Alcaldes, impotentes ante la presencia de nuevos grupos armados.

Medellín
"¿Quiere saber si aquí hay autodefensas? Vea, mire para esa esquina que allá están sentados", dice de manera alegórica un funcionario de un municipio del Area Metropolitana, para dar una idea de la forma como estas organizaciones se han aposentado en las áreas urbanas próximas a Medellín.

Las autoridades locales no desconocen un fenómeno tan evidente para sus comunidades, tienen diferentes argumentos para explicarlo, pero sus palabras dejan escapar un aire de impotencia para enfrentarlo. El alcalde de La Estrella, Juan Diego Vélez, precisa que desde comienzos de este año, la comunidad se ha manifestado sobre la presencia de hombres armados que no se identificaban, tras de lo cual aparecieron grafitis con amenazas.

Lo reconoce como un fenómeno nuevo, aunque expresa que "uno nunca sabe desde cuándo se pueden estar incubando esas situaciones, máxime en un municipio que tiene 55.000 habitantes".

Afirma que "hay rumores de que han estado en procura de que algunas personas entreguen dinero", pero que a la hora de concretar los hechos "parece que la gente prefiere sumirse en su desesperación antes que denunciar al delincuente y eso incide en el aumento de la violencia". En enero hubo cinco homicidios, en febrero dos y en marzo uno, que son muchos para el alcalde, porque "un solo tiene que movilizar a toda la comunidad".

Zozobra palpable
No es diferente la situación que enfrenta su colega de Copacabana, Diego Echeverri, quien afirma que la seguridad de su pueblo no depende de un pie de fuerza para asignar un policía a cada uno de los 60.000 habitantes, sino programas de inversión para lo que no cuenta con recursos.

Sobre los hechos protagonizados por la que la comunidad señala como la "camioneta de la muerte", Echeverri dice que según la investigación "no se tienen datos específicos de qué tipo de vehículo es y la comunidad no se si no tiene la información o no se atreve a suministrarla".

Se duele de que hay muchos jóvenes en las esquinas sin oportunidades, a los que urge ofrecer alternativas de educación y empleo. "Aquí se acercan madres cabeza de familia a decirme que tienen hijos de 12 y 13 años que se les salieron de las manos, que ya están pensando en alternativas malignas que atentan contra la misma comunidad", comenta, tras observar que busca opciones con el Sena, el Pascual Bravo y Actuar Famiempresas.

No tiene conocimiento de amenazas al sector empresarial y dice que sensibiliza a los industriales porque "si utilizan la mano de obra de acá, acogen personas que van a tener lealtad y sentido de pertenencia con la comunidad".

En el extremo sur del Valle del Aburrá, el alcalde de Caldas, Saúl Posada Ochoa, sostiene que "lo que llamamos guerra no se vive en Caldas por enfrentamiento directo", aunque es un municipio que por su localización como puerta del Suroeste antioqueño y Soroccidente del país, es vulnerable de todas las fuerzas derecha e izquierda.

Admite que han ocurrido enfrentamientos en las zonas rurales. "Ha habido masacres, hay amenazas en los barrios a muchachos que están metidos en la droga y en el robo", reconoce. "Hay zozobra, lo que uno siente y palpa es que la juventud está asustada".

Subraya que Caldas ha sido un municipio relativamente sano, pero la delincuencia comenzó a marcar pauta desde hace unos tres años, impidiendo la salida a lugares públicos después de ciertas horas. "Los que tienen modo se están yendo del pueblo, eso es en escala, el que tiene platica se va para ciudades más seguras".

La paradoja de no tener cómo responder se repite. Posada cree que la fuerza pública es insuficiente para un municipio de 68.000 habitantes y con unos siete policías por turno para cuidar 140 kilómetros.

Caliente París
Mucho antes de que se agudizara el conflicto, Bello soportaba el propio. A Oswaldo Arango, asesor de Paz y Convivencia, no le cabe duda que "una de las zonas coyunturales del conflicto nacional" es la "Comuna de París", que alberga barrios como Los Sauces, La Maruchenga, Salvador Allende y El Cafetal, donde se recrudecieron las acciones de estos grupos desde comienzos de año.

Bello tiene las mismas dificultades de gobernabilidad por escasez de pie de fuerza, si se tiene en cuenta que sólo dispone de 80 agentes para los tres turnos, lo cual es un factor de riesgo. La situación llevó al alcalde, Rodrigo Villa, a solicitar al Ministerio del Interior la presencia de un comando de la Policía en esa Comuna, que antes tuvo una base del Ejército.

Según Arango, el desplazamiento forzoso ha hecho que Bello se convierta en la cuarta ciudad de Colombia más receptora de esta población, porque Medellín ya no tiene donde ubicarla. "Diario llegan por goteo. La personería recibe denuncias constantes por desplazamiento", dice.

El retrato de este drama está en asentamientos como El Pinal, El Oasis (vecino de Santa Rita), y en dos albergues temporales en las tribunas del Estadio Tulio Ospina y en el Hogar Betania de Zamora, de Pastoral Social. También se extienden cordones de miseria en las riberas de la quebrada La García, en el barrio Espíritu Santo y en La Cumbre.

En París hay incursiones de encapuchados y asesinatos selectivos, reconoce el Asesor, pero la gente se queja en privado, tiene temor de denunciar y las instituciones no pueden hacer su trabajo de investigación y control.

En la zona se realizaba un trabajo de capacitación para fortalecer el movimiento ciudadano, que se tuvo que suspender. La tarea ha dejado logros como que la Fundación Éxito se vinculara al desarrollo social de esa Comuna, en tanto que la Administración montó un centro académico y recreativo que funciona en convenio con Comfenalco.

Posada, el alcalde de Caldas, recoge el sentir de sus colegas que viven las expresiones del conflicto en sus pueblos, pero que no lo creen aún intenso. "Existe la amenaza latente de que va a haber guerra, pero ya vivimos una a diario y es la guerra del hambre y el desempleo", puntualiza.