Por la violencia urbana sigue resentida la actividad comercial en las comunas.
Alrededor de 45.000 tenderos existen en el Medellín y están afectados por el conflicto.
En algunas comunas se registran pactos de no agresión y prospera el comercio.


Por
Gustavo León Ramírez O.
Medellín

Muchos de los 45.000 tenderos que hay en Medellín han tenido que encerrar sus pequeños negocios para disminuir los riesgos de tanta inseguridad que ronda por sus barrios. En algunos sectores ellos tienen que pagar la “vacuna”. Foto Robinson Sáenz

Hace apenas dos días, don Antonio, el tendero del sector limítrofe entre los barrios Juan Pablo II y el 8 de Marzo, no aguantó más tanta zozobra, cerró su negocio y se fue con sus mujer y sus cuatro hijos a otro municipio donde no tuviera que soportar tanta violencia.

"Era muy formalito y vendía de todo. Le iba bien y no tenía problemas con nadie, pero se aburrió. Como él, la gente se está yendo del barrio", dice doña Esperanza*, una residente del sector quien encontró el negocio con las rejas abajo.

Don Antonio, uno de los 45.000 tenderos de Medellín, vivió en el barrio más de 20 años y era apreciado por los vecinos. Sin embargo, no aguantó tanto miedo acumulado ni que la gente se le metiera en la tienda para protegerse de los tiroteos desatados entre las bandas ajenas al sector. Allí, como en otras comunas de la ciudad, los establecimientos comerciales cierran temprano, mientras los niños han dejado de jugar en las noches. En algunos áreas, los negocios están enrejados y parecen verdaderos búnkeres.

En los dos últimos años, la señora Esperanza experimenta una profunda tristeza y una enorme impotencia al sentir cómo se desmorona el barrio donde ha visto caer abaleados a muchos jóvenes que crecieron y corretearon con sus hijos. Ella llegó a la cañada alta de Villa Tina y Caicedo hace 32 años, cuando Los Caunces se iniciaba como zona de invasión.

Hace sólo dos semanas, a doña Esperanza se le murió entre los brazos un muchacho, dedicado al transporte de escolares, que no se metía con nadie. Como otros tres de la ruta 096 de Buenos Aires, los Caunces y 8 de Marzo, fue tiroteado porque se opuso a ser "vacunado" por la delincuencia que se pelea el dominio de las zonas. Son los mismos casos que se registran en la Maruchenga, París, los populares 1 y 2, Belén Rincón y la parte alta de San Javier, para sólo mencionar algunos.

En estos barrios, sobre todo en los periféricos, ha cambiado el sistema de distribución de mercancías y alimentos y son pocos los furgones que se movilizan por sus calles. Sin embargo, todavía se ven los vendedores puerta a puerta de cuadros y biblias y pequeños camiones de expendedores de verduras con su perifoneo a pleno pulmón. El transporte urbano de pasajeros tampoco es ajeno a este conflicto, lo mismo que las grandes compañías fabricantes de gaseosas y de artículos básicos de la canasta familiar.

Acomodo táctico
"Hay unos barrios que ponen problema, pero los distribuidores los han venido manejando bien, pues unas veces les pagan a las milicias en plata y otras en especies, sea leche, cárnicos o arroz. En otros, definitivamente no nos dejan entrar", dice una empresa lechera.

Ante los remanentes de las ventas de media mañana, una de las procesadoras de lácteos optó por la estrategia de donar unas 2.500 unidades diarias de sus productos perecederos que son repartidos entre los niños pobres.

"Eso ha ayudado a que no volvieran a poner problemas con la leche casi en ningún barrio", dice un ejecutivo del sector comercial. "Eso implica que hay darles a diario. Por el trabajo social es que hemos podido con ellos y no nos han molestado tanto; pero hace tres años el problema era más grave. Han sido muchos los distribuidores que han matado".

Regularmente, las milicias aparecen en las esquinas, exigen "la liga" en artículos o en dinero -como cuota semanal, mensual o semestral- y sólo admiten el ingreso de los carros y de los distribuidores conocidos. Las vacunas son un hecho normal y están ya incluidas en el presupuesto de algunas empresas.

Fernando, un trabajador con más de diez años en el ramo de las ventas y el mercadeo, acepta que su compañía no ha sufrido restricción en sus áreas de influencia y asegura que, al donar sus productos, no está haciendo nada al margen de la ley. La compañía lleva donaciones, por ejemplo, a Carambolas, parte alta de Manrique, por medio del distribuidor. "Los muchachos quedan agradecidos y para nosotros disminuye el riesgo. Tenemos los mismos problemas de las empresas para entrar en las comunas".

Sacrificio financiero
Los problemas disminuyen cuando el negociante se aleja de la periferia. El ritmo y el estilo de las ventas, incluso, han registrado variantes. "Muchos dan trabajo a los muchachos para que hagan la distribución en su zona. La empresa disminuye el riesgo y sigue vendiendo igual. Lo que pasa es que merma un poquito su utilidad. Los tenderos y las amas de casa sirven de mediadores con los muchachos".

Una distribuidora de alimentos no volvió a entrar desde hace un año a una parte de la Comuna Noroccidental donde tienen presencia el Eln, las Farc y los paramilitares. En otras sólo va cuando le dejan entrar a los vendedores, como ocurre en Belencito y el 20 de Julio. "Este año fuimos una vez y nos dijeron que si no pagábamos la vacuna no podíamos volver y nosotros no estamos para pagarla", dice un vocero de la empresa, quien pidió el anonimato tanto para la identificación de la fábrica como de su nombre.

