Cada mes mueren hasta 4 famiempresarios víctimas de violencia.
El miedo a ser secuestrado marchita el deseo de hacer empresa.
Antes de prestar, banqueros miran el mapa del conflicto armado.


Por
Germán Jiménez Morales
Medellín

La inseguridad es hoy uno de los principales factores que impiden la renovación, el crecimiento y la creación de nuevos proyectos empresariales. El secuestro y la extorsión, asociados con grupos armados ilegales, son una “peste” para la industria urbana. Fotos Jaime Pérez

A David lo está matando el miedo al progreso. Su empresa, que le da empleo a 18 trabajadores y sustento a unas 90 personas, tiene controlado su crecimiento cual si fuera un bonsái. Para él, expandirse es sinónimo de riesgo, porque los bandidos pueden pensar que está forrado en billete. Y de ahí a repetir el secuestro extorsivo que padeció en el 2001... no habría sino un paso.

La experiencia le dejó la mirada triste, rayando en la amargura, y la voz con tono de enfado. A sus 37 años de edad ya no muestra el afán de superación que lo llevó a pasar de la ganadería al oficio de supervisor y de allí a su estreno como patrono, hace cuatro años. Su compañía, ubicada en un sector residencial clase media, en la comuna 15 de Medellín, vale de $90 a $100 millones. Sin embargo, estaría dispuesto a venderla por $30 ó $40 millones, con tal de disfrutar de una vida familiar más segura y apacible.

La desazón le nació en los días que pasó secuestrado por los "elenos", agrupación a la que las autoridades le atribuyen el 20% de los secuestros del país y que escolta a las Farc, cuya participación en "el negocio" es del 32%. Al comienzo, David les dijo que podía pagar de $3 a $4 millones, pero los guerrilleros le arrancaron $30 millones. De esa cifra, $10 millones recién le habían llegado por la vía de un préstamo, que aún está pagando. Otros $10 millones se los había facilitado un familiar y los restantes 10 paquetes eran ahorro. Una vez liberado, el empresario cerró la fábrica. Los trabajadores, proveedores, amigos y clientes lo animaron para que siguiera adelante y a los 20 días la reabrió.

Volver a levantarse no ha sido fácil. Primero, porque juntar un capital de $30 millones puede tomarle de cuatro a cinco años. Y segundo, porque él piensa que "como está el país no provoca crecer la compañía. Esto va para una guerra. Al que tiene, no lo dejan trabajar y al que no tiene, lo están volviendo malo". En la cabeza le ronda la idea de vender y montar un pequeño negocio, a ver si de esa manera no le piden plata o no lo secuestran por el hecho de ser empresario.

Otros ya lo hicieron
¿Cuántos de los 8.820 capitalistas antioqueños que disolvieron sus negocios entre 1990 y el 2001, habrán pensado igual que David? ¿En dónde estarán los $340.604 millones que tenían invertidos en sus sociedades?

El dato no existe. Sin embargo, una tajada se debe haber transferido violentamente a los bolsillos de la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común. Pagar por la libertad fue una exigencia que el año pasado les hicieron los captores a 891 de los 3.042 secuestrados que registraron las autoridades en el país. Hace seis años esa llegó a ser la motivación del 92% de los plagios, pero ha bajado a medida que el flagelo se multiplica. De 1996 a enero del 2002 se conocieron 15.992 secuestros, de los cuales el 52.3% eran extorsivos con fines económicos.

Los empresarios, como David, son las víctimas predilectas. De hecho, pesaron el 30% dentro de los 183 secuestros de enero del 2002. En ese período cayeron 29 comerciantes, 13 ganaderos, 5 agricultores, 4 gerentes, 3 administradores y 1 contratista. David no denunció su caso. Si lo hubiera hecho, habría ayudado a consolidar a Antioquia como una de las regiones más golpeadas con el secuestro, con una participación que varía entre el 18% y el 20%.

El empresario no es el único que adopta una actitud temerosa frente al efecto que sobre sus negocios tiene la violencia y el conflicto armado. La última Encuesta de Calidad de Vida para Medellín encontró que de 2.340 delitos padecidos por los entrevistados, sólo 912, equivalentes al 39%, fueron notificados a las autoridades. De 61 extorsiones o chantajes no se denunciaron 31. De 84 desalojos no fueron informados 46. De 1.811 atracos o robos no se reportaron 1.142. De 6 violaciones no se denunciaron 5. Curiosamente, el mejor indicador está en el caso del secuestro o la desaparición: de 22 casos, 19 fueron informados a los organismos oficiales.

Los más expuestos a esa amalgama de inseguridad son los pequeños y medianos hombres de negocios que residen en los barrios populares de Medellín. Cifras del Instituto Popular de Capacitación (IPC), con fuente en Decypol, revelan que entre el año 99 y el 2001 se presentaron en esta ciudad 9.515 homicidios, de los cuales el 13.5% se concentró en la zona de la Candelaria, el 11% en los Populares, el 8% en el Doce de Octubre y el 7.5% en Aranjuez.

En un marco como ese una entidad de asesoría y crédito afirma que en los últimos meses ha visto morir en forma violenta a un promedio mensual de cuatro famiempresarios. Los asesores de estos industriales y comerciantes ubicados en zonas de candela del conflicto armado se han convertido en sus confesores. Las historias se repiten. Los dueños de los negocios caseros viven enjaulados. En las noches tienen que cerrar temprano y no pueden prender las luces de la sala o del frente de la vivienda-empresa. Algunas esposas cuentan que el marido tuvo que salir a surtir, porque el entable se agotaba, y no se volvió a saber nada de él... hasta el día en que lo encontraron como un NN.

