas tan importantes como darle educación a todos, entre otras razones para acabar con la violencia en los menores. Por eso mi primer proyecto de pacificación está en declarar la educación obligatoria. En este momento en Medellín no hay ni una sola persona, menor o mayor, que quiera estudiar, En 24 horas le tenemos un cupo. Quedan todavía algunos niños que no quieren estudiar, pero muy pronto los vamos a recoger para llevarlos a unos sitios especiales que están siendo acondicionados. "Consideramos que si recogemos unos 2.000 ya no habrá nadie en la calle", dice.