Ante tanta inseguridad, cerca de 60 compañías crearon hace dos años el Frente de Unidad Empresarial, cuyos miembros se comunican para alertarse entre sí. Este sistema ha permitido que, con el apoyo de la Sijin, disminuyan en 40% los asaltos de las bandas.

En Castilla y sus alrededores los vendedores también acordaron darle la distribución a un residente, que pierde poco cuando lo despojan de lo que reparte en una moto.

Una comuna atípica
No obstante los constantes ataques, el ambiente en las barriadas ha mejorado gracias a la labor de las juntas de Acción Comunal y de los comerciantes. Luis Alfonso Echavarría Posada, director del Grupo Comunitario de Aranjuez-San Cayetano, ha sido parte de esta transformación social.

"Desde el 95, la economía de nuestro sector crece. A través de actividades y convenios del Comité Comercial se acabó con la vacuna a tiendas, graneros, casas de chance, heladerías y supermercados", dice el líder comunitario. En la Comuna hay 98 tenderos cuando en el 94 sólo estaban registrados 31. Por causa del conflicto urbano cerraban tres al mes. "A algunos negocios les va mal por cuestiones económicas y por la competencia, pero ese es un mal nacional. Frente a otras comunas, la nuestra es buena y tiene una economía estable. Es en la única donde desde 1994 no se ven plomaceras", confiesa Echavarría, uno de los 100 líderes que trabajan por el bienestar de la zona.

Según Luis Alfonso, allí se logró socializar el proceso con las bandas y otros grupos al margen de la ley y se empezaron a generar proyectos productivos como celadurías, lavadas de carro, limpieza de quebradas y reciclaje, con la ayuda del comercio y de entidades estatales. "Yo les dije a todos los proveedores que era bueno que se tocarán el corazoncito. Desde 1998 comenzaron a financiar los tablados populares y a dar degustaciones. No nos dieron ni les pedimos plata porque en el momento en que lo hiciéramos se dañaría el proyecto".

La estrategia de los negociantes y de la comunidad dio como resultado en los últimos siete años una reactivación de la economía no vista, pues las casas arrendadas recobraron su valor y aparecieron nuevos establecimientos como farmacias, talleres, almacenes, ebanisterías, ferreterías, ventas de helados y empanadas. Se recibió el respaldo de empresas como Cervunión, Coltabaco, Cementos Argos y Noel y la gente volvió a disfrutar de la vida nocturna.

"Ya pasó por aquí la época de la violencia brava. La crisis del barrio es una etapa superada en un 90%. No tenemos el problema de antes cuando se robaban los carros de los proveedores", sostiene Guillermo Vélez, gerente de Mercados Vélez. Reconoce que el éxito está basado en el pacto de no agresión y en el compromiso de trabajar por el crecimiento del barrio. El director Ejecutivo de la Seccional de Fenalco, Antonio Picón Amaya, considera que el problema no obedece tanto a una tipología sino a un clima general de incertidumbre y de inseguridad.

"No es sólo en Medellín sino en todo el país. Un conflicto que era rural se volvió urbano", afirma el dirigente gremial. Señala que esta situación afecta al comercio, al turismo y al aseguramiento de vehículos, lo cual ha hecho que los propietarios tengan que soportar el pago de extraprimas. Asimismo, las compañías de seguros tampoco están amparando el transporte de mercancías en la ciudad, lo que constituye un enorme riesgo para el comerciante.

"Ese clima está afectando a todos ya que no puede señalarse un barrio determinado", anota Picón Amaya. Como afectó a don Antonio, el tendero, cuya vida no se hubiera descuadernado si las bandas de los barrios aledaños al oriente de la ciudad le hubieran permitido trabajar en paz y permanecer en el lugar donde vio crecer a sus cuatros hijos.

Nombres cambiados por solicitud de las fuentes Subir

Opinión especial
Una cooperativa piloto

Por
Fernando Gómez Montoya
Gerente de la Corporación de Transporte Urbano (CTU), que afilia a 21 de las 25 empresas metropolitanas. Unos 3.600 buses de 4.000.

"Uno de los problemas más bravos que tiene el transporte urbano es el conflicto armado, bien sea por guerrilla o por combos. Teóricamente todas las empresas de Medellín tienen una "vacuna", en una forma o en otra. El problema que encontré en la empresa es que había una "vacuna" que estaba en ese momento a casi $6 millones mensuales por la ruta. Se montaban a los carros y cobraban la plata.

Chofer que no tuviera la plata... nos mataron a seis en dos años y medio. Por cada bus era una vacuna de cerca de $150.000 mensuales. Empezamos a hablar con ellos (los grupos) y les hicimos ver que eso no era tan rentable y estaban acabando con la juventud del barrio, porque los que no estaban muertos estaban en la cárcel. Les dijimos que cogieran la lavada de los vehículos.

En casi todas las empresas de Medellín hay que lavar a diario el carro y dentro de su presupuesto está su lavada. Hicimos una cooperativa que lleva año y medio. Se acabó la vacuna y los pusimos a trabajar. La cooperativa se llama Asociación de Paz (Asocipaz) que tiene unas 70 personas del Vergel, Eterna Primavera, Quinta Linda y Serranías. Ellos se responsabilizan del aseo y de la vigilancia de los 50 vehículos diarios incluidos los microbuses.

Teóricamente estamos en paz, porque hay una banda en Caunces de Oriente, manejada por un tipo que la policía lo tiene identificado y de vez en cuando les sale a los carros y les quita la plata. Las milicias del 8 de Marzo nos han matado dos conductores y tres celadores en el último mes, porque quieren tomarse de nuevo la zona. Estamos con un pedazo vacunado y otro no".