Aún queriendo, los famiempresarios y microempresarios no pueden salir de su barrio para ponerse al día en su crédito. Los cambios de domicilio también van en aumento, pues muchos no aguantan el hostigamiento de los actores armados y buscan zonas de la ciudad más apacibles, para evitar que sus hijos jóvenes sean enrolados por las bandas organizadas, los milicianos, los guerrilleros o los paras.

La situación se ha tornado más aguda desde mediados del año anterior. Las ventas de pequeños y medianos empresarios caen. Los proveedores se niegan a surtir directamente los negocios. Quienes le trabajan a terceros, como los confeccionistas o los productores de calzado, tienen que ir a recoger la mercancía. Y hasta las peticiones de refinanciación de los préstamos se han disparado.

Los financistas, cuya función tiene un sentido más social, se han vuelto "realistas" a la hora de conceder créditos a estos hombres de empresa. Tanto, que cuando se sientan con ellos a revisar el balance de entradas y salidas de dinero, se disfrazan las vacunas y extorsiones en una cuenta llamada "otros gastos fijos". Allí queda asentada la mordida de $80.000 ó $100.000 mensuales que se pagan a diversos actores armados a cambio de protección.

Conflicto por doquier
Entre las zonas duras para el desempeño empresarial sobresale la comuna 13, aunque también hay problemas serios en sectores como Itagüí, especialmente en los que comunican con San Antonio de Prado y La Estrella. Otro tanto ocurre con Bello, París, 12 de Octubre, La Maruchenga, Santander, los populares 1 y 2, Santa Cruz y Villa del Socorro.

Eso sugiere una cierta focalización de los problemas, que no es compartida por Isaac Gaviria, director de Metroseguridad. Su criterio es que "toda la ciudad está afectada por la urbanización del conflicto armado".

En su concepto, en comunas como la 13, el fenómeno es estruendoso y visible por los enfrentamientos entre los actores. En otras zonas la expresión es más silenciosa, a través de la extorsión, el secuestro, el boleteo o el robo de carros.

Gaviria manifiesta que en estos últimos casos el que tiene con qué paga la vacuna, creyendo que de esta forma se libera del asunto. Falso. El éxito de la operación persuade al delincuente de que esa acción se puede replicar contra el mismo ciudadano, contra sus familiares, contra los vecinos del sector o contra el gremio del extorsionado.

El funcionario anota que los actores armados han venido cambiando de estrategia. Ahora, por ejemplo, infiltran a sus hombres como empleados de familias de estratos altos, lo cual les permite un conocimiento detallado de los movimientos de potenciales "peces gordos". También se infiltran en compañías de vigilancia privada, para acceder a datos de primera mano sobre la jugosa actividad del transporte de valores. Otro tanto ocurre con la banca y los sectores comerciales.

Dado que los grandes empresarios no abundan y además tienen sus cercos de vigilancia institucional y personal, los actores armados han dirigido su atención a los de menor talla, a los ejecutivos y empleados de buen nivel.

Así mismo, a la hora de reclutar personal encuentran un mercado pulpito en los "sardinos" que ni estudian ni trabajan. Los niveles de rentabilidad conocidos por Metroseguridad indican que un joven puede percibir hasta $1.5 millones por el robo de cada vehículo. Tampoco es raro que lleguen a tener ingresos de $3 ó $4 millones, al realizar trabajos tan refinados como la venta de secuestrados a los actores armados. En un medio avaro en oportunidades para ellos, los jóvenes mercenarios le apuestan a una fuente rápida de enriquecimiento ilícito, así ello implique un brutal recorte de su esperanza de vida.

Nombre ficticio para proteger a la fuente.

Costos y cifras
Negra factura

Medellín encabeza la lista de las ciudades que son más golpeadas por la piratería terrestre. Según Defencarga, en el 2001 se registraron en Colombia 1.921 casos en los que se hurtaron mercancías valoradas en $110.209 millones.

A esto se añaden los vehículos robados, cuyo valor se tasó en $47.061 millones. El 25.6% de las mercancías hurtadas son abarrotes. Dinero y joyas equivalen al 5.48%, los textiles el 4.97%, las carnes y pollos el 3.63% y los lácteos y huevos el 3.59%. A nivel local, buena parte de estos delitos se cometen en el peaje de Guarne, la Plaza Minorista, la Avenida Guayabal, Hatillo, Solla, Centro Internacional del Mueble y la Variante de Caldas.

Según Metroseguridad, de 3.445 víctimas de homicidio en el 2001 el 26.4% eran desempleados. El segundo lugar lo ocuparon los comerciantes, con una participación del 3.5%.

A los grandes industriales del país el clima de inseguridad les preocupa, pero no tanto como la ausencia de compradores. En la última Encuesta de Opinión que lideran gremios como la Andi, la falta de demanda aparece como el principal factor que frena el desarrollo de los negocios, con un peso del 35.9%. El segundo escollo es la inseguridad, con el 16.4%.

Pese a ello, la inquietud frente al deterioro del orden público es creciente. En octubre del 98, por ejemplo, la inseguridad sólo era un escollo para el 3% de los entrevistados.